Opinión > EDITORIAL

Un problema urgente

La seguridad será un tema del cual el próximo gobierno no podrá escapar 

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17 de octubre de 2018 a las 05:03

El malestar de vecinos del Complejo Quevedo, ubicado en el barrio Jardines del Hipódromo, por la demolición de un muro perimetral con alambre de púas y el desarme de un sistema de cámaras de vigilancia, financiados por un grupo criminal que operaba en el lugar, es un estertor de los graves problemas de seguridad pública del país y muestra, además, que la población está dispuesta a aceptar cualquier precio con tal de dormir tranquila.  

En las últimas décadas ha habido una explosión de empresas de seguridad privada en barrios de mayor nivel socioeconómico, donde las familias viven con miedo y cansadas de sufrir todo tipo de delitos, muchos de los cuales ya ni se denuncian por la pérdida de credibilidad del accionar de la policía e incluso de la Justicia.  

Los moradores del Complejo Quevedo, levantado en una zona que desde hace un tiempo es noticia por el ambiente de violencia derivado de la drogadicción y los ajustes de cuentas entre bandas de narcotráfico, se sentían seguros con la muralla, las cámaras de seguridad y los guardias armados,  todo ello financiado por el llamado Clan Figueroa para el resguardo de la banda, y que había convertido el lugar en  una fortaleza impenetrable.

Los moradores del Complejo Quevedo, levantado en una zona que desde hace un tiempo es noticia por el ambiente de violencia derivado de la drogadicción y los ajustes de cuentas entre bandas de narcotráfico, se sentían seguros con la muralla

Es razonable pensar que las actividades delictivas de una organización criminal en un complejo habitacional de 48 viviendas debería ser un hecho de preocupación para los vecinos del barrio. Pero lo cierto es que la desarticulación del clan Figueroa, y el desmantelamiento de la ilegal infraestructura de seguridad, es motivo de una honda preocupación para los vecinos, algunos de los cuales ya están pensando en colocar rejas en sus viviendas o tomar otro tipo de medidas, por miedo a ser víctimas de la violencia que domina el barrio. 
Es muy preocupante que la desarticulación de un clan delincuencial, como consecuencia de una investigación judicial y del accionar del Ministerio del Interior que, por lo menos, debería despertar una sensación de alivio, se haya convertido en un motivo de desasosiego. 
Pero no debería sorprendernos la inquietud de los habitantes del complejo acerca de quién va a protegerlos a partir de ahora en que ya no cuentan más con un “fortín narco”. 

Un estudio de Cifra, publicado en agosto pasado, reforzó la tendencia de que la inseguridad ocupa el primer lugar en la percepción de los uruguayos sobre los problemas del país. La inseguridad es mencionada por más de seis de cada 10 uruguayos como el principal problema. Si se compara con una encuesta realizada un año antes, se observa que aumenta de 43% a 61% la proporción de los encuestados que espontáneamente mencionan algo vinculado a la inseguridad, dice la firma consultora.
La seguridad garantizada por la policía debería ser considerada como un bien público. Pero en los hechos no lo es o por lo menos así lo creen los uruguayos. No solo en proveer una seguridad efectiva, sino también en el sentimiento de seguridad –la sensación térmica–, que es lo que también está ausente entre los vecinos del Complejo Quevedo. 


A puertas de un año electoral, y pese a los crecientes problemas económicos, todo hace pensar que el profundo deterioro de la seguridad del país será un tema dominante de la agenda pública y un asunto que el próximo gobierno deberá encarar con urgencia. 

 

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