Catalina es una inmigrante de origen soviético. Nació en 1983 en Zaporiyia, en lo que hoy es Ucrania, territorio donde se encuentra la central atómica que fue bombardeada en el marco del conflicto con Rusia.
Trabajaba como economista y analista en Rusia antes de volverse diplomática de ese país y venir a Uruguay en 2012, acompañada de su hijo de 5 años, en dos misiones consecutivas; el máximo de cada una son cinco años, por lo que en 2017 viajó a Rusia para volver a firmar el contrato.
Ella solicitó que su identidad no fuera revelada para esta nota porque no quiere meterse “en un lío” con la embajada que representaba. Ofició como diplomática hasta 2020, pero abandonó ese rol luego de conocer a un uruguayo —de origen africano— y comenzar una relación con él.
“Está prohibido vincularse con extranjeros emocionalmente; no puedes formar familia con extranjeros. Luego tenés que renunciar a tu estatuto de diplomático. El servicio exterior nuestro no lo permite. Creo que más rigurosos al respecto son solo los chinos y los países árabes”, reconoció la exdiplomática.
De esta manera, con su pareja, un exfutbolista, tuvieron un hijo en 2020. Ella pensaba tenerlo en Rusia, pero la emergencia sanitaria obligó a cerrar las fronteras. Por eso, ese bebé nació uruguayo y Catalina fue a Rusia algunos meses después a renunciar oficialmente a la diplomacia.
Desde entonces vive en Uruguay “como persona común y corriente”: trabaja como traductora y tiene “una pasión por la pastelería y panadería”, por lo que también elabora panes artesanales. Alquila un apartamento en Montevideo y se considera "una uruguaya más". Su hijo mayor, adolescente de 15 años que está estudiando bachillerato, también se siente uruguayo, pero enfrenta un problema: tiene un “vacío legal” respecto a su ciudadanía, lo que podría llevar a que, cuando cumpla 18, tenga que ser enviado al ejército y luchar en Europa, señaló Catalina.
En Uruguay no se puede solicitar la ciudadanía legal hasta los 18 años de acuerdo a la página web de la Corte Electoral (organismo a cargo del trámite). Por tanto, el hijo de Catalina “va a quedar en un limbo” ya que se le vence el pasaporte ruso en dos años. “Para tramitar el pasaporte [ruso] necesita habilitación de la mesa militar, y él se tiene que registrar a partir de los 16. A partir de los 18, es sujeto a que lo llamen al servicio”, comentó.
Si el joven se queda en Uruguay “no va a pasar nada”, no corre riesgo de que lo llamen, pero “una vez que ingrese a Rusia sí: lo pueden detener y mandarlo obligatoriamente”.
El problema está en que él va a quedar sin pasaporte antes de cumplir la mayoría de edad: no va a tener ningún documento oficial si quiere salir del país. Debe esperar tres años para poder hacerlo.
Pero en 2025, cuando cumpla los 18 años, se le va a presentar otro problema: cuando saque el pasaporte uruguayo, igualmente va a decir que es una persona rusa. Es decir, va a haber un campo que diga que es ruso y otro que indica que tiene la ciudadanía uruguaya.
Este detalle –“horror” según Catalina– tiene arreglo.
El diputado nacionalista Francisco Capandeguy presentó un proyecto de ley ante el Parlamento a principios de setiembre de 2021 que apunta a resolver este problema puntual de los pasaportes. Denominado “Libertad de Circulación de los Ciudadanos Legales Uruguayos”, propone que los ciudadanos legales “en ejercicio de la ciudadanía gocen de los mismos derechos y prerrogativas de los nacionales a fines identificatorios, de la protección diplomática y la libre circulación”.
De esta manera, puntualiza que los documentos de viaje de los ciudadanos legales “deben indicar la calidad de nacionales” y dispone que el Poder Ejecutivo adecúe los pasaportes ya expedidos a esta regulación.
En esta norma se establece, pues, que se modifique la regulación en torno a los pasaportes para que el país “ajuste” estos documentos a la norma internacional a la que Uruguay adhirió en primer lugar, detalló Alexis Ferrand, de la ONG Somos Todos Uruguayos, a El Observador.
Desde 1868 hasta 2015 en el Código Civil de Uruguay se decía que los ciudadanos no distinguía entre nacionales y extranjeros. No obstante, hace siete años la normativa internacional cambió y se pasó a incluir un campo de “nacionalidad” en estos documentos, que se le suma al de “país de nacimiento”.
Uruguay suscribió a este pacto global, pero es uno de los pocos países que no lo aplica "correctamente", según contó Ferrand. Se trata de una ONG que trabaja para que su “identidad como uruguayos vuelva a figurar” en sus pasaportes y cédulas, como lo era antes, y que sean reconocidos como uruguayos “en todas partes”.
De acuerdo con la página web de la asociación civil, este problema afecta a unos 35.000 uruguayos legales.
Es por esto que hay una discordancia que no debería existir entre la ciudadanía legal y natural del hijo de Catalina, ella misma y miles de uruguayos más.
Al respecto, Capandeguy dijo a El Observador que “hay un conglomerado de ciudadanos legales uruguayos que ven su libertad de circulación coartada” por este tema. “Hay un derecho fundamental que el Estado uruguayo está coartando; hay que buscarle una solución y nos pareció que esta era la más correcta”, puntualizó.
Pero el legislador lamentó la velocidad que el trámite parlamentario está teniendo.
No obstante, a pesar de este derecho coartado —que al hijo de Catalina le figurarán las nacionalidades uruguaya y rusa simultáneamente—, Capandeguy expresó que hay un “problema de fondo” que va más allá: la Constitución.
“Hay contradicciones en la terminología […] La mayoría de las doctrinas contemporáneas entienden que Uruguay no tiene proceso de naturalización. O sea, el hecho de que no exista naturalización es un tema constitucional”, manifestó el diputado nacionalista.
En tal sentido, Catalina dijo que la Constitución uruguaya “no prohíbe” el reconocer a los ciudadanos legales como naturales; “no lo aclara, pero cuando está haciendo la distinción entre uruguayos naturales y legales, uruguayo es nacional”, señaló. De esta forma, consideró que “está formulado de forma un poco vaga”. Ferrand reafirmó: "Hay que cerrar ese círculo”.
Capandeguy informó que "una nueva etapa" comenzará para el proyecto de ley que presentó un año atrás: este miércoles 14 de setiembre la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración recibirá en audiencia a representantes de Somos Todos Uruguayos. "Un gran paso para dar una solución justa y necesaria a nuestra ciudadanía", escribió el diputado en Twitter (si bien su tuit dice que la fecha es el 21, confirmó a El Observador que se cambió la fecha para este 14 de setiembre).
Se confirma el comienzo del tratamiento del Proyecto de Ley de Libertad de Circulación de los Ciudadanos Legales en Comisión.
— Francisco Capandeguy (@fcapandeguy) September 7, 2022
El 21 de setiembre comienza una nueva etapa.
Un gran paso para dar una solución justa y necesaria a nuestra ciudadanía. pic.twitter.com/gSFPCnJ6gu
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