Una investigación periodística revela casos de abuso de menores por miembros de la Iglesia

El periódico norteamericano publicó hace dos semanas una investigación de 10 casos que "involucran denuncias de abuso sexual infantil" por parte de sacerdotes en Venezuela. 

La investigación constató que la mitad de los casos de "condenados por cargos de abuso" entre 2001 y 2022 "fueron liberados antes de tiempo" o "no cumplieron ningún" período en prisión, y que al menos a tres sacerdotes se les permitió volver al ministerio. 

El diario reportó casos en Zulia, Falcón, Anzoátegui, Mérida y Lara, donde un sacerdote condenado a siete años por abusar de un niño de seis años no terminó su sentencia y volvió al ministerio.

Según la Conferencia Episcopal, las denuncias de estos casos están siendo tratados en sus respectivas diócesis donde, desde este año, se están realizando procedimientos penales y administrativos o suspensiones.

Las víctimas pertenecen a entornos pobres y vulnerables y en algunos casos se llegó a someterlas mediante amenazas con armas de fuego. 

La extensión de las prácticas y su virtual impunidad habla también de la posible colusión entre elementos corruptos del sistema judicial y la Iglesia para mantener a los perpetradores a resguardo de acciones judiciales. 

Una monja que habló en forma anónima denunció que “hay un sistema macabro, las familias necesitan ayuda, comida y todas las cosas que provee la Iglesia en las comunidades pobres y los perpetradores usan esta para llegar a las víctimas y mantenerlas calladas”.

Pese a la gravedad de lo denunciado en la investigación, el clero venezolano ha reaccionado con cautela. En un comunicado señala -sin mencionar nombres, ni cuántos clérigos están denunciados- que la Conferencia Episcopal “ha procurado las investigaciones y los procesos según la legislación eclesial, sancionando a sacerdotes y otros miembros de la iglesia a quienes se les ha comprobado que han cometido delitos”. En el comunicado no sólo no se identifica a los supuestamente sancionado, tampoco se hace alusión a lo sucedido con las víctimas, alegando que no se informa sobre ello por “respeto y confidencialidad”. 

El obispo de San Cristóbal y primer vicepresidente de la Conferencia, Ángel Caraballo, el obispo de Cabimas, Ricardo Barreto, el obispo auxiliar de Caracas y fray Eddy Polo, presidente de la conferencia venezolana de religiosos y religiosas han expresado que “hay silencio a cambio del compromiso de hacer de las instancias de la Iglesia lugares seguros para todos”. También anunciaron la creación de una Comisión de Prevención, conformada por obispos, presbíteros, religiosas y fieles laicos para recibir denuncias de abusos, siguiendo las directrices y normas establecidos por la Santa Sede.