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OSE, la Cenicienta de las empresas públicas cuyas inversiones vienen siendo postergadas desde 1970
“OSE planea construir usina potabilizadora”, fue el título de la página 10 de la edición de El Observador del viernes 9 de enero de 1998. Era verano, la segunda administración de Julio María Sanguinetti comenzaba a transitar su cuarto año, y el presidente de la empresa pública, Wilson Elso Goñi, anunciaba que con fondos del BID estudiarían la posibilidad de construir otra planta para atender la creciente demanda del “Sistema Montevideo” ya que la “actual fuente de agua potable solo resultará suficiente hasta el 2020”.
Las opciones eran dos. Construir una represa sobre el Santa Lucía, muy cerca de la localidad de Casupá o tomar agua del Río de la Plata y construir una planta potabilizadora.
Las propuestas tenían, en realidad, varios años. Formaban parte de un estudio denominado “Desarrollo de los recursos hídricos e hidráulicos de la cuenca del río Santa Lucía” realizado por el gobierno uruguayo y financiado por la OEA en 1970.
Como se sabe, la consultoría se hizo pero las obras no.
El 6 de junio, cuando las ideas hayan cumplido más de 50 años, una de ellas quedará un poco más próxima a ver la luz. Ese día se abrirán los sobres de la licitación de la “fuente infinita” -como le dicen sus impulsores- en Arazatí.
Para esa fecha, en el Poder Ejecutivo esperan que haya llovido lo suficiente como para que se puedan reducir los niveles de salinidad en el agua que sale de las canillas, un asunto originado por la ausencia de lluvias y que provoca pases de factura entre oficialismo y oposición por la falta de inversiones de la empresa pública, mientras la población incrementa las compras de agua embotellada y asciende la desconfianza sobre OSE.
Sucede que el Neptuno fue presentado por un consorcio privado en octubre de 2020 y elegido por la administración de Luis Lacalle Pou por encima de Casupá pese a que Tabaré Vázquez había dejado un proyecto elaborado con endeudamiento autorizado por un organismo internacional.
El Frente Amplio reprocha al gobierno que si hubiera tomado la sugerencia de Vázquez, la represa podría abastecer parcialmente a la planta de Aguas Corrientes ya que estaría terminando de construirse, mientras que el oficialismo señala que la coalición de izquierda estuvo 15 años al mando del país pero no hizo la inversión pese a que conocía su importancia.
Peligros que pasan
Más allá de la discusión coyuntural, de la revisión de presupuestos, resoluciones y publicaciones de prensa surge que en los últimos 30 años los sucesivos gobiernos manifestaron su interés por atacar el problema de abastecimiento de agua de la zona metropolitana aunque ninguna de las iniciativas prosperó.
Un informe realizado por el actual gerente general de OSE, Arturo Castagnino, señala que en 1997 hubo un prolongado período de déficit de lluvias que impactó “duramente” en las reservas de la empresa, lo que la llevó a considerar “firmemente” la posibilidad de tomar o captar agua bruta desde el Río de la Plata.
“El peligro finalmente pasó; la urgencia también y con ella la solución. No duró mucho la tranquilidad, pues a finales de 1999 y durante el verano de 2000, el peligro volvió con fuerza renovada. El déficit pluviométrico de más de ocho meses volvió a impactar sobre las reservas, en todo el país. OSE estaba de nuevo preparada, pero el peligro pasó y también otra vez la solución”, dice el ingeniero, que también era gerente general en esos momentos, ya que ocupó el cargo entre 1995 y 2005 en las dos últimas administraciones del Partido Colorado.
El documento, al que accedió El Observador, reconoce que hasta 2005 las obras no se hicieron porque “no se alcanzó la voluntad política” ni se “aprovecharon las oportunidades ante emergencias como sequías” que ocurrieron y finalizaron.
De hecho, la planta en Arazatí fue incluida en el presupuesto de 2002 del gobierno de Jorge Batlle pero sin financiamiento por lo que no se realizó.
Los episodios de sequía hicieron peligrar las reservas de agua potable en 2005, 2008, 2009, 2013 y 2015, con el Frente Amplio en el gobierno, y tuvieron al tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro como principal vocero de la necesidad de inversiones.
