Por fuera de los fuegos de artificio políticos y los cruces entre oficialismo y oposición ¿qué está pasando en la gestión de la seguridad?
Siete homicidios en menos de 48 horas y una balacera en la puerta del exComcar con la intención de asesinar a un preso en el momento en que era liberado –algo que nunca había pasado según las propias autoridades- llevan a poner una vez más el foco en la gestión de la seguridad.
Mientras las autoridades policiales lo han definido como “una epidemia de violencia” que trasciende lo delincuencial y dificulta su prevención, la oposición disparó contra el ministro Carlos Negro exigiéndole liderazgo y que diera la cara. Él les respondió que “no es momento de valoraciones políticas”.
Por fuera de los fuegos de artificio políticos ¿qué está pasando en la gestión de la seguridad? ¿Cómo se encastra la elaboración del plan de seguridad nacional que se dará a conocer en los primeros meses de 2026 con el día a día para evitar más homicidios? Este será el tema de la newsletter EnClave.
El criminólogo Emiliano Rojido, asesor del Ministerio del Interior y coordinador del Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP) para 2025–2035, ha explicado que las autoridades están atacando el problema de la seguridad en dos niveles. Por un lado, el Ministerio del Interior desde sus competencias, con inteligencia, intervenciones en tecnología para prevenir y cuando ya ocurrieron los crímenes con investigación para esclarecerlos y garantizar que no queden impunes.
A su vez advierte Rojido que se necesitan otro tipo de medidas, sostenidas en el tiempo y que trasciendan a los gobiernos, y de ahí que en el segundo plano se trabaja en la elaboración de un plan integral que será presentado en los primeros meses de 2026.
En su propia web el PNSP es presentado como “un instrumento estratégico fundamental del Gobierno Nacional (…) para avanzar hacia un país más seguro, justo y democrático”. Bajo la lógica de que "la seguridad pública es una responsabilidad compartida" entre agencias del Estado y la sociedad, se trazó el plan de acción que ahora se centra en el debate con los partidos políticos, asociaciones y otros grupos, de donde surgirán las propuestas concretas que se empezarán a aplicar en marzo de 2026.
La idea va en la línea con lo que empezó a pasar en la pasada administración cuando Diego Sanjurjo (hoy encargado del área de datos estadísticos de Interior) y los académicos fueron tomando peso en la gestión política del Ministerio del Interior, primero con Luis Alberto Heber y luego con Nicolás Martinelli.
De hecho Rojido mantuvo varias reuniones con ambos ministros entre 2023 y 2024 y lograron convencer a las autoridades políticas que si el delito no se ataca por sus causas sociales y en conjunto todo el Estado, será una batalla perdida. El propio Rojido ponía el ejemplo en entrevista con La Diaria de que “una buena atención médica en los tres o cuatro centros de emergencia médica donde se concentran los heridos por armas de fuego, donde la gente llega a morir transformaría esos homicidios en heridos”.
Eso puede salvar vidas pero no ataca el problema de la seguridad pública, por lo que también se precisa una pata policial fuerte y activa.
El problema está en que no es posible esperar a que un gobierno y las autoridades que asumen al frente de la seguridad se tomen un año para anunciar un plan. Es comprensible que la estrategia integral se necesita y que armarla lleva tiempo pero falta contundencia en el mensaje de las autoridades políticas del Ministerio del Interior a la hora de transmitir y demostrar cómo se está actuando para combatir la violencia hoy.
Los siete homicidios en un día son espantosos y generan conmoción social pero ya hemos tenido días así de violentos en los últimos años y seguramente habrá otros. Lo alarmante es que las cifras de homicidios se mantengan en uno por día, 30 por mes en promedio y cerca de 400 al año (en 2024 fueron 377 y en 2023, 373).
Esta situación habilita el fuego cruzado político y los reclamos de mayor firmeza que se le reclamaba al gobierno pasado. Cuando en 2022 se dispararon los homicidios después de la aparente calma generada en la pandemia, el Frente Amplio interpeló al entonces ministro Luis Alberto Heber.
En aquel momento el Frente Amplio (FA) le propuso a Heber declarar un estado de emergencia en seguridad. El diputado Sebastián Valdomir decía que la emergencia implicaba reconocer que se necesitaban más recursos para la seguridad porque de lo contrario lo “estaban mandando a la guerra con un tenedor”, a lo que el entonces ministro respondió que era un planteo “más marketinero que otra cosa” porque la situación había sido peor en los gobiernos del FA.
Negro respondió este viernes a las críticas políticas: "Este no es un momento de vraloraciones políticas ni es momento de hacer política. Cuando tengamos que hacerla la vamos a hacer en el ámbito que corresponde. Hoy no es el día”.
Ni con Heber ni con Negro es algo que se pueda controlar. El ministro de seguridad es fusible que primero salta ante una crisis de inseguridad y como tal está sujeto a las críticas de la opinión pública y de la oposición y tendrá que saber que con los actuales niveles de violencia seguirá estando en la picota.
También desde el gobierno y concretamente desde la Torre Ejecutiva donde designaron a Negro, tendrán que saber sin plata no habrá seguridad. Se sabe que la sábana es corta y hay muchas necesidades pero la seguridad tiene que estar entre las prioridades.
El Presupuesto Nacional del gobierno de Orsi que está a estudio del Parlamento asignó muchos menos recursos de los que el Ministerio del Interior había pedido. Concretamente, por mencionar algunos puntos, se había pedido fortalecer las unidades de investigaciones y más vehículos blindados para el control fronterizo y de zonas complicadas, que no fueron incluidos.
