Hace unos meses escribí sobre las bondades de ser estafador en Uruguay por ser un delito que se denuncia poco, se investiga mal o no se investiga y cuando es penado –en la mínima parte que llega a la Justicia- tiene penas que resultan chistosas para el caso de robos millonarios. Lo relacionaba con el caso Conexión Ganadera y los otros llamados fondos ganaderos, por configurar juntas la estafa más grande de la historia del país, dejando a 7.000 damnificados, la gran mayoría de ellos trabajadores de clase media, que perdieron ahorros por más de US$ 400 millones.
Esta vez, en la newsletter EnClave te hablaré de la falta de voluntad política para llegar a fondo en las investigaciones. Primero, por no asignar los recursos necesarios en el Presupuesto a la Fiscalía, para que pueda investigar seriamente, y por otro, por negarse a formar una comisión investigadora para detectar las serias fallas, omisiones y tal vez la corrupción que ha habido en estos 25 años en varios organismos estatales.
El fiscal Rodríguez les informó a un grupo de damnificados con quien se reunió días atrás, como reporté en esta nota, que aun no se había podido enviar a Estados Unidos un escrito solicitando oficialmente información sobre cuentas que los directores tenían en ese país porque no pudieron pagar el traductor para redactar el documento en inglés.
Esa misma fiscalía tiene el caso de la corredora de bolsa Sara Goldring, imputada por apropiación indebida en diciembre de 2023 por haberle ocasionado pérdidas de US$ 100 millones a decenas de damnificados. Pues también precisan un traductor, ya que llegó documentación de Estados Unidos que, obviamente, está en inglés.
Una fuente de la Fiscalía dijo que están viendo de donde conseguir recursos para contratar traductores. Ante ese panorama en el caso de Conexión Ganadera los propios inversores se ofrecieron a pagar el trabajo de esos profesionales ya que entre 4.000 podrían reunir el dinero. El fiscal les agradeció pero les dijo que eso no es legalmente posible.
Además las cuatro fiscalías especializadas (las tres de Delitos Económicos y la de Lavado) se turnan para que una contadora que contrató la fiscalía de Corte los asesore. Al caso Conexión Ganadera está asignada dos veces por semana, y por lo tanto no da abasto para analizar la información que permanentemente llega de la Unidad de Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central o la Secretaría Antilavado.
La propia fiscal de Corte, Mónica Ferrero, dijo cuando fue al Parlamento a pedir recursos en la ley de Presupuesto, que frente a organizaciones criminales internacionales que se están instalando en nuestro país urge tener recursos y herramientas tecnológicas. “Sin dinero va a ser muy difícil que combatamos la delincuencia -créame que va a ser muy difícil-, incluido el lavado de activos”. Señaló que por su experiencia en investigar esos casos, “para pegarles a los delincuentes hay que ir por los bienes”.
Teniendo en cuenta lo que han crecido las estafas en Uruguay, que se han convertido en el tercer delito más denunciado y desde 2018 a la fecha se han multiplicado por cinco, la fiscalía pidió la creación de dos fiscalías especializadas en estafas y dos fiscalías especializadas en Cibercrimen. Sin embargo, el Ejecutivo sólo recogió la creación de una fiscalía de cibercrimen. No contempló las de estafa.
Sin recursos no se puede investigar y menos, incautar los bienes de la delincuencia.
El planteo de crear una comisión investigadora por Conexión Ganadera
Damnificados por Conexión Ganadera en el Parlamento 2
Damnificados por Conexión Ganadera en el Parlamento 2
Joaquín Pisa
Un grupo de damnificados de Conexión Ganadera ha decidido unirse para juntar fuerzas y lograr que se forme una comisión investigadora. Ya se han reunido con el prosecretario de la Presidencia Jorge Díaz, con el fiscal Rodríguez y con la Comisión de Hacienda del Senado (foto). Buscan que no sólo paguen los responsables de la estafa y sus cómplices, sino también para que se enmienden los errores y omisiones estatales.
