En el trasfondo de un mundo cada vez más marcado por la polarización, la Real Academia Española (RAE) ha proclamado a "polarización" como la palabra del año. Este término, presente en el diccionario desde 1884, ha cobrado relevancia al describir situaciones donde dos opiniones o actividades opuestas y distantes se enfrentan, cargadas en ocasiones con connotaciones de crispación y confrontación. A nivel global, los medios frecuentemente recurren a ejemplos que reflejan diversas formas de polarización, abarcando la sociedad, la política, la opinión pública y las posturas en redes sociales. Mientras el mundo abraza esta palabra, es crucial reflexionar sobre cómo Uruguay puede evitar que se convierta en el eje central de su año 2024.
Ello es especialmente importante después de un 2023 con discrepancias tergiversadas en torno a la sequía y falta de agua potable (sus causas, los responsables de la crisis hídrica y la búsqueda de soluciones sin un verdadero diálogo político) y en torno a la seguridad social (el PIT-CNT arrastró al FA contra su voluntad a un plebiscito de reforma constitucional que procura derogar, no la reforma de 2023, sino la de 1996 que estableció el régimen de capitalización individual); uno se pregunta si nos está ganando la polarización -todavía no estamos en la etapa de grieta como ocurre en Argentina, Brasil, España y Estados Unidos, o si todavía es posible rescatar la época donde había espacio para políticas de estado que trascendían a un período de gobierno.
Allí están frescos los acuerdos sobre leyes de forestación y apoyo a las plantas de celulosa, a pesar de una inicial oposición del FA. También está la política energética, construida a partir de la desmonopolización de la generación de energía eléctrica, que permitió reducir la dependencia del petróleo y fomentar el uso de energías renovables, llevado a cabo en la administración de Mujica. Hay también, o habría que averiguar si sigue habiendo, consenso en la necesidad de abrirse más al mundo a través de acuerdos de libre comercio. Pero faltan acuerdos en temas importantes como la seguridad pública, la educación y la lucha contra el narcotráfico. En este último caso, pese a algunas voces de uno y otro lado del espectro político que hablan de la necesidad de llegar acuerdos, lo que más se discute es qué gobierno fue más benigno con narcotraficantes y no una política de estado para eliminar este cáncer que corroe nuestra sociedad y que se está extendiendo sin pausa.
Hubo una época, no demasiado lejana en el tiempo durante la administración de José Mujica, en que una comisión de expertos en educación de todos los partidos con representación parlamentaria elaboró un documento de reforma que recogía un altísimo consenso. Ese consenso a nivel de la ideas a impulsar, en cambio, nunca se pudo poner en marcha por la oposición de los gremios u por temor de las autoridades a romper el statu quo.
Lo mismo ocurrió en materia de seguridad pública. Y en materia de inserción internacional, donde nadie discute la necesidad de hacer acuerdos por fuera del Mercosur.
Si hoy se reuniera a una comisión de expertos en economía, seguramente habría un acuerdo muy alto sobre el lento crecimiento de Uruguay en los últimos 50 años -del entorno del 2% anual-, que no nos permite dar ese salto de calidad en nuestro desempeño económico.
Hoy, estamos en las puertas de un año electoral y, a tenor de los discursos que se van viendo, cabe esperar una campaña más áspera de lo habitual. Con reproches y recriminaciones, con argumentos ad hominem, en lugar de un verdadero debate de ideas y la búsqueda de puntos de acuerdo para fundamentar algunas políticas económicas y sociales. Estas deberían perdurar más allá de un período de gobierno y no ser inmediatamente criticadas.
Sin ir más lejos, miremos acuerdos que se pueden hacer para mejorar el cuidado de la niñez y la infancia, como el proyecto de Cristina Lustemberg que ya cuenta con aprobación en Diputados , o sobre políticas carcelarias, con un entendimiento sobre la necesidad de profundizar la gestión del Ministerio de Interior de compatibilizar el accionar en el corto plazo (represión) con otro enfocado en el largo plazo (rehabilitación y reinserción) que el FA seguramente podría acompañar. Sería una buena forma para terminar con el crecimiento explosivo de la población de reclusos, que nos pone en lugares muy incómodos en la comparación internacional.
No parecía difícil ponerse de acuerdo en un aumento de la edad de jubilación para acompasar la mayor expectativa de vida. Es algo que han hecho todos los países desarrollados porque de otro modo los sistemas de seguridad social se vuelven insostenibles. Pues bien, esa reforma, que como dijo el presidente Lacalle Pou, era “leche aguada,” respecto a la idea original, generó no solo un rechazo unánime en el FA -salvo algunos economistas de renombre que vieron con buenos ojos una reforma anticipada ya durante la administración Vázquez- sino que derivó en que sectores minoritarios de la coalición impusieran su agenda “antiAfap”. Esto es un peligroso antecedente del clima de confrontación que deviene en polarización.. Algo que nunca se discutió ni se planteó en los años de diálogo con todos los sectores políticos y sociales. Y ni siquiera estaba en el programa político del FA ni el FA intentó derogar en 15 años de gobierno con mayorías parlamentarias.
En el contexto electoral que vamos a ingresar, hay que preguntarse si no hay capacidad o posibilidad de buscar acuerdos mínimos. Acuerdos que establezcan políticas que duren. Acuerdos que ya están estudiados y que podrán tener matices pero no diferencias abismales, como los que algunos discursos para la tribuna parecen sugerir.
Si se lograron en el pasado, ¿por qué ahora no son viables? ¿O nos está ganando la lógica de la polarización, de las batallas en las redes sociales donde se escribe mucho y se piensa poco?
Si no logramos llegar a acuerdos en asuntos específicos, más allá de aquellos que forman parte de nuestra Carta Magna, y nos enfocamos en atacar de manera contundente al adversario sin otorgarle el respeto mínimo que merece, tratándolo como un enemigo, no existe una posibilidad real de construir un futuro mejor
Las buenas políticas no son las que imponen a la fuerza sino las que surgen de ciertos consensos básicos, algo que suele reconocer el mercado cuando percibe un bajo nivel de “riesgo país”.
Ojalá que el año 2024 marque un cambio respecto a lo vivido en 2023. Sería deseable que lo que hoy parece un curso de confrontación termine siendo una civilizada discusión de propuestas e ideas. El futuro del país depende en gran medida de ello.
