2025, el año de las estafas

Al declarar en Fiscalía, Maximiliano Rodríguez, el dueño de Pasfer dijo que un día del año 2023 Basso le dijo que le tenía que firmar “unos contratos”, él lo hizo sin preguntar de qué se trataba y que recién se enteró de que era tomador de ganado cuando explotó la bomba. ¿Es creíble? Claro que no.

Pero también es cierto, por lo que ha demostrado la investigación, que Basso manejaba a un montón de gente a su antojo, a los que arreglaba con préstamos de plata y podía hacer que firmaran documentos sin tener muy claro de que se trataba. Así también lo declaró “El Turco” de Gladenur, el empresario tunesino que exportaba ganado en pie a Europa y Asia, quien aseguró que su firma que aparece en los contratos, se la falsificaron. También en ese caso, con Mohamed Montazel Bendeche, Basso hacía un trasiego de dinero y animales.

En el caso de Rodríguez fueron bastante más de los US$ 12 millones que él declaró que recibió de Basso como adelantos por venta de ganado: el síndico del concurso le informó al fiscal que de las cuentas de Conexión Ganadera se transfirieron US$ 23 millones a Pasfer entre 2020 y 2025.

De todos modos, al fiscal no le han resultado creíbles las explicaciones de Rodríguez y antes de que la feria judicial empiece, pedirá la imputación a la jueza del caso, Diovanet Olivera. Dados los plazos, la audiencia judicial de formalización, se realizará en febrero.

Otro asunto a resolver es la prisión domiciliaria de Daniela Cabral. El juez de concurso decidió vender el apartamento que tienen en Torre Imperiale en Punta del Este por lo que una vez que se le notifique a la defensa esa decisión, deberán informarle al juzgado de la nueva dirección donde cumplirá la medida y trasladarla de vivienda.

El síndico le pidió al juez hacer una venta privada, en lugar de un remate, para lograr sacar un mejor precio aprovechando la temporada estival y el interés que despierta el balneario en la temporada. Por ahora no está previsto que la fiscalía amplíe la imputación con respecto a Cabral.

En el caso de Alejandro Berrutti, responsable de Portfolio Capital, este jueves la Justicia le retiró el pasaporte a él y a su esposa María José Argenti y les impuso la prohibición de salir del país hasta junio, mientras ahonda la investigación sobre bienes y fugas de dinero.

El fiscal Agustín Majo, del equipo de la fiscalía de Delitos Económicos de 3o Turno a cargo de Gilberto Rodríguez, informó en audiencia este martes que cinco días después de que Berutti informó a los inversores que no podía pagarles, el 25 de mayo vendió una propiedad en US$ 750 mil. El 2 de junio transfirió a una cuenta en el extranjero US$ 300 mil y entre el 30 de mayo y el 4 de junio retiró en efectivo US$ 130 mil y US$ 230 mil en cheque.

Para la fiscalía ese es suficiente argumento para sospechar que Berrutti pudiera irse del país por lo tanto, entendió necesario tomar esa medida mientras esperan que llegue un informe completo de la Secretaría Antilavado con información sobre la actividad económica del empresario.

Ya se sabe que trabajan en la línea de imputarle estafa, apropiación indebida y lavado.

En el caso de República Ganadera, la fiscalía de Delitos Económicos de 1er turno, a cargo de Alejandro Machado, estaba a la espera de que los abogados les entregaran la información sobre sus clientes, mientras continuaría con las citaciones de los indagados en el caso. Tiene pensaado tomarle declaración en diciembre a los exdirectores Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio.

El fiscal de Lavado tiene otra tarea para diciembre y es acusar a Sara Goldring, la extitular de Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) y United Brokers, imputada en diciembre de 2023 por apropiación indebida.

En unos días se le vence el plazo máximo de prórroga que había solicitado por lo que ya está preparando el pedido de condena que entregará en unos días a la justicia. La contestación de la defensa quedará seguramente para febrero y luego vendrá el juicio.

fiscalia fachada

Democracia, desarrollo económico, inversión

La semana pasada el ministro del Interior, Carlos Negro, aportó algunos datos sobre las estafas y ciberdelitos, que consideró "un flagelo social", en su comparecencia ante el Parlamento. Dijo que entre marzo y octubre de este año, la Unidad de Cibercrimen, realizó 75 allanamientos casi el doble que el año anterior, hubo más del doble de detenidos y casi el doble de condenados y formalizados por este tipo de delito, y que incluso bajaron de 20.710 a 16.676 denuncias. Es un delito que se multiplicó por 22 con respecto a diez años atrás.

Está demostrado que el punitivismo, aumentar las penas de los delitos, no los ha hecho bajar ni ha solucionado el problema que causan, pero también es cierto que existe gran impunidad ya que "estafás y no te pasa nada", y si te agarran te dan una pena de prisión domiciliaria por unos seis meses en promedio. La lentitud de la Justicia en las investigaciones tampoco ayuda.

El asesor del ministro quien tiene a cargo la elaboración del Plan Nacional de Seguridad, el criminólogo Emiliano Rojido, dijo en entrevista con Búsqueda, que todo indica que hay una relación entre el hecho de que “bajen los delitos violentos y aumenten estas modalidades ciberfacilitadas”, porque está pasando a nivel internacional, no solo en Uruguay.

Rojido reflexionaba que los delitos de esa índole “generan un enorme daño patrimonial" no sólo a las personas, también al Estado.

En Uruguay, por ejemplo, las estafas ganaderas se han llevado puesto a la afamada trazabilidad, ya que ha quedado demostrado que no es más que un slogan, además de la grave crisis de confianza que generó en el sector.

Si será importante perseguirlos y que no queden impunes, ya que como decía el criminólogo en la entrevista, con este tipo de delitos a la larga, "no hay democracia, no hay desarrollo económico, no hay turismo, no hay inversión”.