Según surge de la versión taquigráfica recogida de esa reunión que se realizó el 14 de agosto, los inversores afirmaron que “una estafa de esta magnitud no pudo ser posible sin errores u horrores del Banco Central, DGI, BROU, Secretaría Antilavado, Ministerio de Ganadería y Ministerio del Interior”.
“No pedimos que el estado se haga cargo de la deuda, pedimos que se haga cargo de sus errores y que colabore en esclarecerlos. Nos encontramos frente a una asociación para delinquir con una madeja de corrupción, testaferros y lavado de activos difícil de cuantificar hasta ahora. Recordemos que este no es un contrato entre privados, es una estafa de unos privados a otros privados con la participación por acción u omisión de funcionarios públicos”, advirtieron.
Calificaron como una “puñalada” que la DGI, que estuvo 25 años sin controlar nada, se haya presentado como acreedora del concurso tardíamente. Además señalaron que incurre en una contradicción con el Banco Central que ha planteado que ese tipo de inversiones no podrían ser catalogadas como inversiones financieras, sino que eran contratos de capitalización ganadera, mientras que la DGI se presenta ante el concurso necesario a reclamar las retenciones impagas por IRPF de los contratos financieros de Conexión Ganadera.
Si bien el reclamo de la DGI es por US$ 6,5 millones, con las multas y recargos puede llegar a los US$ 15 millones y al ser un organismo estatal la ley concursal lo coloca antes que a los damnificados para cobrar. Esa situación, teniendo en cuenta que “el agujero” de la empresa es de US$ 300 millones y el activo que tiene la empresa hoy -básicamente las vacas que quedan- es de US$ 40 millones, deja con pocas chances de cobro a los inversores.
Frente a todos estos planteos la respuesta de los legisladores fue que el tema “los excede”.
Así por ejemplo el senador Daniel Caggiani del MPP dijo: "El tema debería haber sido motivo de la creación de una comisión investigadora en el Parlamento, pero el tamaño y la magnitud (...) nos excede en nuestro trabajo”. El legislador afirmó que es un tema complejo que “el Parlamento generalmente no aborda” y que se trata de “un área de la sociedad o de la economía del país que está desregulada”.
El nacionalista Sergio Botana pidió que las palabras de los damnificados y el documento que entregaron se enviaran al Poder Judicial, a la DGI, al Banco Central del Uruguay, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a la Secretaría Antilvado para que revisen “algunos controles que no se estén ejerciendo debidamente”.
Dejó abierta la puerta al señalar que el tema “seguramente amerite una nueva reunión de la comisión para debatirlo".
Sin embargo, pese a que la presidenta de la comisión, la también emepepista Bettiana Díaz, mencionó en la sesión el caso de la investigadora que se formó por los Panamá Papers y como de allí surgió “un producto legislativo, que fue la Ley Integral contra el Lavado de Activos”, los damnificados me contaron que les respondieron extraoficialmente que no le darían curso a su planteo.
¿Si el Parlamento no aborda este tipo de temas, qué temas aborda?
¿Por qué sería fundamental la formación de una investigadora para la compra de María Dolores, como propuso recientemente la oposición, y no lo es este tema?
El negocio de la estancia en Florida podrá ser cuestionable, postergable o innecesario, pero este parece ser un tema de mayores dimensiones.
No hay que olvidar que las investigadoras no sustituyen a la justicia que es la que investiga delitos y castiga a sus responsables pero sí puede aportar elementos, como pasó en un pasado no tan lejano con el caso Ancap que el Parlamento aportó elementos a la Justicia.
¿No será el momento que los políticos dejen de mirar para el costado frente a estas estafas en las que el estado estuvo omiso durante tantos años? Además, teniendo en cuenta la falta de recursos de la justicia para investigar en serio y a fondo, ¿el Parlamento no podría hacer su aporte?
