Alquileres con precios regulados: nueva propuesta revive un proyecto fallido del Frente Amplio
La iniciativa del senador del Frente Amplio Gustavo González busca intervenir en el mercado inmobiliario y evitar aumentos arbitrarios, retomando un debate que ya había surgido en 2016 con un proyecto similar que no prosperó
17 de marzo 2026 - 15:25hs
El senador del Frente Amplio, Gustavo González, anunció que presentará en los próximos días un proyecto de ley ante la bancada de su fuerza política con el objetivo de intervenir en el mercado inmobiliario y regular el costo de los alquileres en Uruguay.
La iniciativa de González propone realizar un "estudio detallado sobre las zonas, si tiene todos los servicios o no", para establecer un índice de regulación, según dijo en el programa Arriba Gente de Canal 10.
El objetivo central es que el precio del alquiler no supere un porcentaje fijo de los ingresos de los trabajadores. Según explicó el legislador, busca "poner un índice para regularlo a los efectos de que los alquileres no sobrepasen, como decía la ley nacional de vivienda, entre el 20 y 25% del salario de quien alquila".
Consultado sobre si los precios actuales están por encima de lo debido, González respondió: "creo que sí". El senador cuestionó duramente el papel de los formadores de precios: "¿Quién pone el precio de los alquileres? Lo pone el mercado. ¿Quién es el mercado? Son ellos. Entonces les quiero regular el mercado, para que no hagan lo que quieran. Y todavía lloran".
Respecto a las posibles quejas de las cámaras empresariales y constructoras, González comparó su situación con la de los sectores más vulnerables: "Si los pobres pudieran venir más a la televisión, a la radio y a los diarios, sería bárbaro, para que lloren igual que lloran los capitalistas".
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Gustavo González, senador del Partido Socialista.
Captura Youtube PIT-CNT
El senador descartó que una regulación de este tipo provoque la salida de inversores del país, argumentando que Uruguay ofrece condiciones de exoneración de impuestos muy ventajosas en comparación con la región. "¿Dónde se van a ir, a Argentina? Tienen 32% de impuestos. ¿A Chile?, 27%. Acá no tienen nada", afirmó, agregando que a las empresas constructoras "les rinde la venta" más que el alquiler.
González también se refirió a las posibles diferencias técnicas que su propuesta pueda generar con el ministro de Economía, Gabriel Oddone. Al respecto, fue enfático en que mantendrá su posición histórica: "A mí no me van a cambiar los principios que con aciertos y errores he defendido durante 50 años de mi vida ningún gobierno. (…) No se preocupen tanto por Oddone. El Estado no va a tener que invertir un peso. ¿En la regulación del mercado de alquileres Oddone qué tiene que ver?”, se preguntó.
Finalmente, concluyó que la regulación es un tema de voluntad legislativa: "Tendremos que levantar la manito los diputados y senadores, o si queremos seguir con este mercado que cobra lo que quiere y como quiere. Son decisiones políticas". El proyecto está siendo elaborado con economistas y abogados, concluyó.
Antecedentes: el proyecto de tope de alquileres de 2016
Por ese entonces distintos economistas criticaron la medida, señalando que fijar un tope por debajo del precio de equilibrio podría generar una distorsión del mercado, provocando exceso de demanda insatisfecha. También se advirtió sobre los efectos negativos sobre la oferta, que podrían perjudicar a propietarios y a la inversión inmobiliaria, afectando incluso la credibilidad económica del país.
Otro riesgo señalado fue el desincentivo a la construcción, ya que los topes y multas para viviendas vacías podrían frenar la construcción de nuevos inmuebles y agravar la falta de oferta. Además, podría surgir un mercado paralelo, con alquileres fuera de las garantías oficiales.
En síntesis, los economistas coincidieron en que, si bien la intención de aliviar la carga de los alquileres sobre los hogares es válida, una regulación estricta de precios sin medidas que aumenten la oferta de viviendas puede generar efectos contrarios a los buscados, como menor disponibilidad de propiedades y menor inversión en la construcción de inmuebles.