Incluso se incumplen promesas que estaban en el programa del Frente Amplio, como mencioné en una columna anterior en la que comparé lo propuesto por las 63 prioridades del gobierno.
Esta semana se supo que las encuestas de victimización planteadas como un instrumento fundamental a la hora de armar planes de seguridad, teniendo en cuenta que las denuncias tienen un subregistro enorme, no fueron incluidas en el presupuesto. El INE había pedido casi 40 millones de pesos para costear cada una de las dos encuestas nacionales de victimización.
El secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez aseguró que el gobierno está “buscando colaboración con otros organismos multilaterales para realizar dicha encuesta”, lo que las coloca en el casillero de incertidumbre.
También se requiere transparencia y no decretar como reservados los resultados o estudios que permiten a la opinión pública evaluar los planes. Así lo hizo por 15 años con las evaluaciones realizadas al programa Barrios sin violencia por el que se aplica la estrategia de mediadores de la ONG Cure Violence para intentar reducir la cantidad de homicidios. Ante un pedido de acceso a la información pública realizada por El Observador en la que se solicitaban todas las evaluaciones realizadas al programa desde que comenzó a implementarse en 2024.
Este viernes Negro dio una conferencia de prensa en la que destacó el trabajo policial, que aseguró permitió alcanzar "casi 90% de aclaración de los hechos" de las últimas horas, destacó la detención del delincuente conocido como “El Pelón”, buscado por tres asesinatos en el último tiempo y anunció un mayor despliegue policial en las "zonas más conflictivas".
Mientras Negro mantenía una reunión con la cúpula policial para luego dar la conferencia, en Torre Ejecutiva sesionó por tercera vez la comisión que trabaja en el Plan Nacional de Seguridad, coordinado por Rojido (foto) con los representantes de los partidos políticos y justamente, los temas centrales fueron los homicidios, las armas y la violencia de género.
Después de dos sesiones más catárticas que propositivas, algunos participantes señalaron que por primera vez este viernes se intentó bajar a tierra con algunas ideas y que hubo buenos aportes de todos los partidos pero lo que quedó claro es que para ejecutar cualquier plan se necesitarán recursos que de arranque no van a estar en el presupuesto de los próximos cinco años.
Así por ejemplo el representante de Cabildo Abierto, el comisario general Jorge Gómez ha insistido con la necesidad de declarar la emergencia en seguridad, una propuesta que el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Rios le planteó sin suerte al expresidente Luis Lacalle Pou. Gómez cree necesario también la instalación de comisarías de contexto crítico, con el objetivo de fortalecer la seguridad en las cinco cinco zonas de Montevideo que identifican como las más complicadas. A su juicio, en esos barrios no justifica no se requiere intervención policial temporal sino permanente.
El diputado colorado Gabriel Gurméndez, que asistió por primera vez luego de que el senador Gustavo Zubía se bajó de la comisión planteó justamente que el presupuesto actual no refleja que se esté priorizando la seguridad y puso como ejemplo el incumplimiento de los 2.000 agentes prometidos por Orsi. También señaló que es momento de incluir en el presupuesto la descentralización del INR ya que todos están de acuerdo. “No puede ser que se crean 40.000 órganos y agencias y no haya plata para algo que es central”, dijo.
En representación del Partido Nacional el exministro del Interior Nicolás Martinelli también puso énfasis en que “no hay soluciones mágicas y que se trata de reforzar cosas que se vienen haciendo pero sin recursos no es posible”. Concretamente propuso crear un centro de rehabilitación para presos con adicciones cuando se desocupe lo que hoy es la cárcel de mujeres que funciona donde era el hospital Saint Bois para que en lugar de ir a una cárcel común sean derivados allí y tratados.
En un documento que entregaron propusieron otras medidas como el aumento de penas por integración de organizaciones criminales y para grandes cargamentos de droga, así como al tráfico de armas, ampliación de las plazas de régimen de máxima seguridad y la reforma al proceso penal, entre otras.
Alejandro Vila, que asiste en nombre del Partido Independiente, puso el foco en que el 33% de los homicidios no son esclarecidos y eso dificulta políticas focalizadas cuando no se conoce el móvil. También señaló que se requiere tener certeza sobre el porcentaje de crímenes asociados a narcotráfico, ya que hubo un debate interno en el Ministerio del Interior en relación a la puja entre Donnángelo y Sanjurjo- Rojido. El primero sostenía que el 50% de los homicidios se debe a enfrentamientos entre bandas y los segundos afirman que son muchos menos y se superponen otras causas.
Desde el lado del oficialismo junto al senador Eduardo Brenta y Rafael Michelini estuvo el ex subsecretario del Interior Jorge Vázquez quien puso arriba de la mesa un proyecto de ley que habían presentado en 2019 sobre armas que pone foco en la trazabilidad de las armas que se importan para tener un seguimiento si luego son robadas.
El Plan Nacional de Seguridad del que también participarán las universidades, organizaciones sociales y del sector productivo, cuenta con el apoyo de organismos multilaterales como BID, OEA, PNUD, CAF pero también requerirá que el Presupuesto de estos cinco años fije las bases para poder poner en marcha las medidas que surjan. Eso es gobernar y gestionar y a los legisladores tanto de un bando como del otro les cabe ingeniárselas. Sin plata no habrá seguridad.