La compra de una camioneta Hyundai por parte del presidente Yamandú Orsi, realizada con una rebaja cercana a los US$ 25.000 respecto al valor de mercado, volvió a poner sobre la mesa el alcance de la Ley 19.823, que regula las normas de conducta y ética en la función pública en Uruguay.
El foco de la discusión pública quedó centrado especialmente en el artículo 9 de la norma, correspondiente al Código de Ética de la Función Pública, promulgado en setiembre de 2019.
Ese artículo establece una serie de prohibiciones e incompatibilidades para los funcionarios públicos, entre ellas la de “solicitar o recibir cualquier obsequio, gratificación, comisión, recompensa, honorario o ventaja de terceros, para sí o para otros, por los actos específicos de su función”.
La ley alcanza a todos los funcionarios públicos, incluyendo integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
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El punto bajo análisis
La polémica surgió luego de que Presidencia confirmara que Orsi compró una camioneta Hyundai Santa Fe cero kilómetro por US$ 54.000, pese a que el valor de mercado del vehículo rondaba los US$ 79.000.
Desde el entorno presidencial señalaron que existió una “rebaja o descuento” en la operación, aunque hasta el momento no se informó si esa condición comercial estaba disponible para cualquier comprador o si se trató de una negociación particular.
A partir de eso, comenzó a discutirse si una rebaja de ese tipo podría ser interpretada como una “ventaja” en los términos previstos por la ley.
El Código de Ética no establece montos específicos ni define de forma taxativa qué tipo de beneficios encuadran dentro de esa prohibición, pero sí fija principios generales vinculados a la transparencia y la imparcialidad en el ejercicio de la función pública.
Interés público
La norma señala además que los funcionarios públicos deben actuar “en consideración del interés público” y evitar situaciones que puedan generar conflictos entre intereses privados y públicos.
El artículo 7 establece que los funcionarios deben evitar “toda conducta que importe un abuso, exceso o desviación de poder, y el uso indebido de su cargo o su intervención en asuntos que puedan beneficiarlos económicamente”.
Por su parte, el artículo 13 indica que el funcionario público debe “desechar todo provecho o ventaja de cualquier naturaleza” y agrega que también debe evitar acciones que generen “la apariencia” de violar normas de conducta pública.
Otro de los artículos mencionados en el debate es el 19, que establece que el funcionario debe “distinguir y separar radicalmente los intereses personales del interés público” y adoptar medidas para prevenir conflictos de intereses.
¿Implica una irregularidad automática?
En este caso, uno de los puntos centrales pasa por determinar si el descuento recibido por Orsi formaba parte de una política comercial habitual de la automotora o si fue una condición excepcional vinculada a su condición de presidente, en ese entonces electo.
La ley también establece que los actos de los funcionarios deben regirse por principios de transparencia, imparcialidad, buena fe y probidad.
