Según las cifras oficiales, en más de 3.300 escuelas públicas de las 23.000 del país se emplean todavía letrinas.
Oratile Diloane tiene 12 años, pero le cuesta expresarse con claridad. Cuando se saca el gorro, se le nota una larga cicatriz en el cráneo, secuela de una caída en las rudimentarias letrinas todavía presentes en muchas escuelas rurales de Sudáfrica.
Una losa de hormigón, un agujero y una fosa de tres metros donde se acumulan los desechos: las letrinas abiertas son habituales en las zonas más atrasadas del país, entre los más desiguales del mundo según el Banco Mundial.
“Legado del apartheid”, estos sanitarios, que a menudo provocan graves accidentes, son un símbolo de esta disparidad que persiste 30 años después del régimen racista, estima Sibusiso Khasa, de la organización Amnistía Internacional.
Según las cifras oficiales, en más de 3.300 escuelas públicas de las 23.000 del país se emplean todavía este tipo de sanitarios.
Para Khasa, este retraso es, en parte, resultado de la incapacidad de los distintos gobiernos democráticos de garantizar los mismos derechos para toda la población.
Se trata de una promesa regular de los gobernantes. En 2018, el presidente Cyril Ramaphosa anunció el desbloqueo de medio millón de dólares para reemplazar estas letrinas en dos años.
Pero la ministra de Educación, Angie Motshekga, retrasó nuevamente el plazo a 2025.
“El hecho de que no respeten sus propios plazos es un indicador flagrante de la falta de voluntad política”, lamenta Khasa.
En la escuela primaria de Kanana, 180 kilómetros al noroeste de Johannesburgo, estos retretes de hoyo fueron reemplazados después del accidente de Oratile.
Su madre, Refilwe Diloane, de 46 años, relata a la agencia de noticias AFP que su hijo “fue salvado de los pelos después de caer al pozo, pero tenía moretones y la cabeza hinchada, y los desechos fecales salían de su boca”.
También evoca con una sonrisa triste el recuerdo de un niño espabilado y completamente sano, que “habría podido ser el próximo presidente”. Ese accidente “mató el futuro de mi hijo”, dice entre lágrimas.
Oratile padece ahora de hidrocefalia, una enfermedad que perturba el funcionamiento cerebral, pero también epilepsia y autismo. Se sometió a una operación en 2018, pero la pérdida de memoria persiste.
No puede acordarse de su edad, pero sí de lo que le ocurrió: “Caí en los baños y el jardinero de la escuela vino a sacarme”.
Con un chándal gris estampado con coloridas inscripciones, Oratile deambula abrazado a dos osos de peluche mientras entra y sale de la casa familiar murmurando palabras para sí mismo y soltando risas ocasionales.
Al volante de una minifurgoneta, Emmanuel Mantlathi desacelera en la calle polvorienta. Hace sonar la bocina y lanza un saludo al pequeño a quien solía conducir hasta la escuela cada mañana.
En la casa de los vecinos, Lebogang Lebethe, de 48 años, trabaja en los boniatos cultivados en su jardín. Uno de sus cuatro hijos iba a la misma clase que Oratile cuando ocurrió el accidente.
“Tenemos miedo por nuestros hijos”, asegura la mujer. Cuando “dejamos a los niños en la escuela, pensamos que están seguros, pero no es así”.
“Una historia como esta es devastadora”, afirma. Pero la de Oratile no es la única.
En marzo, una niña de cuatro años murió en un retrete de hoyo en una escuela en el sur del país. En abril, otra de menos de dos años falleció en circunstancias similares, pero no en una escuela, sino en el patio trasero de una casa.
En los últimos años, grupos de activistas y familias llevaron al gobierno ante la justicia. En 2019, un tribunal lo condenó a indemnizar con más de US$ 73.000 a la familia de Michael Komape, fallecido al caer en una de estas letrinas en 2014. Tenía sólo cinco años.
(Con información de AFP)