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UTE, Ancap y OSE aprobaron sus presupuestos con el voto en contra del FA
Los directorios de UTE, Ancap y OSE aprobaron este jueves por mayoría con los votos del oficialismo sus presupuestos para 2020 y 2021, con proyección para el quinquenio, que ahora serán elevados al Poder Ejecutivo. Los tres directores que representan al Frente Amplio (FA) en estas empresas públicas votaron en contra y rechazaron el contenido de los lineamientos dados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) como base para esta instancia presupuestal.
Ancap
En diálogo con El Observador, el representante por la oposición en el Directorio de Ancap, Walter Sosa, explicó que si bien se comparte que la situación del país es “compleja” debido a la pandemia, y que el gobierno tiene necesidad de cumplir con las metas fiscales y actuar con prudencia en la ejecución del gasto, los lineamientos son “restrictivos para las necesidades mínimas básicas” de la empresa.
Por el lado de las inversiones se propone reducirlas en 15%. De esa manera se podrá asignar al 2020 un monto de $ 505 millones (unos US$ 12 millones al tipo de cambio indicado por OPP de $ 41,5). Según Sosa, eso compromete el pago de inversiones en el pórtland, en la planta de La Tablada, en la descarga fluvial en Paysandú y algunas inversiones adicionales en logísticas, entre otras.
“Sumado a esto lo que ejecutemos de más será a expensas de menor disponibilidad en el 2021. Nos quedará al inicio del 2021 una disponibilidad de aproximadamente US$ 20 millones en caja, que puede ser inferior dependiendo de la evolución del dólar. Lo recomendable es tener el dinero equivalente a la compra de 1,2 millones de barriles de crudo que son hoy unos US$ 40 millones. Eso sería el mínimo para alguna contingencia de compras. Es bastante riesgoso y preocupante”, afirmó.
En términos de gastos operativos, la reducción es de 15 % respecto a las partidas ejecutadas en el 2019 y de un 5% adicional para el 2021 en relación con las partidas que se ejecuten en el 2020. “Más allá que exceptúa aquellas que dependen directamente del nivel de actividad y no sean controlables por la empresa y otros relacionados con pago de intereses y-o deudas, sigue siendo una reducción importante que compromete a la empresa”, expresó Sosa.
En relación a los recursos humanos, la OPP solicitó la eliminación del 100% de las vacantes existentes al 31 de diciembre de 2019 y del 67% de las que se generen a partir de esa fecha. También se solicita la disminución de los créditos presupuestales asociados a los cargos a eliminar y sus compensaciones asociadas. Para el 2020 se exige una reducción del 40% de lo ejecutado en el 2019 en las partidas destinadas para contratación de becarios y pasantes. A su vez, se prohíbe la renovación automática de los vínculos hoy existentes.
“Partiendo de que estamos en el mínimo histórico de personal de los últimos 11 años y por debajo de lo necesario, incorporar la exigencia de la reducción de horas extras de un 5% agrega otro elemento negativo para la empresa”, afirmó el director. En ese sentido, añadió que este año difícilmente se tengan recursos económicos suficientes para continuar la carrera funcional horizontal, algo que considera fundamental para “una mejora continua de la gestión, el desarrollo y motivación de los trabajadores”, explicó.
OSE
En OSE, el director frenteamplista Edgardo Ortuño consideró que el instructivo para la elaboración presupuestal determina “una significativa reducción de inversiones en obras y de funcionarios, lo que afecta los servicios a la población, debilita a la empresa pública para el cumplimiento de sus objetivos y tiene consecuencias económicas, sociales y ambientales negativas, por lo que no la compartimos”, según fundamentó.
Ortuño indicó a El Observador que la aplicación de las directivas de OPP supone una reducción de inversiones del orden de U$S 90 millones en dos años y de US$ 220 millones en el quinquenio, y será de U$S 300 millones de no confirmarse el financiamiento comprometido por el gobierno anterior para la obra represa y embalse de Casupá.
Este presupuesto a su vez, supone la pérdida aproximada de 1.100 funcionarios en el período, que representan el 25% de los 4.454 que dispone OSE. Según el jerarca, ello es la consecuencia de la eliminación de las vacantes de 2019 y de dos tercios de las que se generen en el organismo debido al importante porcentaje de funcionarias y funcionarios en edad de jubilación. “Ese alto porcentaje de egresos previsto para el período es consecuencia de la prohibición de ingresos a la administración pública aplicada en el pasado, lo que impidió la necesaria renovación de personal, que ahora equivocadamente se repite”, señaló.
En líneas generales el instructivo de OPP establece las mismas limitaciones para todas las empresas y no contempla “adecuadamente” las características particulares de cada una de ellas al momento de solicitar los ajustes, según Sosa.
UTE
Por su parte, el Directorio de UTE aprobó el presupuesto por mayoría con el voto negativo del Frente Amplio, informó a El Observador la representante por la oposición Fernanda Cardona. Según explicó, en los días previos no hubo oportunidad de “discutir” e “intercambiar” opiniones sobre un plan para las empresas públicas que va a abarcar todo el período.
“Es de una preocupación absoluta, porque ni siquiera refleja los lineamientos de OPP, es mayor el recorte”, dijo Cardona. La directora de UTE también advirtió que en el plan quinquenal se posponen inversiones prioritarias como en energía fotovoltaica que ya estaba establecida con anterioridad, y se excluye la obra de cierre del anillo eléctrico de 500 KV en el norte del país.
“No sé cómo van a hacer para sostener la calidad en el servicio. No solo por los recortes en inversión, sino por el tema de vacantes suprimidas. Va a haber cortes y no va a haber gente que lo pueda atender. Las cuadrillas ya están resentidas y ahora va a estar peor”, afirmó. Cardona también puso en duda que los próximos ajustes tarifarios puedan ser inferiores a la evolución de la inflación.
