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10 de octubre 2020 - 5:03hs

Los elogios que cosecha Uruguay en el exterior por la gestión del coronavirus pandémico son hoy una referencia ineludible para la captación de inversiones de calidad. Pero es una condición insuficiente si no empieza a concretar las reformas que son imprescindibles para el buen ambiente de los negocios, como la de la seguridad social.

En la última década, Uruguay estuvo en el radar mundial por determinadas circunstancias que llamaron la atención, pero ahora le llega un reconocimiento a su estado de derecho que se agigantó ante la descomunal crisis que desencadenó el coronavirus, desnudando descarnadamente las debilidades latinoamericanas.

Las políticas excepcionales para enfrentar una crisis inédita al golpear la salud y la economía a la misma vez se reflejan en el interés que muestran empresarios extranjeros por vivir en Uruguay.

Además de conocidos ejecutivos argentinos que proyectan instalarse en Punta del Este con sus familias, un artículo del diario La Nación, difundido el lunes 5, da cuenta de las inversiones de 37 empresas tecnológicas en el correr de este año, de las cuales 23 son del vecino país (cinco veces más que en el mismo período del año pasado), citando datos de Uruguay XXI.

Todo ello está en línea con las reflexiones de los empresarios uruguayos Ariel Burschtin –cofundador de Pedidos Ya– y Fernando Espuelas –fundador de Starmedia–, que coincidieron en destacar el momento único del país por la lucha contra el coronavirus durante el ciclo Conversaciones de negocios de Movistar Empresas, según consigna un artículo publicado el pasado miércoles 7 en El Observador.

Espuelas animó a pensar en grande lo que a su juicio requiere de una buena disposición para “mirar el bosque y no el árbol”. Y mirar el bosque también debería tener otro propósito: poner el foco en transformaciones estructurales.

En ese sentido, la concreción de la reforma de la seguridad social sería un poderoso mensaje institucional y político que daría la razón a los empresarios o inversionistas que en los últimos siete meses han puesto sus ojos en el país.

En la segunda mitad del próximo año debería estar finiquitado un plan de reforma de la seguridad social que surgirá de una comisión de 15 miembros, recién integrada con representantes del Poder Ejecutivo, de los partidos políticos, expertos universitarios y referentes del tema de la sociedad civil.

La propuesta de reforma, su instrumentación y el grado de compromiso del conjunto de la sociedad mostrarán también qué tan excepcional es el país con relación al resto de América Latina.

Es una piedra de toque que evitará que en el futuro el margen de maniobra del presupuesto público solo alcance para honrar el pago de las jubilaciones.

Es por eso que una política de Estado en un asunto de enorme sensibilidad social –que se presta para la demagogia– fortalecería la reputación internacional actual.

Tomar medidas de fondo para asegurar la sostenibilidad fiscal de un sistema previsional muy malherido por la pirámide poblacional envejecida y por la ley aprobada en 2008, que enderece las injustas inequidades en la distribución de recursos intergeneracionales, sería mucho más destacado si –más que un proyecto excluyente del gobierno de turno– representa una conducta del conjunto de la sociedad.

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