En la audiencia judicial en la que se condenó a cuatro exfuncionarios de la Armada Nacional —retirados— por un entramado de irregularidades en el suministro de carne para el organismo entre 2021 y 2022, la fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas advirtió que en la investigación surgieron indicios de irregularidades en la compra de carne por parte de otros organismos, por lo que le pidió al juez de Crimen Organizado Alejandro Asteggiante que informara de la sentencia al Tribunal de Cuentas de la República (TCR) y a la Agencia de Regulación de Compras Estatales (ARCE). Fleitas fundamentó su pedido en que esos organismos son los que deben controlar las licitaciones y existe "la presunción de que estas fallas en los controles con el mismo proveedor podrían replicarse en otras reparticiones estatales".
Durante su exposición ante el juez Asteggiante, Fleitas hizo foco en el mecanismo de desvío montado en el Centro de Aprovisionamiento de la Armada (Cerap), donde se configuró una "doble mentira" contable y operativa para encubrir la compra irregular de cortes especiales y hacerlos pasar por compra de bondiola de cerdo dado que es mucho más barata.
Señaló además que investiga el rol en las maniobras de la empresa seleccionada en la licitación, el frigorífico Saturno.
La maniobra: licitaban bondiola e ingresaba lomo para los altos mandos
De acuerdo con la teoría del caso de la Fiscalía, la Armada adjudicó dos licitaciones en 2021 y 2022 a la firma Saturno S.R.L. por un total de 606.500 kilos de carne (10.036 millones de pesos), con un 100% de ampliación autorizada. Los pliegos estipulaban cortes de carne de cerdo congelada —principalmente bondiola— tanto para dependencias de Montevideo como para el interior.
Sin embargo, en los hechos se montó un sistema de "conversiones": se solicitaban cortes de mayor valor comercial, como lomo y colita de cuadril, y luego se maquillaba la facturación para hacerlos encajar en los montos equivalentes a kilos de bondiola. Por este motivo, la fiscalía descartó la figura de fraude o faltante de mercadería: entraron menos kilos de los registrados, pero por un valor económico equiparable al corte licitado.
Según ARCE y la normativa del Tocaf, si el pliego de condiciones no prevé variantes, no es legal sustituir el objeto contractual; obtener cortes diferenciales requería un nuevo llamado a licitación o una compra directa.
La "doble mentira" y el encuentro en Plaza Cuba
La Fiscalía señaló que la maniobra implicaba falsear tanto el tipo de carne como el destino geográfico de la mercadería. Los cortes especiales no ingresaban a la carnicería del Cerap en Montevideo, sino que se enviaban directamente a dependencias navales del interior del país. No obstante, el maquillaje documental se cargaba formalmente a la licitación adjudicada para la capital, configurando una falsificación ideológica.
La alarma saltó en el área de Suministros cuando una funcionaria advirtió la existencia de 28 remitos de cerdo congelado que no contaban con el sello de ingreso a la carnicería ni la firma del carnicero de turno. En su lugar, lucían sellos irregulares del Cerap y firmas de la suboficial (ahora retirada) Alicia Costa, una de las condenadas.
Audiencia de imputación por las irregularidades con compra de carne en la Armada
FocoUy/ Armando Sartorotti
Cuando se desató la investigación interna en agosto de 2022, el capitán Raúl Nieto —encargado de coordinar los pedidos de mercadería— fue sancionado con 25 días de arresto a rigor. Tras cumplir la sanción, Nieto concertó un encuentro con Costa en la plaza Cuba de Montevideo y le entregó en mano varios remitos irregulares para que ella los firmara y los ingresara al circuito administrativo para que la empresa pudiera cobrar. De los 28 remitos observados, 14 lograron tramitarse y los 14 restantes quedaron frenados antes de liquidarse; "llamativamente, la proveedora Saturno nunca reclamó el pago de estos últimos", advirtió la fiscal Fleitas en la audiencia.
Responsabilidades y omisión de denuncia
Para la fiscal Fleitas, Nieto y Costa actuaron de forma "conjunta, consciente y coordinada" por lo que les imputó presunta asociación para delinquir y uso de documento privado falso. La defensa de Costa había argumentado que la funcionaria actuó bajo obediencia debida a órdenes de Nieto, postura descartada por la fiscalía al tratarse de actos con apariencia ilícita manifiesta, lo que fue admitido por el defensor Cristobal González.
FocoUy/ Armando Sartorotti
En tanto, el exjefe de aprovisionamiento Braulio Delgado, defendido por el abogado Emilio Mikolic, y su segundo al mando, Fernando Varietti, asistido por Luis Segundo, fueron condenados por el delito de omisión de los funcionarios públicos de denunciar delitos (artículo 177 del Código Penal). La fiscalía esgrimió que si bien ambos tomaron conocimiento de las anomalías e impulsaron actuaciones administrativas internas, omitieron presentar la denuncia penal obligatoria de forma inmediata ante la Justicia.
En el caso de Delgado la pena es de 7 meses de prisión con arresto nocturno de 0 a 6 horas por dos meses. A Varietti se lo condenó a la pena de 15 meses con arresto domiciliario nocturno de 0 a 6 horas por cinco meses. Mientras que a Nieto se le fijó una pena 24 meses de prisión que cumplirá con arresto domiciliario nocturno de 21 a 9 horas durante 7 meses y a Costa se le impuso la pena de 22 meses, con arresto domiciliario entre las 19.30 a 07.30 horas durante 6 meses.
Todos tienen cierre de fronteras, obligacion de presentarse en la seccional policial y fijar domicilio. Todos deberán cumplir servicios comunitarios 3 horas semanales durante 2 meses. El juez les aclaró que si la Dinama no les otorga las tareas en ese periodo no se las va a pedir luego.
Alerta a los organismos de control
En la audiencia, la fiscalía enfatizó la necesidad de remitir testimonio de las actuaciones y de la resolución judicial a los organismos reguladores.
"La voluntad de la Fiscalía es que, como obra evidencia y aún no ha culminado la investigación, existe constancia de que esta falta de control por parte de estos organismos no solo se ha dado con la Armada, lo que se está buscando que así como la Armada denunció, la fiscalía pone en conocimiento y el organismo verá si ajusta la conducta o entiende que en otros casos no se está cumpliendo", explicó Fleitas.
La fiscal advirtió que la misma firma proveedora opera en otras dependencias del Estado por lo que resulta imprescindible advertir a los oirganismos para que revisen si se están vulnerando los controles licitatorios en otras áreas públicas.
Según supo El Observador el mismo frigorífico también es proveedor del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU),entre otros organismos.
El juez Asteggiante afirmó que notificaría a la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) para que sea esta la que remita la sentencia al organismo que entienda pertinente e hizo lugar a lo que pidió la fiscal de enviarla al Tribunal de Cuentas.
