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16 de mayo 2024 - 5:00hs

La Justicia archivó la denuncia por difamación que el exfuncionario de la Intendencia de Canelones, Germán Casaravilla, realizó contra tres jerarcas de la comuna canaria, luego de que la administración lo cesara por ayudar al senador Óscar Andrade a ponerse al día con la deuda de contribución de forma irregular.

Entre los argumentos para pedir el archivo de la denuncia, la fiscal Carmelita Gómez esgrime que “no se configuró” el delito de difamación por el que Casaravilla denunció al entonces intendente canario, Yamandú Orsi, a la directora de Recursos Financieros, Laura Tabárez y al secretario general, Francisco Legnani.

La denuncia de Casaravilla en 2021 se debió a que el funcionario, que ejercía como director de la Agencia Tributaria de Canelones, entendió que la información que dieron los jerarcas sobre su cese y la investigación administrativa contra él por irregularidades en su accionar “lesionaron su imagen” y le provocaron “aflicción moral”.

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Sin embargo, en el escrito, al que accedió El Observador, la fiscal Gómez argumenta que la investigación administrativa se dio por los hechos irregulares en los que Casaravilla incurrió, y no por meras manifestaciones de los jerarcas contra su persona.

Según el relato que se incluye en el expediente, el 3 de agosto de 2021 Casaravilla envió un mail a la Dirección de Ingresos pidiendo que se incluyera en la cartera de cobranza de la Agencia Tributaria el padrón donde se ubica la casa del senador Óscar Andrade, en San Luis, dado que había que realizar un convenio “ese mismo día”.

Dos días antes, un informe del periodista Alejandro Amaral en el programa Santo y Seña daba cuenta de que Andrade había construido la casa en negro, sin haber sido registrada en el BPS, y tenía una deuda de casi $ 100 mil que arrastraba desde 2012 por no haberse puesto al día con la contribución.

El área que tenía a cargo Casaravilla gestionaba deudas a partir de los $ 200 mil, por lo que no correspondía que el caso de Andrade fuera tratado en su dependencia.

Ese mismo día, fue el propio Casaravilla el que gestionó el convenio de Andrade a pagar en 12 cuotas con la suspensión de recargos, por lo que terminó siendo por un total de $ 58.957.

El dictamen recoge lo dicho por la contadora Carolina López, de la Dirección de Ingresos, que en la información recabada de urgencia en aquel momento manifestó que “no se realizó el procedimiento en la forma apropiada”.

El convenio para Andrade fue el único que realizó Casaravilla desde 2016, según la auditoría interna de la intendencia. A su vez, tampoco existía en el sistema una solicitud de Andrade ni en la web, ni de forma presencial, y tampoco se encontraba en el sistema documentada la firma de ese acuerdo.

Casaravilla, por ser el director de la unidad, estaba al tanto de cómo debían hacerse los procedimientos, argumenta la fiscal: “Del análisis de los hechos surge que dicho procedimiento no fue seguido a cabalidad por el denunciante en el caso del padrón del senador Andrade”.

La fiscal relata que la urgencia de Casaravilla lo llevó a ejecutar el convenio él mismo, dado que la funcionaria a la que le pidió que hiciera el trámite se negó a hacerlo al ver que se trataba del senador Óscar Andrade. “No se advierte razón para ello, dado que el contribuyente (Andrade) podía presentarse ante el municipio de su localidad para celebrar de forma presencial el convenio, ya que no contaba con plazo para esto”.

Ante esto, la fiscalía concluye que el convenio realizado por Casaravilla “se apartó del procedimiento habitual” y por tanto, las “irregularidades” mencionadas por los jerarcas en medios de prensa no son “desajustadas” u “ofensivas” y “no se advierte dolo” ni “real malicia” en el accionar de los denunciados.

El otro argumento de la fiscalía para pedir el archivo de la causa señala que el delito de difamación prescribió, debido a que caduca a un año desde que se dan los hechos. Casaravilla decidió radicar la denuncia en la sede judicial, en vez de en Fiscalía, y ese procedimiento extendió el tiempo de los trámites.

El 9 de agosto de 2021, El Observador informó que Yamandú Orsi había cesado a Casaravilla porque entendía que había cometido tres irregularidades: realizar un convenio por fuera de su potestad, iniciar el trámite, y no solicitar ningún tipo de documentación. Si bien el trámite se hizo a través del sistema informático, quedó por fuera de los formularios con los documentos correspondientes.

Casaravilla reconoció la maniobra ante las autoridades de la comuna y dijo que su objetivo había sido intentar colaborar con Andrade para que regularizara la situación. Consultado por El Observador, Casaravilla se había limitado a responder: "Yo cumplí con mi trabajo, creo".

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