Hay un número que debería incomodar a cualquier responsable de política económica en Uruguay: más de US$ 62.000 millones de residentes en el país están depositados e invertidos en el exterior. Para ponerlo en perspectiva: esa cifra equivale aproximadamente al 80% del Producto Interno Bruto del país, y supera holgadamente los US$ 43.600 millones depositados en el sistema bancario local por el sector no financiero. No hablamos de evasión ni de capitales fugados. Hablamos de ahorristas que, con residencia en Uruguay, financian con su dinero la actividad económica de otros países. La pregunta es legítima y urgente: ¿qué nos estamos perdiendo?
A una economía que le falta inversión, que le falta crédito, que carga con un crecimiento persistentemente por debajo de su potencial, no puede resultarle indiferente que su propio ahorro doméstico mire hacia afuera. Y aquí conviene ser precisos: ese ahorro no emigra por desconfianza en las instituciones uruguayas. Uruguay tiene sólidas credenciales institucionales, grado inversor, estabilidad macroeconómica.
Los uruguayos invertimos más dinero en el exterior que lo que los extranjeros invierten en Uruguay, no por riesgo país sino porque el mercado local no ofrece proyectos o empresas donde colocar esos fondos de forma amigable. El diagnóstico indica: carencia de oportunidades de inversión diversificada, un mercado de capitales local fragmentado, poco profundo, con escasa liquidez y una institucionalidad que no ha evolucionado al ritmo de las necesidades del país. Invertir afuera encuentra mayor diversificación, mercados más líquidos, y plataformas accesibles desde el celular. El pequeño ahorrista uruguayo queda muchas veces sin opciones pagando el costo de oportunidad de su capital, parado vegetando en alguna cuenta bancaria.
Frente a este diagnóstico existe una propuesta en las ultimas horas que merece ser discutida seriamente: la apertura parcial del capital de las empresas públicas uruguayas para que coticen en bolsa. No privatización —esa es otra discusión, y no la que aquí se propone— sino capitalización abierta con mantenimiento del control estatal. El Estado conserva la mayoría accionaria, la misión pública, la dirección estratégica. Pero una fracción del capital se abre al mercado: acciones negociables, reguladas, transparentes, accesibles para el ciudadano común que hoy no tiene dónde poner sus ahorros con razonabilidad de retorno y diversificación genuina.
Ute Puntas del tigre
Central de UTE en Punta del Tigre.
Foto: Leonardo Carreño
Ejemplos hay variados. Petrobras es una empresa semipública de propiedad mixta, fundada en 1953, que cotiza simultáneamente en la Bolsa de São Paulo y en el NYSE de Nueva York. El Estado brasileño mantiene el control; los inversores —incluidos jubilados y pequeños ahorristas a través de fondos de pensión— participan de los resultados. La cotización bursátil no debilitó el rol estratégico del Estado; lo disciplinó.
Petrobras publica estados financieros auditados de forma independiente, tiene que justificar sus decisiones de inversión ante el mercado, y su política de dividendos está bajo escrutinio permanente. A escala regional, el modelo chileno ofrece otra referencia: empresas del sector eléctrico y de telecomunicaciones con participación estatal que cotizan en bolsa local e internacional, sometidas a estándares de gobernanza que ningún directorio político podría ignorar.
¿Por qué esto importa para Uruguay más allá del financiamiento? Porque la cotización en bolsa no es solo un mecanismo de captación de capital: es un dispositivo de gobernanza. Una empresa pública que rinde cuentas a accionistas privados —aunque sean minoritarios— tiene incentivos distintos. La transparencia deja de ser una opción y se convierte en una obligación legal.
Eso es exactamente lo que nuestras empresas públicas —con toda su relevancia estratégica y sus innegables aportes al modelo de convivencia uruguayo— necesitan con urgencia: mecanismos de rendición de cuentas que vayan más allá del ciclo político. Directores que respondan no solo al gobierno de turno sino al mercado, que no perdona la opacidad.
Uruguay tiene antecedentes promisorios de que este camino funciona. Las emisiones de Obligaciones Negociables corporativas han encontrado demanda. Los fideicomisos de proyectos de energía renovable —parques eólicos, por ejemplo— demostraron que cuando existe un instrumento bien estructurado, regulado y con retorno razonable, el ahorro local responde. El problema no es la cultura del ahorrista uruguayo; el problema es la escasez de la oferta.
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Ancap explicó en qué consiste la maniobra
Leonardo Carreño
Detrás de las empresas públicas, naturalmente, deberían venir las privadas. Un mercado de capitales que se profundice con la apertura de las estatales genera infraestructura —legal, regulatoria, de formación de precios— que facilita después a empresas medianas y grandes del sector privado recurrir al mercado abierto en busca de capital para apalancar crecimiento, innovación y desarrollo. Es un efecto de arrastre que otros países de la región han aprovechado y que Uruguay ha desperdiciado por inercia institucional.
Con buenos proyectos, estructurados en mercados regulados y más líquidos, los uruguayos podemos financiar por nosotros mismos parte del crecimiento que estamos buscando. Nos sobran son anclas a modelos perimidos.
El ahorro debe convertirse en inversión genuina, productiva, con visión de desarrollo. Mientras los residentes uruguayos sigan financiando con sus dólares las economías de otros países, Uruguay estará subvencionando el crecimiento ajeno con recursos propios. Es tiempo de cambiar esa ecuación. Las empresas públicas, bien diseñadas, pueden ser la llave.
