El grupo de trabajo fue creado a inicios de este año por resolución del Consejo Directivo de la Inddhh. En enero, la directora Jimena Fernández había adelantado a El Observador que el caso de Itzaé no era el único denunciado ante la institución y que había que hacer "una revisión del sistema de adopción". Para entonces, el INAU no había respondido dos oficios que la Inddhh le había enviado sobre ese caso.
La mesa sesionó 13 veces y terminó sus reuniones a fines de setiembre. La integraron el INAU, el Ministerio de Desarrollo Social, el Poder Judicial, la Defensoría Pública, el Hospital Pereira Rossell (ASSE), legisladores nacionales, la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay (APAU) y la organización Hijos del Sistema, con la psicóloga Beatriz Scarone como especialista. Además, recibió como invitados a Eduardo Cavalli, José Luis Díaz Roselló, la consultora de Unicef Ester Valenzuela y a equipos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y del mecanismo de monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Mevidis).
Los números
Al 21 de agosto, la División Adopciones del INAU tenía en su sistema 547 niños, niñas y adolescentes en condición de adoptabilidad. Otros 236 ya estaban integrados en familias adoptivas y en seguimiento, y 171 esperaban la sentencia de adopción plena.
Para acompañar todo eso, según el informe, el INAU cuenta con 10 duplas técnicas de seguimiento —cuatro de ellas en el interior— y cuatro duplas de valoración con alcance nacional, algo que el grupo considera "no suficiente para el seguimiento esperado".
El documento también recuerda que persiste una preferencia histórica de los adoptantes por niños pequeños, lo que deja a un grupo importante de niños más grandes con dificultades para encontrar una familia.
Cambiar el orden de la ley
Entre las reformas legislativas, el grupo propone modificar el orden de prioridad del artículo 132.1 del CNA, intercambiando los literales B y C. Hoy, después de la familia biológica o extensa, el niño puede ser integrado de forma provisoria a una familia del Registro Único de Aspirantes (RUA) y, en tercer lugar, a una familia de acogimiento. Con el cambio, el orden quedaría: familia de origen, familia de acogimiento y familia del RUA.
El informe pide además dejar clara en la norma y en los informes técnicos qué constituye un "vínculo significativo", y "explorar el cambio de terminología en la norma dejando de lado todo concepto que pudiese reforzar una mirada biologicista", en línea con los aportes de la neurociencia y la epigenética.
A la Suprema Corte de Justicia le recomienda formar a jueces y operadores en la materia y evaluar una acordada para que este trabajo funcione como manual de actuación para los magistrados de las sedes de urgencia.
También plantea que en los informes que llegan al juzgado figure expresamente cuáles son los vínculos significativos del niño con su familia de origen, si los hay. El motivo: después "pueden aparecer familiares que no formaron parte de esos vínculos significativos".
Declarar la adoptabilidad sin la información completa
En la etapa en la que la Justicia decide si un niño puede ser adoptado, el grupo señala las fallas de coordinación e información entre organismos como "una de las principales causas de las vulneraciones de derechos".
Describe una tensión "no siempre bien resuelta" entre judicializar rápido —con el riesgo de una marcha atrás— y agotar los apoyos a la familia de origen, con el riesgo de prolongar la institucionalización. Y constata que no hay un protocolo único entre las maternidades públicas y el sistema de protección, por lo que se activan "inercias" en lugar de "un camino claro preestablecido".
Cuando se aplica directamente el artículo 132 —la vía de separación— sin pasar antes por la etapa de investigación y apoyo a la familia que prevén los artículos 117 a 122, el expediente judicial llega con información "muy precaria o casi nula" sobre si la familia biológica realmente no podía o no quería cuidar al niño.
En esa línea, el informe propone crear una Defensoría del niño en el Pereira Rossell que coordine la elaboración de todos los informes antes de que lleguen al juez, instalar equipos técnicos en las maternidades para investigar a las familias ampliadas y acordar previamente entre el hospital, el Mides y el INAU una sugerencia clara para cada caso. El objetivo, dice, es evitar "que la condición de adoptabilidad sea un fin en sí mismo".
Una revisión que no hagan los mismos
El informe recoge varias de las quejas de las familias que buscan adoptar, algunas de ellas publicadas por El Observador en los últimos años.
Cuando una persona es declarada no idónea, señala el grupo, no tiene una instancia de revisión independiente: "Aquellos que deciden sobre la no idoneidad son los mismos que, ante un recurso, confirman o modifican la decisión anterior adoptada". Por eso recomienda crear una instancia de revisión o apelación fuera del Departamento de Adopciones del INAU, además de un sistema de quejas y denuncias que garantice imparcialidad.
También recoge testimonios de usuarios sobre los talleres, en los que se tiende a "resaltar mayormente aspectos de fragilidad de los postulantes más que sus fortalezas" y se dan ejemplos de situaciones extremas que generan "inseguridad, temor". Y señala que en talleres y entrevistas "se suele desestimar la voluntad y el deseo de las familias postulantes de integrar niños mayores de 7 años y adolescentes", con sesgos que asocian un proyecto adoptivo "atípico" con una "potencial falla" de la familia.
El grupo pide revisar el protocolo de toda esa etapa, sumar duplas técnicas, descentralizar el proceso con presencia real del INAU en las seis regiones del país y hacer campañas para adoptar niños mayores y con discapacidad, "evitando que las campañas se centren solo en bebés".
