En la semana en la que tuvimos registros de las temperaturas más frías de los últimos 50 años, ocurrieron dos nuevas muertes de personas que estaban siendo atendidas por el Estado en el marco del operativo de evacuación por la ola polar, aunque en circunstancias bien distintas. La última, de este jueves ocurrió mientras una mujer de 67 años iba a realizar un trámite en la tarde después de haber dormido en la Plaza de Deportes No2. La anterior y la más confusa, ocurrió en madrugada del 2 de julio en Las Piedras, Canelones, es investigada por la Fiscalía y considerada por el Ministerio del Interior como “muerte dudosa”.
Frente a la verdadera crisis que enfrentamos debido a la cantidad de gente que está en la calle, el gobierno armó un plan de evacuación que cumplió diez días esta semana, echando mano a una herramienta prevista en la ley de creación del Sinaede 2009. El plan logró captar a personas que nunca habían ido a un refugio y llegó a mantener bajo techo a 2.700 personas.
Del manejo político y de algunos errores comunicacionales que han marcado la semana te hablaré en esta newsletter EnClave.
Conducción de las políticas sociales y errores comunicacionales
Luego de cinco muertes de personas que dormían en la calle en menos de un mes, a instancias del presidente Yamandú Orsi, el lunes 23 se dio a conocer el plan que contemplaba la evacuación obligatoria de personas y de animales “en situación de vulnerabilidad o de riesgo” ante alertas o estados de desastre.
Desde ese momento quedó claro que el manejo del tema lo asumía Presidencia, a través del Sinae, dependiente de Presidencia, y no al Ministerio de Desarollo Social (Mides) que es un actor más, como se ve en la foto de la reunión a la que convocó el presidente este jueves junto al secertario de la Presidencia, Alejandro Sánchez,al MSP, ASSE, ministerios del Interior y de Defensa.
Esa situación hizo acordar a cuando en plena crisis de la pandemia en 2020, el entonces presidente Luis Lacalle Pou asumió la conducción desplazando al MSP, luego de algunos errores comunicacionales del entonces ministro Daniel Salinas, o cuando en plena crisis hídrica desplazó a OSE y tomó el control desde Torre Ejecutiva de la comunicación y las decisiones por el agua.
Salvando las distancias temporales y de actores acá pasó algo similar pero la comunicación sobre el tema viene siendo errática. Pese a contar en sus cuadros de Presidencia con numerosos comunicadores, esta semana un tema sensible como fue una muerte de una persona ocurrida en la calle, quedó en manos de dos policías que transmitieron más dudas que certezas.
La muerte de un hombre de 51 años ocurrida en Las Piedras, a metros de una seccional policial, se convirtió en el epicentro de varios errores. Mientras la intendenta interina de Canelones aseguraba que la persona fallecida había sido contactada y se había negado a recibir asistencia, desde el gobierno central, las voces de jerarcas como Palomeque (Sinae) y Clavijo (subdirector de la Policía) emergían con una versión distinta, hablando de dos personas diferentes y sembrando la confusión en un relato que nunca quedó claro.
Algunos movileros de informativos que se acercaron a Las Piedras recogieron testimonios de vecinos que afirmaban que conocían al hombre que murió y que era el cuidacoche de la zona, incluso que se apodaba “El Rata”, pero la policía insistió en era otro individuo que apareció más tarde.
La intendenta Gabriela Garrido aclaró luego que la confusión surgió a partir de que en la misma cuadra donde habían encontrado a una persona en situación de calle que necesitaba traslado, fue localizado también el hombre muerto “horas después”. “La persona que la intendencia localizó fue retirada por la Policía y no sabemos qué pasó con la otra persona, no sabemos si en algún momento estaban juntas o no, eso no lo sabemos", dijo.
En la conferencia que el gobierno le asignó a Palomeque y Clavijo, este último dijo que la persona de la que la intendencia dio cuenta fue trasladada y estuvo toda la noche en un refugio mientras que el hombre al que encontraron muerto “se estaba dirigiendo hacia el lugar del deceso”. “Para nosotros es una persona que fallece en la calle”, dijo en un lenguaje muy poco claro.
Ante preguntas y repreguntas de los periodistas que insistían en que no quedaba claro el tema, Clavijo afirmó que “la evidencia da que la persona se estaba trasladando por la posición del cuerpo”, como queriendo explicar que no estaba durmiendo en ese lugar sacandolo del contexto de persona que duerme a la intemperie.
Sin embargo, Palomeque contradijo a Clavijo al lamentar la muerte y afirmar que representa un “fuerte golpe al trabajo del Estado”.
Pasadas las horas, se han mantenido las dudas y el Mides no ha hablado del tema ni ha dado ninguna información. En un comunicado el gobierno canario lamentó la muerte y afirmó que “a pesar de todos los esfuerzos que se vienen realizando junto al Mides, Ministerio del Interior, ASSE, MSP y Sinae para proteger a las personas en situación de calle, no fue posible evitarla”, hecho que "duele e interpela" a las autoridades.
El resultado fue que se convirtió un tema del que el Estado debería responder en un tema policial que quedó como "muerte dudosa".
¿Un tema político?
El tema de las muertes de personas que vivían en la calle se ha utilizado políticamente y también ha sido motivo de cuestionamiento la herramienta utilizada para sacar a la gente de la calle. El propio ministro de Desarrollo Social admitió haberle pedido al presidente “dar un paso más y subir un escalón porque no había herramientas legales”.
Gente en situación de calle/pobreza/indigentes
Foto: Leonardo Carreño
Desde la oposición le recordaron que el Decreto Nº 232 de 2024, que reglamentó la llamada ley de internación compulsiva (Nº 20.279), ya estipulaba que funcionarios del Mides, sin necesidad de firma médica, pudieran conducir a una persona a un centro de atención si su salud corría riesgo en la intemperie, recurriendo a la fuerza pública de ser necesario, y cuestionaron a las autoridades por no usarlo. En la sesión parlamentaria de este miércoles, legisladores de la opsición le recodaron a Civla sus criticas a esa ley cuando era legislador.
Civila leyó la ley e insistió con que el texto exige el aval médico pero aclaró que como ministro no dio “ninguna instrucción del 1º de marzo en adelante de desistir en el uso de esa herramienta” e incluso dio cifras sobre las veces en las que se usó que no difieren tanto de las del año pasado, cuando entró a regir la norma.
El ministro también aseguró que "este ministerio no va a mirar para el costado ante ninguna situación que pueda configurar una omisión o un abordaje inadecuado del tema".
Las cifras que dieron en el Parlamento exponen la magnitud del problema y las grietas del sistema. Un relevamiento realizado durante la emergencia reveló que el 45% de las personas atendidas en los centros de evacuados nunca había pisado un refugio en los últimos seis meses. También que se trata de una población más joven y mayoritariamente masculina que el sistema tradicional no logra captar.
Por otro lado se mencionó que hay casi 950 personas en el interior del país en situación de calle, sabiendo que siempre hay un porcentaje al que no se accede y por lo tanto solo datos parciales.
Más allá de ideologías o incluso de cifras que confirman un diagnóstico ya conocido desde hace años -cada vez hay más gente en la calle-, la fría realidad es que entre esas personas se siguen muriendo. Y no son los únicos que están en riesgo, también lo están los evacuados por las inundaciones que en estos momentos la están pasando muy mal y quienes viven en asentamientos y no pueden calentarse fácilmente. La verdadera alerta roja son esos miles de uruguayos a los que el sistema político y el gobierno de turno tienen que dar respuestas humanas, claras y contundentes.
