En el ring de las elecciones hay lugar para todo tipo de golpes, incluyendo uno muy bajo, como discutir sobre si y cómo sacar de la calle a las personas que viven allí, sin considerar un hecho básico: la calle no es una vivienda, nuestra Constitución promueve el derecho a un vivienda digna y vivir a la intemperie no es un derecho. Es un castigo.
Este domingo 25 comienza a aplicarse la ley que se discutió en el Parlamento durante buena parte de este gobierno, y se aprobó en mayo, impulsada por el exministro de Desarrollo Social, actual diputado Martín Lema, y rechazada por el Frente Amplio. En pocas palabras, la normativa determina que a las personas en situación de calle se las podrá internar contra su voluntad, si se confirma médicamente que sufren una descompensación por su patología psiquiátrica o consumo de sustancias.
Ahora se vuelve a discutir si esto está bien, o no tanto, aunque legalmente se puede internar a personas en situación de calle desde 2011. La ley 18.787 de ese año determina que el Estado debe prestar asistencia obligatoria y “que las personas de cualquier edad que estén en situación de intemperie completa con riesgos graves, enfermedades o riesgo de muerte podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aun sin que presten su consentimiento, siempre que un médico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos antes descritos y sin que esto implique la “privación correccional de su libertad”.
¿Cuál es la diferencia? Al riesgo de muerte y a las enfermedades se le suma ahora los trastornos psiquiátricos y las adicciones. Lo que pasó en estos casi 15 años demuestra que las discusiones político partidarias no sirven para nada en lo que refiere a los derechos de personas en situaciones de calle. Entre argumento y argumento, incluso si son atendibles, unos 2.800 uruguayos viven en la calle, casi nunca por marginalidad y pobreza solamente y casi siempre por problemas psiquiátricos o de consumo de drogas.
El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, abogó en estos días por el respeto de los derechos de las personas en situación de calle. En eso sin dudas está de acuerdo con Lema y con todos los que de alguna manera intentan buscar una solución a algo que no debería ser tan complicado en un país de pocos habitantes. En lo que no están de acuerdo es en lo que Zunino considera que sucede ahora: que se "revictimiza" a estas personas cuando se las interna contra su voluntad.
Más allá de que esto lo puede hacer el Estado desde 2011, en una ley aprobada durante el gobierno de Mujica que nunca se reglamentó hasta este gobierno, la posición de Zunino no acerca herramientas prácticas y ágiles para que las personas salgan de la calle y vivan con dignidad. El intendente ha dicho que la comuna tiene diálogo con las personas y las organizaciones que las representan y que por ahí se buscan soluciones. “Venimos trabajando pero con una perspectiva de garantizar los derechos de los ciudadanos que están en esa condición de precariedad", dijo.
"El Frente Amplio, con ese tipo de cuestionamientos, sigue insistiendo con que vivir en la calle es un derecho, no compartimos. Vivir en la calle es una situación dramática y es la ausencia de derecho", dijo Lema en estos días.
Ni el trabajo de la Intendencia de Montevideo ni el del MIDES ha podido siquiera bajar la cantidad de personas que viven en la calle. El último censo de 2023 demostró que esta población vulnerable aumentó un 24% desde 2022. El aumento fue criticado por el Frente Amplio, como debe ser, a lo que el oficialismo respondió con más cifras poco esperanzadoras: que el problema explotó entre 2016 y 2019, cuando las personas que duermen en la calle crecieron un 88%, y que durante la administración de Lacalle Pou y la gestión de Lema en el Mides se aumentó la respuesta institucional y se crearon refugios de 24 horas.
Organizaciones de profesionales, como la Sociedad de Psiquiatría, también se oponen a leyes como la que ahora se comenzará a aplicar que, por otra parte, fue definida como prioritaria por el presidente Luis Lacalle Pou. Consideran que antes de llegar a internación compulsiva tienen que estar dadas las condiciones para que las personas en situación de calle tengan opciones para salir efectivamente de la intemperie. Y que luego de la internación también debe haber un plan.
Todo suena muy lógico, pero mientras que se siguen haciendo planes y hablando con organizaciones, los uruguayos que viven y duermen en la calle la pasan muy mal. Y cada vez son más. En su gran mayoría tienen serios problemas de adicción que les pueden dejar severas secuelas de salud. El mismo censo que confirmó el aumento determinó que el 70% de las personas en situación de calle consumo drogas diariamente.
Vale la pena empezar a aplicar un nuevo plan, aunque luego necesite mejoras, cambios o incluso, un plan nuevo. Lo que no se puede admitir es discutir y discutir sin hacer nada. Desde este domingo los técnicos del Mides solicitarán apoyo a ASSE para que un médico certifique si la persona necesita internación. Si es así será trasladada a un centro asistencial, donde podrá elegir si prefiere ser trasladada a un hogar asistido o a una casa de medio camino. Cuando la persona afectada se niega a ser atendida, entonces podrá actuar el Ministerio del Interior. Si el médico que interviene no indica la internación en ese momento pero advierte que en caso de mantenerse a la intemperie puede haber un deterioro "considerable" de su salud, entonces será Mides el que decida si es pertinente o no trasladarlo a un centro asistencial.
La protesta constante, tanto para el caso de personas en situación de calle como para personas con problemas de adicción, es que faltan lugares para que puedan transitar su recuperación. Eso es verdad desde hace mucho tiempo, pero no debería ser un freno para intentar hacer algo.