Recomienda, además, evaluar los cambios que introdujo la Ley de Urgente Consideración, que permite a los jueces autorizar adopciones de niños que ya conviven con una familia no inscripta en el RUA. En esos casos, apunta el informe, el INAU no valora la idoneidad de esas familias.
Licencias, abogados y juicios que no terminan
Una parte importante de las recomendaciones apunta a los costos que hoy cargan las familias adoptantes.
El grupo propone una licencia "preintegración adoptiva" de 45 días, flexible y distribuida en tres años, para que las familias puedan ir a talleres, evaluaciones y vinculaciones "sin miedo a perder su empleo". También pide que las licencias por adopción contemplen la edad del niño, porque la integración de un niño en edad escolar o liceal lleva más tiempo, y hoy la licencia se otorga recién después de la tenencia.
Sobre la defensa, propone un sistema de abogados financiado por el Estado para los niños y sus familias de origen, a partir de un registro de profesionales independientes designados por el Poder Judicial, "evitando que las familias adoptantes asuman costos asociados a la representación de otras partes del proceso".
El informe pone el foco, además, en los juicios que nunca se cierran. Constata casos de familias que, años después de terminada la tenencia y el acompañamiento del INAU, no han concluido el juicio de separación definitiva y adopción plena, "vulnerando de este modo gravemente los derechos" de los niños. Para eso propone fijar en el CNA plazos para terminar el proceso y consecuencias jurídicas si no se cumplen.
Y plantea evaluar "mecanismos de reparación integral para la familia adoptante en caso de reversión del proceso de integración". Es lo que hoy reclama por la vía judicial Rosana Delgado, la madre adoptiva de Itzaé, que no logró un acuerdo en la conciliación con el INAU, el Mides y el Poder Judicial y avanzará en una demanda civil. Delgado no volvió a ver a la niña desde que tuvo que entregarla a su tío biológico.
Cuando el Estado no actualiza el nombre
Tras la sentencia de adopción plena, el niño puede cambiar de apellido, a veces de nombre, de madre y de padre. Pero esa información no se comparte con el resto de los organismos del Estado. Las familias tienen que hacer múltiples gestiones, los registros quedan inconsistentes y se expone sin necesidad la identidad previa del niño: el grupo lo define como "revictimización administrativa".
La misma falta de comunicación entre sistemas aparece durante todo el proceso. Los sistemas, resume el documento, están "más centrados en los procesos de las instituciones" que en los de los niños. Por eso pide que la identidad definida por la sentencia sea reconocida "de manera automática, integral y simultánea" en todos los organismos públicos, y que la historia clínica del niño sea accesible para el adulto responsable.
Madres con discapacidad y madres presas
El informe dedica dos capítulos a situaciones en las que la adopción puede terminar siendo la consecuencia de otra vulneración.
Sobre las madres con discapacidad, sostiene que persisten barreras que asocian la discapacidad con la incapacidad para criar. "No debería bastar con un simple certificado médico de 'no apta para criar' para iniciar en el juzgado la desvinculación de su hijo o hija", plantea, sin una evaluación de sus redes de apoyo ni de los ajustes razonables posibles. Y agrega: "Se le exige a una mujer con discapacidad más que a una mujer sin discapacidad para demostrar capacidad de crianza".
Según el grupo, por ese temor, en varios casos las mujeres con discapacidad embarazadas evitan el ámbito estatal, y algo similar ocurre con las embarazadas con problemas de consumo. La recomendación es explícita: la discapacidad de la madre no puede ser un elemento que habilite la adoptabilidad de su hijo. Propone, además, retomar un plan piloto de 2021 con acompañamiento de 24 horas que, según el informe, logró revinculaciones exitosas.
El documento también advierte que, en los niños con discapacidad que están institucionalizados, algunos diagnósticos de discapacidad o de salud mental reflejan en realidad carencias afectivas derivadas de la propia institucionalización.
Sobre las madres y padres privados de libertad, el informe señala casos de niños dados en adopción sin participación efectiva de sus progenitores en el proceso, y pide que la prisión de un padre o una madre no derive, "por sí sola", en la adoptabilidad del hijo sin haber agotado antes el apoyo a la familia. Recomienda protocolos específicos para embarazadas y madres presas, más videollamadas y espacios de visita adecuados, y medidas alternativas a la prisión cuando haya responsabilidades de cuidado.
El principio de fondo
El informe parte de una premisa: la adopción es un derecho del niño "a tener una familia y no un derecho de los adultos a ser padres o madres".
En abril, el INAU desplazó a Darío Moreira de la dirección de Adopciones y nombró en su lugar a Nair Ramos. Antes de eso, El Observador había constatado que Moreira y la directora de Seguimiento del RUA, Olga Castro, reconocían que había niños integrados a familias adoptivas sin certeza de que no existieran familiares en condiciones de cuidarlos. "Se está, de alguna manera, usando, entre comillas, a las familias adoptivas como centros de INAU transitorios", había admitido Castro.
Según el propio documento, los informes de los grupos de trabajo de la Inddhh pretenden ser "insumos útiles" para mejorar prácticas, impulsar cambios legislativos y orientar políticas públicas. Buena parte de sus recomendaciones dependen ahora del Parlamento, del Poder Judicial y del propio INAU, que se sentaron a la mesa para escribirlas.
