21 de septiembre de 2014 20:17 hs

Un estudio que presentará hoy el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) –que actualizó las fortalezas y debilidad del sector público en América Latina en la última década– mantuvo a Uruguay como el país de la región que tiene el mayor porcentaje de empleo público en su fuerza laboral. Según el trabajo del BID, en el período 2012-2013, el peso de los empleados del sector público en el mercado laboral uruguayo alcanzaba casi el 12% del total de sus trabajadores, unos dos puntos porcentuales por debajo del nivel registrado en 2002-2005.

Bastante por detrás de Uruguay vienen países como República Dominicana (8%) y Panamá (7%). Sin embargo, en la masa salarial como porcentaje del PIB, Uruguay está a mitad de tabla en un grupo de 16 países. De hecho, mientras que en 2004 el costo de los trabajadores públicos llegaba al 6% del PIB, en 2012 superó levemente el 4%.

El trabajo titulado “Al servicio del ciudadano: una década de reformas del servicio civil en América Latina (2004-13)”, destaca los avances de la región en los últimos 10 años, que creció en promedio cerca del 4% anual, y más de 40 millones de personas salieron de la pobreza entre 2004 y 2010. “Sin embargo, en varios países existiría la percepción de que el fuerte crecimiento económico experimentado, que generó un incremento importante en la recaudación, ha tardado en alcanzar a los segmentos de la población más vulnerables y no se ha traducido en mejores servicios para la ciudadanía. Es decir, estos avances en la economía, liderados por el sector privado en la mayoría de los países, no habrían sido acompañados de mejoras simultáneas en la capacidad institucional del sector público”, alertan los autores del trabajo.

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En lo que hace a su costo, en 2012 la masa salarial (o gasto en personal) del gobierno central de los 16 países cubiertos por este estudio representaba en promedio el 5,8% del PIB. “Esta cifra, que no refleja las importantes diferencias que existen entre los países, arrojaba una baja en la magnitud de este indicador con respecto al 6,1% registrado en 2004”, alertó el BID.

Mitad de tabla

El trabajo del BID actualizó un diagnóstico elaborado en 2004 sobre los servicios civiles de América Latina.

En ese ranking, Uruguay (52 puntos) permaneció a mitad de tabla en la región luego de 10 años, en un nivel de “desarrollo medio”, que corresponde a sistemas mixtos en los que coexisten segmentos profesionales y cierto grado de politización (entre 40 y 59 puntos), donde aparecen México (41), Colombia (52) y Costa Rica (54). “Estos (países) se caracterizan por una mayor coherencia estratégica, reflejada en una implantación más extendida del criterio de mérito y en cierto nivel de aplicación de incentivos al rendimiento. La función rectora es más robusta aunque no por ello está necesariamente consolidada”, advierte el trabajo.

Solamente Brasil (65) y Chile (67), en el grupo de 16 países, alcanzan y mantienen desde 2004 un nivel alto o sistemas profesionales en su servicio civil. “Este grupo se caracteriza por una sólida coherencia estratégica y una mayor presencia de los criterios de mérito y de flexibilidad”, explica.

De todas formas, el BID destacó algunos avances que logró Uruguay en la última década en esta materia. Recordó que en 2004 el servicio civil se caracterizaba por una carrera administrativa “de larga data pero con poco dinamismo, una brecha significativa entre las normas y la práctica, y la aplicación de reglas ad hoc para cubrir vacantes con urgencia.

Asimismo, el mérito seguía teniendo presencia en buena parte de la administración pública pero no de forma homogénea”, indica.

En ese sentido, el estudio valoró algunos cambios, entre los que sobresalen la creación de un nuevo sistema de información, una mayor transparencia en el acceso a la función pública, la negociación de un nuevo Estatuto del Funcionario Público y la modificación del modelo de carrera del gobierno central. También se crearon nuevos instrumentos normativos (la Ley de Negociación Colectiva en el marco de las relaciones laborales en el sector público), se ampliaron las competencias de la Oficina Nacional del Servicio Civil, se implantó el portal Uruguay Concursa y se reorganizó la Escuela Nacional de Administración Pública.

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