Mejoras del sector inmobiliario en la lucha antilavado

En la práctica, tanto en Uruguay como sucede en todo el mundo con los países supervisados por el GAFI o sus Entidades Equivalentes regionales (GAFILAT), existe una menor percepción del riesgo de ser utilizados para el lavado por parte de los sectores no financieros que por los financieros. Se produce allí también una resistencia de los primeros a tener que invertir (o gastar) dinero en llevar adelante los procedimientos antilavado que puede desembocar en terminar afectando la efectividad o eficacia del sistema antilavado en dichos sectores.

El sector inmobiliario es atractivo para los grupos delictivos y también para los genuinos inversores, porque los activos que ofrece son de una "clase" estable y factibles de aumentar su valor a través del tiempo. Y así como un inversor, comprando y vendiendo puede hacer buenas ganancias, también los grupo delictivos pueden aprovechar dichas operaciones para lograr hacer perder la trazabilidad del dinero ilícito por montos muy altos por cada operación.

En ese sentido, tiene una alta eficiencia y es por eso que es muy utilizado. Por ejemplo, hay innumerables muestras de que, en casos de corrupción, el dinero termina en operativas en el mercado inmobiliario. Los "productos" utilizados son variados, desde condominios de lujo hasta edificios de oficinas, campos o complejos industriales. La Senaclaft este año ha publicado un informe sobre Tipologías utilizadas en Uruguay y la región para el lavado de dinero, y allí, en varios de los casos expuestos, aparece como sector vulnerado el Inmobiliario.

Senaclaft viene trabajando con el sector Inmobiliario hace años (así como con otros sectores también) para justamente lograr una mejor percepción del riesgo de lavado en los integrantes de dicho colectivo. Lo ha hecho a través de reuniones periódicas e incluso capacitaciones exclusivas. Producto de ello (y de otros factores obviamente) el sector ha impulsado el proyecto de ley de Operador Inmobiliario, que crearía un Registro Nacional de sus profesionales, apuntando entre otros varios objetivos a reducir la informalidad en el sector. El GAFI siempre ha impulsado la idea de que todos los sectores no financieros tengan autorregulación obligatoria, ya que con ello se contribuye a fijar estándares y evitar desigualdades en la práctica profesional. Entre otros, la ley obligaría a los registrados a cumplir con la normativa vigente en materia de combate al lavado de activos.

Otro resultado de la interacción del sector con la Senaclaft (y del interés de éste por mejorar sus estándares) fue el incremento del 56% de los ROS realizados en 2023 respecto al año anterior, que significa un 17% de incremento si se toman los últimos 5 años. En 2023 el sector fue el 2° en cantidad de reportes, siendo superado solo por el sector casinos, que, por el volumen y características de su operativa, suele ser el que tiene la mayor actividad en ese sentido.

En la Estrategia Nacional de Riesgos, que está por ser aprobada, basada la misma, en la evaluación nacional previa que se llevó a cabo el año pasado, se plantean incluir algunas actividades que no están abarcadas por la normativa actual, como ser la compraventa de acciones de sociedades propietarias de inmuebles y las compraventas que se realizan en el exterior. El ataque a la informalidad del sector forma parte de la estrategia y como ya se comentó, el proyecto de ley en análisis va en dicho sentido. Por último, se plantea considerar un análisis particular del origen de fondos y los beneficiarios finales de las grandes inmobiliarias, que quedan a veces fuera de la normativa actual.

En resumen, un sector que se encuentra expuesto al riesgo de lavado de activos debe estar en constante proceso de adecuarse a la normativa y mejorar sus resultados. El mantenimiento de buenos niveles de capacitación es fundamental para dicho objetivo. Quedan desafíos, como por ejemplo, mejorar la aplicación del enfoque basado en riesgos, que permita saber en qué casos se debe intensificar la debida diligencia y estar más atentos.

La LUC hizo modificaciones y producto de ella, muchos sujetos interpretaron erróneamente la forma de evaluar las operaciones en efectivo, así como con otros factores importantes a tener en cuenta. Es por ese camino que deben continuarse con los esfuerzos.