El estudio jurídico y contable uruguayo Blanco & Etcheverry fue víctima de un ciberataque del grupo criminal Gunra y 300 GB de su información fueron filtrados el fin de semana.
El ataque fue un ransomware: los delincuentes secuestraron la información, la encriptaron y pidieron dinero a cambio de su rescate. En la dark web, según pudo comprobar El Observador, había una cuenta regresiva para el pago. Como no se concretó, la información fue difundida.
Hay información publicada de al menos 35 personas físicas y 149 empresas, según un análisis realizado por Team Capybara, un equipo de investigación y monitoreo de ciberseguridad de la región, integrado por Emmanuel Di Battista, Santiago Pérez y Cristian Valenzisi, al que tuvo acceso El Observador.
En el material difundido aparece la lista completa de clientes del estudio, ordenada alfabéticamente de la A a la Z, con empresas y personas físicas mezcladas. Está también toda la documentación jurídica, organizada por cliente.
Otro bloque que aparece con claridad es el tributario. Hay carpetas de declaraciones de IRPF y de rentas de capital e inversiones.
También se ven carpetas de impuestos anuales, residencia fiscal y revisiones fiscales, tanto de personas como de sociedades.
Quién está realmente detrás de cada empresa
Hay un tercer conjunto de carpetas que apunta directo al área de compliance, el sector que se encarga de que la firma cumpla con las normas contra el lavado de activos.
Aparecen carpetas de KYC, sigla en inglés de "conocé a tu cliente". Es el procedimiento obligatorio por el que un estudio o un banco tiene que verificar quién es la persona con la que está trabajando antes de aceptarla.
Aparecen también carpetas de beneficiarios finales. Ese término identifica a la persona de carne y hueso que en los hechos controla una sociedad, aunque en los papeles figuren otros nombres o una cadena de empresas intermedias.
Y hay más de una decena de expedientes de due diligence, que es la investigación que se hace antes de comprar una empresa o cerrar un negocio grande: se revisan contratos, deudas, juicios y estructura societaria para saber qué se está comprando.
El repositorio incluye además facturación electrónica, carpetas de recursos humanos con personal interno y tercerizado, nóminas y documentación vinculada al Banco de Previsión Social.
En una de esas carpetas se ven planillas de cálculo, documentos PDF y archivos con extensión .msg, que es el formato en el que Outlook guarda un correo. No es una captura de pantalla del mail: es el mail entero, con remitente, destinatarios, fecha, texto completo y archivos adjuntos.
Entre el resto del material hay documentos de Word y de texto plano, más programas ejecutables, accesos directos y archivos auxiliares del sistema. Hay además material de sistemas: instaladores y ejecutables de soporte, junto a archivos de texto que podrían corresponder a configuración, identificadores, parámetros o licencias.
Ese detalle importa. Si el ataque hubiera comprometido la computadora de un abogado, se vería el material de ese abogado. Acá se ve la estructura completa del estudio, lo que es compatible con acceso a una unidad compartida o a un servidor central de archivos, esos discos comunes donde toda la oficina guarda su trabajo.
Lo que no aparece
Con la información analizada por parte de Team Capybara y El Observador no hay evidencia de que se hayan expuesto credenciales, contraseñas, claves de acceso a sistemas, información bancaria específica o documentos de identidad concretos.
“El nivel de afectación en términos de confidencialidad debe considerarse CRÍTICO”, dice la investigación.