Juan Carlos Noya, presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep), aseguró a El Observador que se enteraron de los problemas del colegio recién cuando el sindicato comenzó a denunciarlos públicamente. Sin embargo, el presidente del Sintep, Sergio Sommaruga, se sorprendió cuando las dueñas del colegio decidieron abrir en 2020 a pesar de que el sindicato recién denunció públicamente las deudas a pocos días del cierre.
En el ambiente del sector educativo coinciden en que la pandemia fue “el golpe de gracia” para una institución con carencias de gestión. Desde el sindicato no quieren difundir los problemas que conocen porque están en plenas negociaciones pero dan algunas pistas.
“Inversores capitalistas que entraron y salieron, planificaciones de gastos sin sustento financiero y un conjunto de decisiones propias de la gestión que parecen ser muy precarias”, apuntó Sommaruga. Pero hay otras cuestiones.
Existen estudios a nivel de Secundaria que establecen que para que una institución privada sea viable económicamente, debe tener grupos de un mínimo de 20 personas. El Pocitos Day, según dijeron a El Observador distintas fuentes con conocimiento de la situación, no lo cumplía en la mayoría de los niveles del liceo. Además, la cantidad de alumnos con bonificación superaba la media en una institución con fines de lucro.
La relación entre la cantidad de funcionarios (104) y el número de alumnos (254) también puede dar una pista pero es necesaria mayor información. Lo importante, según Sommaruga, es conocer el peso de la masa salarial en la estructura de costos. Muchos de los funcionarios del colegio tenían muy pocas horas asignadas y, además, había otros 50 alumnos que pagaban por materias y no en un plan anual.
De todos modos, los números son llamativos. El colegio Juan XXIII tiene 190 funcionarios para 925 alumnos, el Santa Elena de Montevideo 200 para 700 alumnos y el colegio San Juan Bautista casi 200 para 851 alumnos.
En Sintep tienen identificados otros 10 colegios que presentan problemas pero ninguno que esté cerca de un cierre inminente. En 2016 el colegio Varela estuvo a punto de bajar las persianas pero finalmente, luego de la renuncia del director, siguió funcionando.
Leonardo Carreño Colegio José Pedro Varela Modelos de gestión
El sistema de educación privada recoge a más de 140 mil alumnos y cerca de 250 instituciones. Si bien es difícil hacer un paneo general de un sistema con tantos actores, y que pierde alumnos año a año, se pueden plantear algunos lineamientos que ayudan a entender cómo funcionan.
El artículo 69 de la Constitución establece que las instituciones educativas privadas están exoneradas de los impuestos nacionales y municipales “como subvención por sus servicios”. Es decir, no pagan contribución inmobiliaria, Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas ni aportes patronales al Banco de Previsión Social (BPS).
El ingreso de los colegios se basa, casi exclusivamente, en la cuota que pagan sus alumnos. El alquiler de canchas, salones u otro tipo de infraestructura puede colaborar pero, en general, no tienen un impacto significativo. Y la inversión para poner a funcionar un colegio es alta.
Para entender el modelo de gestión hay que hacer dos grandes cortes: si hay fines de lucro y si son instituciones religiosas o no. Este último punto está claramente diferenciado en las asociaciones. Por un lado está Aidep y por otro la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec). La primera reúne a 49 instituciones y la segunda a cerca de 170 colegios, más otros centros de educación no formal. De todos modos, en Aidep hay algunos colegios confesionales.
Camilo dos Santos Interior del colegio Pocitos Day´s Mientras que los integrantes de Aidep funcionan de forma autónoma, la mayoría de los colegios religiosos tienen detrás congregaciones que gestionan más de una institución (Salesianos, Jesuitas, Hermanos Maristas, Hermanos de la Sagrada Familia, etc.) y que en muchos casos tienen un funcionamiento económico central.
Los colegios católicos cuentas con una larga tradición en el país y con una inserción grande en contextos vulnerables. En muchos casos las congregaciones hacen que las instituciones ubicadas en contextos más favorables realicen aportes para sostener a otras insertas en zonas económicamente más desfavorecidas. Sin embargo, todos cobran una cuota.
Dentro de Audec, la enorme mayoría de instituciones funcionan sin fines de lucro mientras que en Aidep hay un 30% que sí se manejan como una empresa que pretende ganancias, según aseguró el presidente de la asociación. Noya aseguró a El Observador no tener identificados los colegios que buscan generar renta.
“¿Es adecuado que una institución educativa con fines de lucro y otra sin fines de lucro tengan el mismo tratamiento fiscal?”, se preguntó Sommaruga
Y existen otros colegios, que se mantienen por fuera de ambas asociaciones, que en general también funcionan con fines de lucro. Según Sommaruga, en total son cerca del 40% las instituciones de este tipo.
En Sintep creen que la educación privada queda por fuera del debate público vinculado a la educación y que es necesario poner el foco en un sistema que, según entienden, tiene problemas. “¿Es adecuado que una institución educativa con fines de lucro y otra sin fines de lucro tengan el mismo tratamiento fiscal?”, se preguntó Sommaruga.
El presidente del sindicato entiende que debido a la “enorme transferencia” que hace el Estado a través de la renuncia fiscal deberían existir controles y auditorías a las instituciones para evitar situaciones como la del Pocitos Day. Además, plantea que las instituciones que se mueven por fuera de las asociaciones son las que tienen una precariedad laboral mayor y que incluso generan una especie de "competencia desleal", a pesar de que prefiere no utilizar ese término para hablar de educación.
Más allá del debate ideológico respecto a la educación privada y de cuan regresivo podría ser que todos -sin importar condición económica- asistan a la educación pública, el caso del cierre de un colegio pone la mira sobre estas instituciones en general. Es claro que los grandes colegios que apuntan a un público ABC1 tiene cierta solidez, y que los que pueden presentar problemas son colegios chicos ubicados en zonas de ingreso medios y medios altos.
Fundación Sophia
En el año 2014, preocupado por el cierre de colegios católicos, el ahora cardenal Daniel Sturla impulsó la creación de la Fundación Sophia para que trabaje como apoyo de algunos colegios católicos que no estaban atravesando un buen momento.
“Somos una institución que nace para rescatar colegios que estaban en situación de fragilidad. De ahí para acá empezamos a desarrollar un proyecto educativo de calidad e innovador”, explicó a El Observador el director ejecutivo, Federico Reyes. La fundación no brinda un apoyo económico porque no tiene fondos propios pero sí ayuda a mejorar la gestión.
Es decir, la institución ayuda a transformar la propuesta organizativa y educativa del centro para hacerla viable. Actualmente trabaja con 26 centros (la mitad en el interior), medianos y chicos y ya tienen siete solicitudes para ingresar en 2021. Por los efectos de la pandemia estiman que las solicitudes serán mayores que en un año normal.
La fundación apuesta por transformar la propuesta educativa y, en algunos casos, a través de donaciones se realizan inversiones para poder realizar esos cambios. “Lo que tratamos es hacer un diagnóstico desde el punto de vista pedagógico, pastoral, organizativo y económico. A partir de ahí, empezamos a trabajar en un proyecto que fortalezca a la institución”, explicó Reyes.
Si bien inicialmente se basaron en colegios con complicaciones económicas, luego abrieron el espectro. Algunas congregaciones que se quedan sin sacerdotes o hermanas que puedan gestionar la institución, también han pasado a manos de la fundación.
