Una madre que pelea por la internación compulsiva de los adictos

"Hoy está en un camino nuevo y espero que pueda encontrar su lugar", dice Jost. El viernes viajó para visitar a Santiago, que estará al menos un año en ese lugar y luego, como parte de su tratamiento, puede trabajar allí. 

Jost habla como una madre que lucha y sufre en carne propia la enfermedad de su hijo, que comenzó consumiendo cocaína y luego pasta base. Cuenta los nueve meses que Santiago estuvo en la cárcel por desacatar una orden de restricción y acercarse a su casa, caminar por el techo y colgarse de los cables. Recuerda los acosos en la noche, las veces en que le pidió plata y cuando lo encontraba durmiendo arrollado en la puerta de la casa.

Pero al mismo tiempo muestra su faceta como referente en el tema, operadora terapéutica, coordinadora de grupos de adicciones y tallerista. Con un camino recorrido como familiar de un adicto, sabe qué decirle a una madre, hermana o pareja que acude a las reuniones cada dos semanas de Madres del Cerro, o cuando en el grupo privado de Facebook -que supera los 4 mil miembros e incluye a familiares de Argentina, Brasil y Chile- se hacen las primeras preguntas cuando descubren que alguien cercano tiene una adicción: ¿Qué hice yo? ¿Es mi culpa? ¿Por qué me grita o me golpea?

Jost se acercó a la fundadora del grupo Madres de la Plaza, Rocío Villamil -que falleció en 2012-, y ahí empezó a entender la adicción de su hijo. Hace diez años creó el colectivo que comenzó a reunirse en la Federación de Jubilados del Cerro, dando apoyo y orientación a las familias que no sabían cómo actuar ante el consumo de drogas de un hijo. 

La gran mayoría en el grupo son madres, ya que los padres están bastante ausentes en este tema, observó. "En esta problemática la manera de sostenernos es viendo que el camino de unos podría ayudar a otros. La finalidad de los grupos es eso, poder dar apoyo y sostener a las familias cuando no saben hacia dónde ir", cuenta Jost, con más entereza de la que tenía cuando comenzó.

Madres del Cerro no solo funciona como un espacio de apoyo para familiares, sino que busca incidir para lograr políticas sociales que contemplen las adicciones. "Reclamamos la falta de atención ante la muerte de cada vez más hijos en la calle por la droga", cuenta Jost. Cada dos o tres meses, un grupo dentro del colectivo se reúne en la puerta del edificio anexo al Palacio Legislativo reclamando medidas concretas.

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Detección

Además de Santiago, Jost tiene otra hija de 23 años que estudia medicina. "Los crié a los dos iguales", remarca. De a poco fue descifrando las señales de que algo no estaba bien en su hijo. "Siempre que empezaba algo no lo terminaba, se anotaba para hacer unos cursos y no los terminaba. Era una alerta que veía, el no querer avanzar y hacer algo", recuerda. "Vos le dabas dinero y lo perdía, tenía un celular y se lo robaban, los championes también", agrega.

Luego empezó a notar que faltaban cosas de su casa, Santiago cambió el carácter, se perfumaba para disimular el olor a marihuna y se encerraba.

Ahí aparece Gabriela Jost profesional, explicando lo que piensa una madre cuando descubre lo que le pasa a su hijo. "Muchas mamas piensan que el entorno lo lleva a eso, puede ser que en grupo se fume algo, pero el consumo es de a uno. La persona que está consumiendo lo hace para sobresalir, la autoestima siempre es muy baja, están callados y recurren a un estimulo de afuera".

Internación compulsiva

En 2017 se presentó un proyecto de ley en la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, estableciendo que los jóvenes deben firmar un consentimiento para su internación y no abandono del tratamiento en caso de crisis. "Es una ley de voluntad obligatoria anticipada. La persona cuando está en consumo dejaría de tutor a alguien responsable que cuando lo viera en una situación de riesgo para él o terceros, pudiera internarlo", explicó.

El diputado Luis Gallo, integrante de la comisión y médico de profesión, opinó en Radio Uruguay que la internación compulsiva “no es la herramienta adecuada para poder resolver un problema grave” como son los trastornos mentales vinculados a la adicción y en particular a la adicción de pasta base. El proyecto quedó encajonado, porque no alcanzó los votos del oficialismo para ser aprobado en la comisión. 

En 2013, durante el gobierno de José Mujica, un proyecto similar fracasó en el Parlamento porque gran parte del Frente Amplio estaba en contra.

Las mutualistas cubren 30 días de internación por año pero no todas tienen convenios con centros de internación. En tanto, el Portal Amarillo, que depende de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), cuenta con 20 lugares para adultos y 15 para adolescentes.

La ley de salud mental, aprobada en 2017 y reglamentada en 2018, busca cerrar los centros de internación para trabajar con hogares de medio camino, solución que, según Jost, no aplica a los adictos. "Estamos en contra de eso, porque un consumidor de pasta base hoy te dice “voy” pero mañana no va. No lo sostienen, es muy difícil eso que quieren hacer", enfatizó. También remarcó que para ingresar al Portal Amarillo o tener una entrevista en el Dispositivo Ciudadela -que se encarga de brindar información y derivar a instituciones-, hay que anotarse en una lista de espera.

Jost, que conoce la problemática, dice que las soluciones apuntan a una "desintoxicación pero no a la rehabilitación".

Este año se reunió con 14 presidenciables, que firmaron un contrato simbólico comprometiéndose a tener en cuenta el pedido de trabajar en la temática en el próximo gobierno y en el Parlamento. "Es un problema muy grande. Hasta que no se tome en cuenta de verdad, el apoyo que podemos encontrar es entre nosotros mismos". Por eso, la lucha de la fundadora de Madres del Cerro sigue con la transformación del colectivo en una fundación, para poder reunir fondos y ayudar a las familias que no pueden costear los tratamientos de sus hijos.

"Son contados con los dedos de una mano las personas que pueden salir adelante por pagarse tratamientos privados", explica. En centros privados las mensualidades van desde los US$ 1.500, y en Uruguay hay cuatro lugares de internación. Por eso, una forma que encuentran las famlias como la de Jost, es llevar a sus hijos al exterior.

Otra de las opciones sin costo son Remar o Beraca, pero Jost dice que no todos los adictos sostienen los tratamientos, limitados muchas veces por el vínculo religioso de las organizaciones. 

Desapariciones y drogas