La reforma constitucional que será plebiscitada, cuenta ahora con amplio consenso pero, como tantos temas, se ha politizado
Archivo: operativo policial
En Cerro Norte, donde la Policía ha debido intervenir por enfrentamientos entre bandas narcos, esta semana se dio el caso de un delincuente que era perseguido por la policía que tenía una orden para detenerlo y andaba a los tiros.
El hombre se metió en una casa y ya no fue posible hacer nada más.
Tuvieron que rodear la manzana y esperar a que amaneciera para entrar, ya que la Constitución consagra que el hogar es un “sagrado inviolable” al que de noche no se puede entrar, salvo que quien vive allí lo permita. De día, solo es posible entrar con orden judicial.
Eso es lo que pretende modificar el plebiscito que se someterá a consideración de la población junto a las elecciones de octubre. Una propuesta que, si bien se viene planteando desde hace 20 años, ahora será plebiscitada, y cuenta con amplio consenso. Aunque, como tantos temas, se ha politizado.
Por eso, volveré sobre este tema en esta Newsletter EnClave.
El proyecto impulsado por el senador nacionalista Carlos Camy, que contó con apoyo de la mayoría del Senado para llevarlo a plebiscito, busca modificar el artículo 11 de la Constitución para que establezca: "El hogar es un sagrado inviolable. Nadie podrá entrar en él sin el consentimiento de su morador, o por orden expresa y fundada de juez competente dictada por escrito en los casos y formas establecidas por la ley".
Esta semana se conocieron dos encuestas que demuestran que la población está en su mayoría a favor de este cambio. Una, de la consultora Opción, concluyó que 65% está a favor, 28% en contra, mientras que la encuesta de Cifra mostró que 62% votaría por habilitarlos y 27% no lo haría.
El informe de esta última sostuvo que "solo uno de cada 10 no tiene posición al respecto”, que son más de 8 de cada 10 los votantes de la Coalición Republicana que están a favor, como también lo están 6 de cada 10 indecisos. Entre los votantes del Frente Amplio, en cambio, las opiniones “están más divididas, 44% a favor y 40% en contra".
En definitiva, existe una predisposición de la población a votarla ya que no se muestran grandes variaciones con respecto a anteriores mediciones, e incluso la propuesta consigue adeptos entre quienes votarán al Frente Amplio, ya que más de 4 de cada diez de los que se identifica con esa colectividad está a favor.
El tema, que ahora se propone por cuarta vez, se había planteado en los gobiernos del Frente Amplio. Durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez, su hermano Jorge Vázquez, como prosecretario de la Presidencia y titular de la Junta de Drogas, había hablado de cambiar la Constitución, a instancias de Julio Guarteche, que en ese momento dirigía la Brigada de Drogas.
En el gobierno de José Mujica se volvió a debatir también por iniciativa de Guarteche, que para ese entonces era director nacional de la Policía, quien aseguraba que no contar con esa herramienta era darle ventaja a los narcotraficantes, ya que muchas veces las operaciones quedaban “cortadas por la mitad” y debían continuarse al día siguiente. Fue entonces que el diputado Walter De León propuso interpretar la Constitución para decidir que si se vende droga no es hogar y se puede allanar. Esa propuesta que naufragó es resistida en la mayoría de la academia, que cree que la Constitución debe ser modificada, no interpretada.
Desde el Ministerio del Interior también señalan los riesgos que implica tener a la policía toda la noche rodeando una manzana en zonas complicadas, por posibles tiroteos y enfrentamientos, mientras que si se puede proceder de inmediato, se disminuyen esos riesgos.
También Jorge Díaz cuando era fiscal de Corte había expresado su posición a favor y e incluso en octubre del año pasado, ya retirado del cargo, volvió a decir que siempre estuvo a favor de la medida. Pero en esa entrevista con Sarandi expresó que dado que era la antesala de la campaña electoral se vende como "una gran mentira” y se hace "fetichismo normativo" porque se plantea como la solución mágica a la inseguridad.
