Solo en 2024, se asignaron unos US$ 7 millones a este tipo de beneficios, según se desprende de los presupuestos operativos de 15 organismos del Estado, procesados por El Observador.
Estas primas se crearon hace varias décadas y fueron consolidadas durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco (1967-1972), cuando se universalizó el acceso a beneficios como el pago por “hogar constituido” y la asignación familiar entre los funcionarios públicos.
“Antes eran privilegios, algunos lo cobraban y otros no, pero a partir de esa época se extendió a todos”, explicó a El Observador el contador, economista y especialista en administración pública, Alberto Sayagués.
20250325 Presidencia, Torre Ejecutiva.
Foto: Inés Guimaraens
Además del origen histórico, estas compensaciones también responden, según Sayagués, al vínculo entre los sindicatos y el sistema político.
“Sindicatos con fuerza siempre ponen cosas de esas en la negociación salarial, meten una y te la enchufan”, comentó. En su visión, este tipo de partidas suelen negociarse como moneda de cambio. “Los jerarcas, cuyo norte es solamente la próxima elección, conceden beneficios permanentes a cambio de acuerdos provisorios”, criticó.
¿Quiénes las cobran y cuánto representan?
El relevamiento incluyó 15 organismos (básicamente entes autónomos y servicios descentralizados), entre los que estuvieron Ancap, UTE, OSE, Banco República, Antel y el Correo.
En total, en 2024, las empresas públicas destinaron $ 315.996.092 (US$ 7.170.972) para el pago de primas por hogar constituido, $ 6.655.117 (US$ 151.026) por nacimiento y $ 3.118.504 (US$ 70.768) por matrimonio.
Según la normativa vigente, el pago de la prima por “hogar constituido” corresponde a los funcionarios casados o en concubinato reconocido por la ley, o con familiares a cargo hasta el segundo grado de consanguinidad inclusive.
El presupuesto aprobado de UTE para 2024 indica varias franjas para el pago de la prima por “hogar constituido” a los funcionarios. Para la que agrupa a la mayor cantidad de empleados, la prima es del 24% de una Base de Prestación y Contribución (BPC). El valor actual de la BPC es de $ 6.576, por tanto el beneficio asciende a $ 1.578,24.
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Llamados laborales en UTE
Leonardo Carreño
Ancap establece que las primas por matrimonio, nacimiento y “hogar constituido” se ajustarán de acuerdo con los aumentos que se decreten para la BPC. En los dos primeros casos, los beneficios superan 1 BPC y son de $ 7.694 cada uno. Los funcionarios además perciben el pago de la asignación familiar.
El presupuesto de OSE va en la misma línea y explica que la administración abonará la prima por matrimonio, nacimiento y otros beneficios sociales correspondientes conforme a las leyes vigentes.
De manera frecuente, las empresas públicas citan una serie de normas para aplicar el pago de los diferentes beneficios. Allí se enumeran el decreto de ley 15.728 de abril de 1985 que estableció la prima por "hogar constituido" para los funcionarios públicos, la ley 15.748 que dos meses después (junio 1985) modificó artículos de ese decreto y la ley 17.856 de 2004, creadora de la BPC.
También se menciona el decreto 531 de noviembre de 1984 que fijó la asignación familiar y diferentes textos que aprobaron rendiciones de cuentas.
“Si las suprimís, vuelven a nacer”
Aunque podrían parecer marginales por el monto, estas primas se aplican a lo largo y ancho de todo el aparato estatal uruguayo. Las perciben todos los trabajadores del Estado —incluso el presidente de la República— sin importar sus niveles de ingresos o sus categorías de funcionarios.
En relación a los requisitos para acceder a estas compensaciones, según Sayagués, en algunos casos basta con una declaración jurada, en tanto, la prima por “hogar constituido”, puede probarse con un acta de matrimonio o con el reconocimiento por ley del concubinato.
En ese sentido, recordó que en los años 70´, cuando se incrementaron estos beneficios, el sistema de control era muy laxo: “mucha gente decía ‘mi hermana está a mi cargo’, presentaba la partida de nacimiento de la hermana y ya entraba a cobrar, aunque vivieran con la madre”.
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Leonardo Carreño
Pese a que el Estado destina millones por año al pago de estas partidas extrasalariales, Sayagués consideró que su impacto en el ingreso familiar “no es mucho” y que por eso nunca se ha planteado seriamente su eliminación. Sin embargo, advirtió que si se intentaran quitar esos beneficios, los funcionarios pedirán “algo” a cambio.
Este tipo de compensaciones reflejan una lógica que se arrastra desde hace décadas en el Estado uruguayo. Para Sayagués, “lo ideal sería que existieran solamente salarios y aumentos de salarios, pero no es lo que ocurre”, afirmó.
Según explicó, estas partidas funcionan como mecanismos paralelos para mejorar los ingresos sin modificar las escalas salariales de fondo, una práctica que, a su entender, se consolidó en el país desde 1940 cuando el proceso inflacionario comenzó a distorsionar el sistema salarial.
Su eliminación no parece ser una opción sencilla ni realista dentro del funcionamiento del Estado. “En estas cosas yo aprendí que si las suprimís, vuelven a nacer”, concluyó Sayagués.