En julio de 2010, Huidobro escribió en La República que el cambio climático haría cada vez más frecuentes las sequías y las inundaciones. “Estamos ante la certeza de que las habrá mucho más a menudo y con esa realidad tendremos que convivir, nos guste o no. Debemos tomar medidas infraestructurales insoslayables si no queremos ser ‘pacientes crónicos’ de calamidades que se pueden evitar”.
“Rogamos que ante ese estridente aviso se haga una honda reflexión de ser posible en silencio. Tenemos un problema grave con el agua y no queremos verlo a pesar de haber tenido la suerte de que la propia naturaleza, siéndonos leve, nos lo venga avisando”, señaló.
Por entonces, la coalición de izquierda había puesto en stand by la toma del Río de la Plata y se inclinaba por invertir en Casupá, donde un plan maestro luego sugirió también construir una represa en el arroyo El Soldado y hacer un bypass en el arroyo Canelón Grande.
En 2011 el presidente de OSE, Milton Machado, advirtió sobre la debilidad de tener una única fuente de abastecimiento, algo que en marzo de 2013 quedó expuesto cuando una floración de algas en el Santa Lucía hizo que el agua llegara con mal olor y sabor a los usuarios.
Una nota publicada en junio de ese año en el portal de Presidencia aseguraba –en base a declaraciones de Machado– que “OSE tendrá a fin de año (una) fuente alternativa de abastecimiento para (el) sistema metropolitano”.
La cenicienta
A diferencia de Antel, Ancap o UTE, OSE maneja un presupuesto acotado para inversiones, no suele aportar ganancias a rentas generales, y necesita obtener financiación externa para encarar este tipo de proyectos.
La empresa factura unos US$ 400 millones por año y durante las administraciones del Frente Amplio invirtió –en promedio– unos US$ 86 millones anuales (de los cuales casi la mitad se destinaron a agua potable), de acuerdo con un informe elaborado por Edgardo Ortuño (director de OSE por la oposición).
Partió de US$ 27 millones en 2005, registró un pico de US$ 129 millones en 2011 y fue bajando hasta US$ 77 millones en 2020, el año con el último presupuesto aprobado por la coalición de izquierda.
Para el quinquenio 2021-2025, por una directiva de la OPP, OSE debió disminuir un 15% el promedio de inversión anual de los últimos cinco años. Eso implicó “restringir inversiones”, según reconoció el presidente Raúl Montero en una entrevista en Búsqueda en 2020 aunque –a través de iniciativas privadas– se realizarán el proyecto Neptuno y comenzará el plan de saneamiento en el interior.
La empresa pública bajó a US$ 70 millones el presupuesto para inversiones en 2021 y a US$ 62 millones en 2022.
Casupá y Neptuno
La necesidad de promover inversiones para mejorar el abastecimiento de agua potable de la zona metropolitana no forma parte del Compromiso por el país, aunque sí está en el programa de gobierno de Lacalle Pou.
Este documento considera la “fragilidad” del área metropolitana como un “problema de primera magnitud” ya que más de un millón de personas están siendo abastecidas exclusivamente por el río Santa Lucía, que está “sometido a una presión creciente”.
“El proyecto de la represa en Arroyo El Soldado, avalado por OSE, mantiene el mismo ‘riesgo de cuenca’ que la situación actual. Es imperioso estudiar fuentes alternativas para darle robustez al sistema y aliviar la presión ambiental sobre el río Santa Lucía”, menciona.
Pese a que el programa se inclinaba por estudiar fuentes alternativas, ni bien asumió, Montero se mostraba partidario de avanzar con el proyecto de la represa en Casupá, cuyo costo asciende a unos US$ 80 millones.
“Hemos elevado información relativa a este plan a OPP, a los efectos de coordinar con ellos y con el Poder Ejecutivo la financiación, pero tenemos informalmente la confirmación y la coincidencia en que vamos a encontrar las vías para financiarlo sin que afecte demasiado lo que tenemos previsto invertir por año”, dijo Montero al semanario La Mañana en julio de 2020.
