Durante años, Uruguay pensó su inserción internacional como una cuestión relativamente estable. El mundo no era justo ni equilibrado, pero era razonablemente previsible. Las reglas existían, el multilateralismo funcionaba (con altibajos pero funcionaba) y la democracia liberal seguía siendo el modelo a alcanzar. En ese escenario, un país pequeño, serio y con una democracia relativamente estable podía ganarse su lugar y su reconocimiento en el concierto internacional. Pero la realidad es que hoy esos supuestos han empezado a resquebrajarse.
Ciertamente, todavía no sabemos si estamos frente al inicio del colapso del orden internacional dominante, pero sí —al menos— frente a una transición cargada de tensiones. Las guerras vuelven a ocupar el centro de la escena, el comercio se transforma en arma geopolítica, las potencias desafían abiertamente las normas que ellas mismas ayudaron a construir y las democracias muestran signos de desgaste interno. En este contexto, la pregunta por el lugar de Uruguay en el mundo deja de ser un asunto meramente diplomático para convertirse en una pregunta con hondura política y social.
No se trata de una ruptura abrupta ni de un “nuevo régimen” ya establecido, sino de una transición que seguramente será prolongada y convulsa, en la que coexistirán elementos del orden anterior con dinámicas profundamente nuevas. El marco que predominó durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX —reconstruido tras la Segunda Guerra Mundial y profundizado luego del fin de la Guerra Fría— nunca fue un mundo perfecto, pero sí ofreció ciertos márgenes de previsibilidad e institucionalidad para la mayoría de los países. Hoy, esos márgenes están siendo tensionados por cambios geopolíticos, económicos y culturales que desafían directamente la forma en que los Estados medianos y pequeños —como Uruguay— se integran al sistema global.
Una de las figuras que mejor ha descrito este cambio es Mark Carney, primer ministro de Canadá y exgobernador de los bancos centrales de Canadá y del Reino Unido. Su experiencia al frente de instituciones como el Banco de Inglaterra, en medio de crisis financieras globales, le ha permitido observar con nitidez cómo el orden basado en reglas está perdiendo su centralidad. Bajo el “antiguo régimen”, el comercio, las finanzas y la política exterior se articulaban en torno a normas aceptadas y canales multilaterales que, aunque imperfectos y muchas veces violados, seguían ofreciendo códigos comunes y una base compartida de interacción. Hoy esa base está en disputa: acuerdos multilaterales conviven con negociaciones bilaterales asimétricas, y las herramientas económicas —aranceles, sanciones, control tecnológico— se convierten cada vez más en instrumentos de presión política. Este cambio coloca a los países pequeños en una posición más vulnerable, porque ya no basta con cumplir las reglas para estar protegidos y a resguardo.
Erosión silenciosa
Al mismo tiempo, este debilitamiento de las reglas externas se combina con otra tendencia preocupante: el vaciamiento de las democracias desde adentro. El historiador italiano Steven Forti, especializado en el estudio de la extrema derecha y los procesos contemporáneos de autocratización, sostiene que el gran riesgo no es el colapso repentino de los regímenes democráticos, sino su erosión silenciosa. En muchos países, si bien el ritual electoral se mantiene, es claro que el margen real de control ciudadano sobre el gobierno se estrecha; las instituciones democráticas sufren una creciente concentración de poder; la desigualdad social erosiona la igualdad política; y la frustración alimenta demandas de orden y liderazgos personalistas. El resultado no es necesariamente una dictadura, sino una democracia cada vez más formal, más débil y más dependiente de líderes fuertes que prometen soluciones simples y atajos fáciles frente a problemas complejos.
En simultáneo, la geopolítica internacional muestra signos de multipolaridad creciente, lo cual viene siendo señalado con insistencia por varios analistas y políticos, entre los que se destaca la voz de Alexander Stubb, presidente de Finlandia y experto en relaciones internacionales. Según su perspectiva, occidente ya no organiza el sistema mundial con la misma coherencia que en el pasado. Estados Unidos y Europa continúan siendo actores relevantes, pero ya no ejercen por sí solos la hegemonía normativa y geopolítica que tuvieron durante décadas. China, India, Rusia y otros polos regionales disputan influencia económica y política. Esta tendencia se expresa en conflictos y rivalidades concretas: la prolongada guerra entre Rusia y Ucrania, que ha alterado todo el flanco europeo y obligado a redefinir alianzas estratégicas; la guerra comercial de Estados Unidos con China, que ha convertido el comercio global en un campo de batalla de intereses y sanciones; y, más recientemente, la decisión de Estados Unidos de intervenir militarmente en Venezuela en 2026, derrocando al presidente Nicolás Maduro, lo que generó fuertes tensiones diplomáticas por el uso de la fuerza en un país soberano.
La idea principal que queremos plantear aquí es que este conjunto de tendencias —la erosión de un orden basado en reglas, la fragilización interna de las democracias y la conformación de un sistema internacional más multipolar y competitivo— constituye un desafío estructural para países como Uruguay. Por contraposición, no hay dudas que el país se benefició del régimen internacional que predominó en las últimas décadas. No porque ese orden fuera justo o equitativo para todos, sino porque, aun con sus limitaciones, ofrecía canales de mediación, espacios institucionales y una relativa previsibilidad. Y en ese contexto, nuestra mentada “excepcionalidad” era redituable.
