Al ministro de Economía, Gabriel Oddone, le divierte mucho. Pero la verdad es que da un poco de lástima. O bastante. Lo que, según dijo el jerarca, le produce gracia es la reacción de buena parte del empresariado uruguayo a su proyecto de ley “de competitividad”, una reacción que deja al descubierto que cuando alguien amenaza el interés de determinadas chacritas no hay quien se resista, por más liberal que se proclame, a pedir la asistencia del Estado para que lo proteja.
Es así que, una vez más, las cámaras empresariales reaccionaron con prontitud para ejercer presión contra una clase política que debe demostrar, al menos por esta vez, que la gente, esa que los vota, es más importante que los corporativismos.
Como se sabe, el Poder Ejecutivo quiere intentar que los precios en las góndolas bajen aunque más no sea un poco y para eso envió al Parlamento un proyecto cuyo corazón es el artículo 140 que, se supone, destrabará un mecanismo que durante décadas atentó contra los consumidores.
En resumen, para importar un alimento, un cosmético o un producto fitosanitario, el Estado exige un registro extremadamente complejo, largo y costoso, y quien lo completa primero se queda con lo que, en los hechos, es un monopolio de distribución legalizado. Nadie más puede traer el producto a Uruguay a menos que obtenga el permiso explícito del representante local o vuelva a realizar el complejo trámite burocrático.
Por tanto, el distribuidor único fija el precio que quiere, impone márgenes desmedidos y los uruguayos pagan el costo de vida más alto del continente. La pasta de diente es uno de los productos estrella cada vez que se quiere explicar este mecanismo.
El artículo 140 del proyecto del Ejecutivo busca quebrar este monopolio. Si un producto ya fue testeado y autorizado una vez, se asume que es seguro y se permite que otros importadores lo comercialicen usando el registro ya existente sin tener que pagar de nuevo ni esperar años por autorizaciones repetitivas. La competencia, se espera, impulsará los precios a la baja.
Las mayorías y los lobbies
“A mí me divierte mucho la discusión sobre el segundo importador. Les pido que repasen la prensa y vean el tipo de argumentos que se exponen para controvertir la idea de que en Uruguay podamos disponer del artículo 140, que lo que habilita es la posibilidad de que haya un segundo importador bajo ciertas reglas», comentó semanas atrás Oddone al referirse a la desmesurada resistencia corporativa que despertó el Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida.
Como fue dicho, lo que divierte a Oddone es que aquellos que reclaman bajar el costo del Estado para que sus negocios sean más rentables, se vuelven del todo proteccionistas cuando el liberalismo económico los perjudica.
Cuando anunció la iniciativa, Oddone había sido particularmente punzante. “Los que están hablando hace años y demandando medidas pro competitividad que muestren a la ciudadanía uruguaya si efectivamente están de acuerdo con aumentarla. Porque detrás de estas medidas hay muchos intereses. Y va a ser el sistema político, en particular quienes tienen visiones pro mercado marcadas, los que van a tener la oportunidad de pronunciarse sobre esto”, dijo el ministro en clara referencia a los partidos de la Coalición Republicana.
Por ahora, las cosas en el ámbito político marcharon con viento a favor para el cambio y la propuesta fue votada por unanimidad en el Senado. Pero la iniciativa deberá ser refrendada por la Cámara de Diputados y el lobby empresarial se está haciendo fuerte.
La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y la Asociación de Industrias Químicas del Uruguay ya pusieron el grito en el cielo. Esgrimieron diversos argumentos que van desde la “competencia asimétrica” y el riesgo de “pérdida de mano de obra nacional”, hasta pedidos de eliminación directa del artículo o excepciones puntuales para productos agroquímicos.
Todos argumentos considerables, pero si se quiere que el bolsillo de los uruguayos gane en poder de compra, alguien va a tener que perder, y está en manos del poder político lograr que, al menos esta vez, las mayorías sean las beneficiadas. Para eso, el gobierno y los diputados deberán mantenerse firmes ante el embate de las presiones que ya están llegando con la presencia de delegaciones diversas que golpean las puertas del Palacio Legislativo.
Al Frente Amplio le faltan dos votos en esa Cámara. Es de esperar que no tenga dificultades para conseguirlos. Pero si el proyecto naufraga o se le echa demasiada agua para licuarlo, los legisladores responsables quedarán expuestos a que se los acuse de doble rasero entre el discurso y los hechos.
Esta modesta ley de competitividad no le va a cambiar la vida a los uruguayos y, más allá de su impacto posible en algunos precios, el país seguirá siendo uno de los más caros del mundo. Pero, al menos, con su aprobación los políticos habrán dado una señal de que no siempre ganan aquellos habilitados para hacer lobby en los pasillos del poder.