Esta semana al dar su primera charla en un comité de base del Frente Amplio se declaró del FA pero dijo que no aspira a cargos insistió con la idea de que lo venden como "espejitos de colores" y que si bien "existe en todas partes del mundo, se usa muy poco" porque la policía "no quiere hacer allanamientos nocturnos" por razones de seguridad.
Con Díaz salieron el candidato Yamandú Orsi y su compañera de fórmula Carolina Cosse. Desde su gira por Artigas y Salto, Orsi dijo que no lo votará y que no deberían autorizarse sin, al mismo tiempo, “hincarle el diente al tema del lavado de activos”, porque mientras “el narcotráfico crece”, los reportes de operaciones sospechosas por lavado de activos “cada vez son menos”. Cosse, por su parte, dijo dos cosas que no se sabe de dónde las sacó: que "los países que lo tienen sugieren no hacerlo", y que "está demostrado" que cuando se habilitan los allanamientos nocturnos se producen "equivocaciones" en "10% de los casos".
Del otro lado del espectro político, Pedro Bordaberry, que ya protagonizó la campaña por bajar la edad de la imputabilidad en 2014, tomó el tema y tras reunirse con el candidato del Partido Nacional Álvaro Delgado dijo que acordaron crear una mesa de coordinación con los demás partidos de la coalición oficialista para militar por los allanamientos nocturnos.
Se acordó que los partidos de la coalición ensobrarán junto con sus listas la papeleta por el Sí, que será amarilla, algo fundamental si quieren darle impulso, ya que entre tanta papeleta las personas que quieran votarla pueden olvidarse de colocarla. No existe papeleta por el No.
También le tiraron con el archivo al candidato colorado Andrés Ojeda, quien en 2019 se había expresado en contra de la campaña Vivir sin Miedo de Larrañaga que proponía los allanamientos nocturnos entre otras cuatro propuestas y no salió por poco margen. Ojeda aclaró que lo que no aprobaba era que para reformar los allanamientos se tuviera que reformar la Constitución en otros tres puntos, y sacó a relucir una columna de 2020 en El País en la que consideraba la prohibición "obsoleta y anacrónica", con lo que zanjó la discusión.
Si bien en derecho siempre hay lugar para las dos bibliotecas, y seguramente haya juristas que se expresarán en contra del cambio, buena parte de la academia no se opone.
Daniel Ochs, especialista en Derecho Constitucional, cree que es anacrónico que la Constitución siga impidiendo los allanamientos en la noche ya que casi ningún país del mundo los prohíbe. Y me mencionó lo que al respecto ha planteado el jurista Francisco Rubio Lorente, quien fue vicepresidente del Tribunal Constitucional de España. El jurista ya fallecido comentaba en un trabajo sobre legislación comparada de la Unión Europea que esa prohibición que también está en la Constitución portuguesa era un “precepto insólito".
Frente a las opiniones o dudas que se plantean por la falta de garantías o errores que puede haber, Ochs señala que la garantía la da el juez que dispone la medida y con eso debería bastar.
Lo que vengo diciendo, ¿quiere decir que si se habilitan los allanamientos nocturnos, no habrá más delincuentes sueltos ni quedarán bocas de droga? Para nada. Es una herramienta más que puede ser útil para casos contados pero sin duda se precisan otro tipo de mediadas para combatir la delincuencia: más inteligencia policial para conseguir las pruebas, más patrullaje, más presencia policial en los barrios y mayor cercanía de la policía con los vecinos.
Todo ello será más efectivo que los allanamientos, pero tampoco parece que tenga sentido seguir prescindiendo de una herramienta que existe en todo el mundo y que cuenta con la garantía de ser tomada y fundada, por escrito, por un juez. Eso debería dejarnos tranquilos en un país democrático que se precia de contar con una de las justicias más garantistas.