Ya son dos los muertos por la represión a las protestas sociales en Ecuador

La escala llegó horas después que las Fuerzas Armadas denunciaran que la protesta constituye un riesgo para a democracia, postura avalada por el gobierno del presidente conservador Guillermo Lasso, quien mantiene el estado de excepción en seis de las 24 provincias del país. En una carta difundida en Twitter, Lasso aceptó "por el bien del país" participar en "un proceso de diálogo franco y respetuoso" con la Conaie.

Su líder, Leonidas Iza, respondió condicionando el diálogo a la derogatoria del estado de excepción vigente, que movilizó a militares para tratar de restablecer el orden. En una declaración transmitida por redes sociales, el dirigente señaló que la respuesta del gobierno a las protestas "solo ha conseguido exacerbar los ánimos de la población y generar graves escaladas de conflicto" y planteó "bajar las acciones represivas" y la desmilitarización del parque El Arbolito, en la capital ecuatoriana, donde tradicionalmente se reúnen los indígenas.

"No podemos levantar el estado de excepción porque eso es dejar indefensa a la capital, y ya sabemos lo que sucedió en octubre de 2019 y no lo vamos a permitir", dijo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, al canal Teleamazonas.

Lasso, que asumió en mayo del año pasado, denunció que el movimiento indígena lo quiere "botar". Hasta el momento, los mayores enfrentamientos se concentraron en el norte de la capital ecuatoriana, muy cerca de la Universidad Salesiana, que aloja a los manifestantes, donde la policía intentó con motocicletas, caballos y vehículos antimotines dispersar la protesta lanzando gases lacrimógenos.

La policía, además, mantiene tomada la tradicional Casa de la Cultura, un edificio que históricamente ha sido un punto de reunión del movimiento indigenista, en un intento por controlar las protestas. También hubo manifestaciones en el sur de Quito y cerca de la estatal Universidad Central, en el norte de la ciudad, así como en otros puntos del país.

Por su parte, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos detalló que el segundo muerto se registró el martes, en el marco de una “confrontación” con la fuerza pública en la localidad amazónica del Puyo, al sureste de Ecuador. La policía, en tanto, negó el hecho y argumentó que "se presume que la persona falleció a consecuencia de la manipulación de un artefacto explosivo".

De esta manera, suman dos víctimas fatales entre las manifestaciones. La anterior muerte se produjo el lunes, cuando un joven cayó en una quebrada durante las protestas, un hecho que investiga la fiscalía como “presunto homicidio”. Además, las organizaciones de derechos humanos, en un balance provisional, informaron de al menos 90 heridos y 87 detenidos desde el inicio de las protestas. La Policía, en tanto, informó de 101 efectivos heridos, otros 27 retenidos por los participantes de las protestas y 80 manifestantes arrestados.

Los combustibles ya estuvieron en el centro de protestas violentas protagonizadas por la Conaie en 2019, que dejaron 11 muertos, más de 1.000 heridos y obligaron al expresidente Lenín Moreno a dar marcha atrás en un plan para eliminar los subsidios a los carburantes como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En casi un año, el diésel subió 90% y la gasolina corriente 46%. Sin embargo, desde octubre pasado y debido a la presión social, el gobierno decidió congelar los precios. La Conaie, en tanto, reclama que se los rebaja.

Los indigenistas también reclaman al Ejecutivo un control de precios a los productos agrícolas para mejorar sus economías familiares, empleo y más presupuesto para salud y educación, además de una moratoria de un año para el pago de créditos con la banca y suspensión de concesiones mineras en sus territorios.

En lo inmediato, y luego de nueve días de protestas, la producción petrolera se ha visto afectada. La producción de crudo cayó en unos 100 mil barriles por día, un 21% del total, a causa de las protestas en la selva de la Amazonia, donde están los pozos, según el gerente de la estatal Petroecuador, Ítalo Cedeño. El gobierno estima que por cada día de protesta el país, cuya economía está dolarizada, pierde unos US$ 50 millones, sin tomar en cuenta al sector del petróleo, el principal producto de exportación.

Por su parte, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, señaló en Twitter que las manifestaciones "siguen escalando y comprometiendo gravemente la paz" y que los mercados capitalinos "están quedando desabastecidos". En un nuevo gesto para buscar soluciones, Lasso difundió una carta en la que aceptó participar en "un proceso de diálogo franco y respetuoso con la Conaie y más organizaciones" civiles. Hasta el momento, el diálogo no comenzó y unos 10 mil indígenas se mantienen en Quito para reiterar sus exigencias.

En las últimas horas, además, se sumó un nuevo frente de conflicto para el gobierno de Lasso. El Departamento de Estado de los Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos reconsiderar los viajes a Ecuador. Lo hizo luego de elevar a 3 el nivel de alerta debido a los disturbios y a que “la delincuencia es un problema generalizado", según el comunicado.