Durante mucho tiempo y pese a todo, las reglas internacionales ofrecían al Uruguay ciertos resguardos. Si bien el comercio internacional siempre estuvo atravesado por intereses políticos, se desarrollaba dentro de marcos relativamente institucionalizados que atenuaban la discrecionalidad. Los arbitrajes y los mecanismos multilaterales —desde la Organización Mundial del Comercio hasta bloques regionales como el Mercosur y la Organización de Estados Americanos— ofrecían plataformas para canalizar disputas y hacer valer intereses dentro de reglas compartidas. Y en última instancia, la diplomacia con base en normas compartidas permitía negociar desde la racionalidad más que desde la fuerza. En ese contexto, Uruguay no necesitaba peso militar ni capacidad coercitiva: la pertenencia a normas y marcos colectivos permitía amplificar su voz, más allá de su tamaño y su escaso peso económico.
Ese multilateralismo, aunque imperfecto, fue lo que posibilitó la proyección internacional de países chicos destinados, de otro modo, a quedar al margen. A través de organismos internacionales, Uruguay construyó reputación como país serio, previsible y comprometido con el derecho internacional, lo cual se tradujo en una capacidad de interlocución más allá de su tamaño. El perfil moderado y gradualista del país, a menudo criticado en el plano doméstico por su “chatura”, sin dudas era una ventaja estratégica en el mundo de las relaciones exteriores.
Por otra parte, la centralidad normativa de Occidente —el hecho de que los valores democráticos, el Estado de derecho y los derechos humanos funcionaran como referencia— incrementaba la legitimidad de ese perfil. Uruguay no era una rareza: era una réplica a pequeña escala de ese modelo dominante. El comercio internacional, menos politizado que hoy, nos permitía exportar sin tener que realizar alineamientos explícitos ante los conflictos de poder. Y, aunque los abusos existían, el predominio de reglas compartidas funcionaba como protección relativa para países vulnerables como el nuestro.
Pero hoy, todo eso ya no puede darse por sentado. En la transición actual, muchos de esos pilares se han vuelto frágiles e inciertos. No han desaparecido completamente, pero su vigencia ya no puede asumirse como automática. En este nuevo entorno, la pregunta no es cómo volver al mundo de antes, sino cómo adaptarnos sin perder aquello que nos dio estabilidad y margen de acción.
Una primera respuesta consiste en avanzar hacia una política exterior de Estado, más allá de las fluctuaciones partidarias. Cuando las reglas globales son menos sólidas y las presiones externas más intensas, la coherencia interna se vuelve una forma de poder. Para un país pequeño, hablar con una sola voz proyecta una consistencia, reduce vulnerabilidades y mejora la capacidad de negociación. En este sentido, detrás de los intentos actuales de elaboración de orientaciones comunes para la política exterior uruguaya —respaldadas por varios partidos— parece asomarse la comprensión de este desafío. La búsqueda de consensos básicos en política exterior no solo es diplomáticamente útil, sino un indicador de cohesión interna proyectada hacia afuera.
En segundo lugar, defender la soberanía del siglo XXI implica reconocer que la autonomía política se juega en dimensiones concretas como el control de energía, la seguridad cibernética, la infraestructura estratégica y la gestión de datos. Perder capacidad de decisión en estas áreas significa depender de actores externos en momentos críticos, todo lo cual reduce la libertad de acción interna en un mundo transaccional.
Tercero, y tal vez lo más relevante. Apostar por la cohesión social interna es una estrategia clave para enfrentar la actual tendencia de las democracias a debilitarse y vaciarse por dentro. En un mundo incierto, con democracias que no logran cumplir con sus promesas de bienestar, los países más cohesionados suelen resistir mejor las crisis externas, negociar con mayor fortaleza y ser menos permeables a las polarizaciones y tensiones importadas. Cuidar la integración social, fortalecer nuestra educación pública, priorizar la salud mental de la población, sobre todo de adolescentes y jóvenes, y trabajar cotidianamente para que el debate público no se reduzca a la indignación permanente no son sólo prioridades éticas, sino estratégicas en términos de supervivencia democrática.
El nuevo orden internacional no se terminará de definir mañana ni el año que viene. Será un proceso largo, conflictivo y contradictorio. Pero hay algo que ya puede afirmarse con bastante certeza: el contexto internacional ya no juega automáticamente a favor de Uruguay. La estabilidad, la previsibilidad y la centralidad de las reglas —que durante décadas funcionaron como una red de contención— hoy están en disputa.
En este escenario, la excepcionalidad uruguaya deja de ser un dato observable y se convierte en una tarea cotidiana. No alcanza con invocarla. Hay que construirla, o mejor dicho, reconstruirla con nuevos significados. Y eso exige decisiones concretas: construir una política exterior de Estado para no quedar a merced de un mundo donde manda el más fuerte; defender las soberanías del siglo XXI para no perder autonomía en un tablero multipolar; y, sobre todo, cuidar la cohesión social y la calidad democrática en un tiempo en que las democracias —como nos recuerda Forti— se están vaciando por dentro.
Si Uruguay logra hacerlo, puede seguir siendo un país pequeño con voz, con reglas internas creíbles y con capacidad de negociación en un mundo cada vez más duro. Si no, corre el riesgo de descubrir —demasiado tarde— que la excepcionalidad que creía tener funcionaba solo mientras el mundo la acompañaba. Y ese mundo, hoy, ya no es el mismo.
