Vino y política

Sorprendida, la especialista española en vino Cristina Alcalá escribió el domingo en su blog una entrada para contar de la existencia de una asociación parlamentaria en su país, que se dedica a fomentar la cultura vitícola siguiendo los pasos de otras experiencias en Europa. Hasta ahora, contó Alcalá, se han reunido en mesas redondas para discutir el rol de la industria. Impulsan la declaración del vino como patrimonio de la humanidad, se preocupan por la pérdida de valores y conocimiento de la cultura del vino y las consecuencias que ello trae. La asociación es integrada por legisladores de todas las corrientes, unidos tras la pasión por el vino.

En Francia existe una experiencia anterior. La asociación de senadores y diputados fundada en junio de 1999 tiene otro vigor, lleva adelante acciones mucho más institucionales y sigue de cerca a la industria. Tienen un estatuto, cuyo artículo dos define a la asociación como: "La construcción de una red de vino elegido más allá de todas las divisiones políticas y geográficas".

La industria vitícola en Uruguay es muy pequeña, casi testimonial. No compite, por ejemplo, con la producción de miel, por dar un ejemplo. Y por ende tiene un peso insignificante en la ecuación de la economía del país. Sin embargo, es sabido y aceptado que la industria da trabajo a familias y personas del interior. También que la inmensa mayoría de los proyectos son de tradición genética y se apartan de montajes multinacionales como los hay en Argentina o Chile. Mal o bien, también los vinos son embajadores del país en el exterior, cuando llegan a las mesas de extranjeros con la presentación de Uruguay en la etiqueta y con sensaciones al paladar.

Un impulso político como el que dan los parlamentos de España y Francia ¿sirve de algo a la industria local?, ¿lo necesita?, ¿es justo? No lo sabemos. Lo que sí es claro es la necesidad de rescatar esa cultura del vino, que es alimento y está lejos de ser sólo una bebida alcohólica.