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26 de marzo 2023 - 5:00hs

La próxima subasta de espectros para la red de telefonía celular 5G (mayor velocidad) ha generado una bienvenida polémica en el marco de la coalición de gobierno. Pedro Bordaberry, candidato a la presidencia por el Partido Colorado en dos oportunidades y senador destacado por tres períodos, publicó en El País del pasado domingo una columna titulada “La hora de desregular”.

En ella señalaba una serie de actividades y acciones que el estado ha tomado para sí o que ha impuesto a los ciudadanos para que realice en su nombre pero a costo de los ciudadanos. También muestra la exigencia estatal para permitir o no tal o cual actividad comercial, reservándose la autoridad pública la decisión final de si esa actividad será o no rentable. Y ponía como ejemplo el pedido para abrir un IMAE en Rivera que fue dilatado sine die, mientras se autorizó otro en la vuelta del obelisco de Montevideo (ciudad por cierto que cuenta con varios IMAEs).

Como este, hay cientos de ejemplos más, de una vasta red de regulaciones para proteger nichos de mercado o supuestamente para evitar problemas económicos de quienes deciden arriesgar y emprender. De este modo, no solo perviven los monopolios y oligopolios estatales, que ya bastantes problemas causan sino también muchos privados que además de problemas generan un beneficio indebido a un particular o a un sector de interés.

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Todo ello más allá de regulaciones razonables como pueden ser sanitarias, bromatológicas, de seguridad, de los institutos de contralor jurídico, etc.

Entre todas las regulaciones estatales que asfixian nuestra actividad económica, la columna de Bordaberry hacía también referencia a la subasta de espectros de radio para la red 5G, a las que se apuntaron las tres empresas de telefonía celular. Antel, que recibirá uno de ellos sin participar en la subastar y pagando el precio que resulte de la misma; Movistar y Claro que sí pujarán por los otros dos espectros. Un cuarto actor -Dedicado, que ofrece servicio de datos pero no telefonía celular- pretende participar de la subasta pero las condiciones del pliego del gobierno se lo imposibilitan. En efecto, se requiere estar prestando servicios de telefonía celular.

El ministro de Industria Omar Paganini salió el pasado martes a refutar a Bordaberry señalando que a el lo que “le preocupa es que se asigne el espectro a alguien que lo va a utilizar y que va a invertir. Atender 9.000 clientes no es lo mismo que atender dos millones de clientes, tener puestos de ventas por todos lados. Necesitás de todo un paquete financiero y comercial. Es una operación de mucho dinero, para la que se requiere capacidad financiera y de dar el servicio. No sabemos si Dedicado los tiene o no los tiene, lo que nosotros estamos pidiendo son antecedentes. En el pliego no se está diciendo ‘Dedicado no’, se están poniendo requisitos razonables para una subasta relevante. Ellos entienden que esos requerimientos lo están dejando afuera. Si Dedicado lo cumple, bárbaro. Si recurren, es porque entienden que no los van a cubrir. No estamos discriminando a nadie, lo que estamos pidiendo son condiciones razonables. Lo importante es asegurar que se tenga antecedentes y la capacidad de desarrollar el servicio”.

La preocupación del ministro es razonable sobre la capacidad de que quien obtiene el espectro sea capaz de desarrollarlo. Pero si alguien se presenta y gana una subasta que debería tener un piso de US$ 30 millones según expertos, más que antecedentes (que por otra parte tiene una empresa que trabaja en Uruguay desde hace más de 20 años) habría que pensar en garantías del desarrollo comercial y financiero y en formas de que el espectro vuelva al Estado si en determinado plazo no se lleva a cabo la inversión. Si luego la empresa en cuestión no logra competir exitosamente con los otros actores, será una pérdida que asumirán quienes arriesgaron su capital. Son las reglas de juego de la economía de mercado. Por lo demás, parece difícil pensar que alguien tire una cifra tan importante para no hacer nada o para fracasar rápidamente. En definitiva, se trata de un competidor más. Y es válida la pregunta que se formula Bordaberry:  “¿Tanto miedo le tienen a la competencia?”.

Pero el temor a la competencia no es solo en este campo de la telefonía, donde por cierto los propios avances tecnológicos generan una nueva competencia. Hay como un temor a la competencia en general. Está el tema de la distribución del combustible, de la distribución de energía, etc. Competencia a nadie le gusta excepto para designar al campeonato de inicio de la temporada de la segunda Divisional B.

Y desregular es un verbo que está olvidado casi por completo. El gobierno de Luis Lacalle Herrera si lo practicó y hasta implantó un Programa Nacional de Desburocratización, además de eliminar monopolios y oligopolios. Sería un  verbo para empezar a llevar a la práctica en las empresas públicas, en la administración central, en las intendencias, en los servicios descentralizados del estado. No importa si afecta a privados o a públicos. Por lo tanto no es una batalla por privatizar. No es un tema de izquierda ni derecha. Es una batalla por competir. Y ¿quiénes se oponen a competir? Se oponen aquellos que quieren un estado paternalista y vigilante, que coarte y limite la libertad de acción de los ciudadanos y que nos diga a todos que se puede hacer y qué no se puede hacer. Es la receta para el inmovilismo, para la mediocridad, para seguir creciendo a un nivel bajo en el largo plazo. Todos debemos conjugar los verbos “desregular” y “competir”. Australia y Nueva Zelandia lo hicieron en la década del 90 bajo gobiernos de centro izquierda y lograron enormes avances en su nivel de vida y distribución del ingreso. No hay que mirar muy lejos.

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