Pero la situación cambió en octubre, cuando cuatro empresas (Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast) presentaron en Presidencia –bajo un consorcio denominado “Aguas de Montevideo”– el proyecto para construir la toma de agua y la planta potabilizadora en Arazatí (San José).
En la interna de OSE, la iniciativa fue empujada por Castagnino, que la promovía desde su época anterior, porque permitía tener una segunda fuente –el Río de la Plata– para dar agua a la zona metropolitana.
A su vez, gozó de mayor simpatía en el equipo económico porque el financiamiento –y el riesgo– corría por los privados, mientras que en Casupá el préstamo era asumido por el gobierno. Esta decisión hacía que a largo plazo la obra fuera más cara pero solucionaba una “traba” en las restricciones fijadas por el MEF y la OPP.
De acuerdo con los pliegos, la planta producirá 200 mil metros cúbicos diarios (poco menos de un tercio de Aguas Corrientes aunque podrá ampliarse) y la obra tendrá un costo de US$ 258,7 millones. El consorcio que gane la licitación –Aguas de Montevideo tendrá 12% de ventaja– se encargará del diseño, la construcción, el financiamiento y el mantenimiento de la infraestructura. OSE estará a cargo de la operación y pagará durante 18 años una cuota fija de alrededor de US$ 41 millones anuales.
Una de las polémicas entre oficialismo y oposición obedece a que si bien la mayoría del año el agua en Arazatí es dulce, se registran eventos de salinidad, lo que impide que se pueda tomar para potabilizar.
Por eso, deberá construirse un pólder que tendrá reservas de agua bruta para utilizar esos días en que la salinidad sea mayor a la permitida. En principio, iba a ser para 25 días (4 hectómetros cúbicos), pero el definitivo tendrá reservas para 87 días (15 hectómetros cúbicos), la misma cantidad de días de salinidad registrada en 2021, el año estudiado por OSE.
La decisión de la empresa pública de aumentar los niveles de cloruros y sodio para garantizar el abastecimiento de agua debido a la baja en las reservas de Paso Severino y Canelón Grande por la sequía, mantiene alerta al Frente Amplio, ya que hay dirigentes -como el diputado Felipe Carballo- que temen que sea "un experimento para el proyecto Neptuno".
Desconfianza y "excusas"
Si bien las energías están concentradas en garantizar el agua mientras no llueva, fuentes de OSE consultadas por El Observador también expresaron preocupación por los efectos negativos sobre la imagen de la empresa pública.
Sucede que los hechos de las últimas semanas son interpretados como una pérdida de confianza, en parte también por errores de comunicación, que será difícil de recuperar. "Si tengo que hacer un mea culpa la hago", dijo la semana pasada Montero en Del Sol, en una entrevista en la que agregó que podía ser que se hubieran “comido las reservas” en pocos días sin tener “una buena comunicación de que la crisis se iba agudizando”.
Luego debió manifestar que consideraba poco felices las declaraciones de la vicepresidenta Susana Montaner, quien dijo que había “mucha gente” que podía “dejar de comprar una Coca-Cola y comprar agua”.
Las explicaciones acerca de lo ocurrido son, al decir del gerente general la "estructura de la excusa" con la que intentan dar respuesta, ya que los problemas llegaron sin que hayan logrado construir "alguna de las soluciones" en referencia a Neptuno y Casupá.
En el documento, realizado el año pasado y distribuido incluso a legisladores del Frente Amplio, Castagnino agregó que ante la crisis, el sistema político no podría contestar con solvencia ya que "la respuesta no podría ser otra que, la de reconocer que habríamos tenido una falla inexcusable en la gestión pública de nuestros recursos hidrológicos e hidráulicos, una falla inaceptable en la falta de certeza en la predicción de la ocurrencia de acontecimientos que desde hace tiempo vislumbrábamos y por último, una falla imperdonable en nuestra imaginación".
"No importa, si ocurriese la tragedia, cuánto el país pudiera haberse esforzado o progresado en otros asuntos, porque hubiésemos fallado en uno esencial”, terminaba.
