El calendario del Instituto Nacional de Estadística (INE) anuncia que el 13 de octubre se darán a conocer los resultados de la encuesta de victimización correspondiente al primer semestre de este 2025. Será la primera vez que se podrá comparar los datos que ya habían presentado en febrero (con datos del segundo semestre de 2024) y que anunciaban que menos del 30% de los delitos se denuncian. Pero es probable que, salvo un cambio presupuestal, esta sea una de las últimas veces que Uruguay cuente con esta herramienta que el Ministerio del Interior había definido como “clave” en su plan de seguridad.
“Hoy por hoy (estas encuestas) no están financiadas”. Marcelo Bisogno, director del INE, reconoce que, tal cual está redactado el proyecto de ley de Presupuesto, será inviable continuar con estos sondeos que sirven para entender la marcha delictiva, dado que las denuncias solo son una punta de un iceberg más grande. Y así se lo anunció al Ministerio del Interior.
El INE había pedido casi 40 millones de pesos para costear cada una de las dos encuestas nacionales de victimización que pretendía realizar hasta que acabe el período de gobierno. Pero eso no se incluyó en el proyecto que envió el Ejecutivo al Parlamento.
Los (pocos) sondeos que se habían realizado hasta ahora habían sido financiados por el Ministerio del Interior, de manera excepcional, y una resolución de Presidencia del año pasado deja en claro que es el INE quien continuará con estas encuestas.
El gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, fue enfático: “ Sin encuestas de victimización estás trabajando a ciegas. Estamos en un contexto latinoamericano donde delitos propios del crimen organizado crecen y no se denuncian. Uruguay venía con décadas de atraso en no usar estas herramientas de medición, dio un salto, y es riesgoso dar marcha atrás. Hace muy difícil combatir el delito”.
Hace menos de tres meses, en el lanzamiento del plan de seguridad, el ministro Carlos Negro había dicho: “El Observatorio del Ministerio del Interior se basa en denuncias de delitos y eso tiene limitaciones muy importantes. Hay delitos que no pueden subregistrarse, como los homicidios. Pero otros, como las estafas, están muy subregistradas y no podemos tener una dimensión real de las estafas que se comenten en Uruguay hoy. Las encuestas de victimización del Instituto Nacional de Estadística nos permiten que, calendario mediante, tengamos datos concretos de cuántos delitos se denuncian en el país. Hoy sabemos que el número de denuncias que se formulan no llegan al 30% de los delitos que ocurren”.
La encuesta del INE presentada en febrero mostró que de los 55.200 robos por mes solo se denuncia el 35%; la mayoría son en hogares.
Los datos también revelaron que de 26.900 estafas que se realizan mensualmente, solo se denuncia el 12%.
El recorte de la herramienta de medición no solo tendrá consecuencias para seguir el pulso futuro de estos y otros delitos, sino que podría significar una pérdida de dinero sin sentido por las pocas veces que se llegó a implementar. ¿Qué quiere decir? Las encuestas de victimización tienen relevancia cuando se observan a lo largo del tiempo (eso que los técnicos llaman “longitudinal”). Y el haber hecho mediciones en menos de dos años hace que los datos ya recabados quedaran como un mero anecdotario que luego Interior no puede usar para “políticas basadas en evidencia”, como definió Negro.
El Frente Amplio había realizado una encuesta de este tipo en 2017. Por razones que no están del todo claras y que llevaron a una investigación administrativa —algunos sugieren falencias metodológicas y otros aducen presión política— los resultados pasaron desapercibidos. Pero allí se constataba que solo el 28% de los incidentes en que las personas fueron víctimas llegaron a denunciarse a la policía. Por lo cual podía estimarse que cada 100.000 habitantes hubo 23.486 incidentes (apenas por debajo que los resultados mexicanos).
Las encuestas de victimización, bien hechas, mantenidas en el tiempo y cruzadas con las denuncias, se acercan a eso que se le llama “realidad”. Por eso el gobierno pasado firmó el acuerdo con el INE, por eso también lo había intentado el Frente Amplio en la última administración de Tabaré Vázquez.
“Las cifras de denuncias (de delitos) a mí no me dicen nada, porque la gente ya no denuncia”. Martha Valfre, la directora de la Academia Uruguaya de Investigación Criminal que renunció al ‘GACH de seguridad’ del gobierno anterior, desconfía de varios de los indicadores que Uruguay usa para seguirle el pulso a la inseguridad. En una entrevista con El Observador había reconocido que “los homicidios son el único delito que no se puede esconder, porque allí está el cadáver”.
Para el resto de delitos —salvo el robo de autos que suele denunciarse por el cobro de seguro— es probable que Uruguay entre en la llamada “caja negra de delitos” (estas a ciegas) si no consigue el financiamiento.
