Sobre fines de año el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social anunció tres iniciativas que, aparentemente, impulsará en el próximo año. Por un lado, señaló que enviará al Parlamento un proyecto de ley con el objetivo de establecer la obligación del empleador de informar previamente sobre la decisión de despedir trabajadores. En tal sentido, toma como fundamento el Convenio Internacional Nº 158 que aún no ha sido ratificado por nuestro país.
Más allá del debate jurídico que corresponda dar con respecto a esta iniciativa, lo que sorprende es que el Ministerio haya fundamentado el interés de impulsar esta propuesta como un camino para responder y, eventualmente evitar, el retiro de empresas del país que han representado la pérdida del empleo para todos los trabajadores de esos lugares de trabajo. No existe duda de que esta norma, en caso de aprobarse, sería vista por los empleadores como una afectación de su libertad de contratar. Más allá de que obviamente en nuestro Derecho existen normas muy claras sobre las obligaciones de indemnizar al trabajador que es despedido.
Por otra parte, las empresas que se han retirado del país, dejando a sus trabajadores sin empleo, han manifestado que esta decisión se debe a que nuestro país es menos competitivo con respecto a otras localizaciones en otros países que presentan reglas de juego más favorables.
Entonces, ¿qué se le ocurre al Gobierno para responder a esta situación? Pues aumentar las normativas que hacen menos competitivo aún a nuestro país. No hay duda que incluir requisitos más exigentes para que un empleador despida a un trabajador desalienta a una empresa internacional la posibilidad de instalarse en nuestro país.
Por lo tanto, el razonamiento del Poder Ejecutivo es absurdo y contradictorio, puesto que la inclusión de este cambio normativo no tendrá otro efecto que generar más incentivos a no instalarse en nuestro país o retirarse ante mejores oportunidades en otros países.
En segundo lugar, se anunció que se impulsará una norma para la reducción de la jornada laboral.
Esta iniciativa así expresada si se impulsara de manera generalizada por vía legislativa, como intentó hacerlo la bancada de Senadores del Frente Amplio en el período de gobierno anterior, generaría un efecto inmediato de aumento de los costos laborales que afectaría significativamente la rentabilidad de cualquier empresa y pondría en riesgo su propia viabilidad.
Nuevamente, su efecto sería contrario a la posibilidad de aumentar los puestos de trabajo y el crecimiento de nuestra economía. En efecto, la única posibilidad de implementar la reducción de la jornada laboral es mediante un acuerdo que vincule esta decisión a una mejora de la productividad.
Pero, vincular la reducción de la jornada laboral a una mejora de la productividad implica necesariamente que estas decisiones se tomen a nivel de cada sector de actividad o, incluso, a nivel de cada empresa. Así se hizo con éxito en el sector de la bebida desde hace ya muchos años.
En efecto, la medición de la productividad varía sensiblemente según de que actividad se trate y, por lo tanto, los indicadores para su medición son distintos para que sean de utilidad. Por lo tanto, se debe llevar adelante un trabajo profundo y muy profesional para alcanzar entendimientos bipartitos que permitan mejorar la productividad de tal modo que la reducción del tiempo de trabajo no afecte la rentabilidad de las empresas.
Y aquí llegamos al tercer punto de los anuncios. El Ministerio de Trabajo anunció que se trabajará en la mejora de la productividad.
Sin embargo, cuando se examinan las pautas presentadas por el Gobierno para la 11ª Ronda de Consejos de Salarios, se advierte que en la negociación colectiva promovida desde el gobierno no existe ninguna referencia a la inclusión de la mejora de la productividad como un componente a considerar en los acuerdos salariales.
Entonces, parece bastante claro que los anuncios no están acompañados de ideas concretas para avanzar y, es más, en algunos casos eventuales avances pueden representar significativos retrocesos en la mejora de las condiciones de competitividad de nuestra economía y, por lo tanto, en las oportunidades de crecimiento de nuestra producción y de los puestos de trabajo.
Habrá que estar atentos a los próximos pasos que dará el Gobierno si resuelve avanzar en los anuncios presentados, por el alto riesgo de que posean efectos contrarios a los buscados.
Nos queda, además, la duda sobre la sintonía entre estas ideas y las posturas del equipo económico que no parecen ser coincidentes con estas iniciativas. El tiempo dirá.
