El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, planteó la semana pasada la idea de habilitar mecanismos para que ciudadanos uruguayos puedan invertir sus ahorros en empresas estatales, con el objetivo de generar nuevas fuentes de financiamiento para proyectos de desarrollo tecnológico, expansión empresarial o incluso infraestructura energética.
Pese al revuelo que la propuesta generó en la opinión pública y el sistema político, a prioiri el planteo no introduce un mecanismo nuevo, sino que propone extender un modelo de participación que ya se ha aplicado con éxito en Uruguay desde hace casi una década. No obstante, cabe precisar que lo expresado por el jerarca es una idea preliminar; hasta el momento no se han brindado detalles técnicos concretos sobre cómo se estructurarían estos nuevos instrumentos financieros ni bajo qué marco legal específico operarían.
La iniciativa surge en un contexto en el que, según el dirigente, muchos ahorristas de clase media carecen de instrumentos de inversión confiables. Situaciones como la estafa vinculada a Conexión Ganadera reflejan la existencia de capital de pequeños inversores que busca alternativas de colocación seguras dentro del sistema económico local.
En ese marco, Sánchez propone que los ciudadanos participen como pequeños accionistas en proyectos específicos, sin que esto implique la apertura total del capital ni la privatización de las compañías.
Antecedentes y funcionamiento
Como antecedente, el dirigente mencionó esquemas utilizados durante el gobierno de José Mujica para financiar algunos parques eólicos impulsados por UTE, en los que se estructuraron mecanismos de participación financiera vinculados a la generación de energía. ¿A qué se refería Sánchez?
Un ejemplo de este tipo de esquema es el parque eólico Valentines que opera desde 2017. Funciona a través de la sociedad Areaflin, donde el ahorrista es socio del proyecto. Al comprar una "tajada" de la empresa, el inversor asumió el riesgo y el beneficio del negocio, recibiendo dividendos proporcionales a las utilidades una vez al año.
El costo total del proyecto fue de aproximadamente US$ 171 millones. Su financiamiento se estructuró en torno a un 70% mediante un crédito internacional de largo plazo, mientras que el 30% restante correspondió a aportes de capital.
Dentro de estos aportes de capital, el 20% fue realizado por UTE mediante acciones ordinarias, y el 80% restante se obtuvo a través de la emisión de acciones preferidas de oferta pública en el mercado de valores.
La ganancia depende directamente de factores como el clima; si un año hay menos viento, el reparto de utilidades puede ser menor. Hasta el cierre de 2024, se habían repartido unos US$ 46 millones entre los inversores.
Estas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Montevideo, lo que permite al ahorrista vender su participación a otro inversor si necesita recuperar su dinero antes de que termine el proyecto.
Otros casos, como los parques Pampa (Tacuarembó) y Arias (Flores), funcionan mediante fideicomisos financieros. Bajo esta modalidad, el inversor posee certificados de participación en el fideicomiso. Este fondo recibe el dinero de la venta de energía a UTE y lo distribuye entre los beneficiarios según un contrato específico. Cabe agregar que Pampa y Arias venden energía desde 2017.
Por ejemplo, el 19 de marzo de 2015, unos 6.000 ahorristas minoristas ofertaron US$ 100 millones para adquirir certificados de participación en el parque eólico Pampa, es decir, seis veces más de lo ofrecido.
Según la propuesta de Sánchez, estos instrumentos podrían aplicarse a nuevos proyectos de Antel, como centros de datos orientados a inteligencia artificial o expansión regional para competir fuera del país.
Estas alternativas también podrían repetirse en los nuevos parques solares de UTE, como el proyectado en Baygorria —sería el cuarto que construiría la estatal—, según supo El Observador.
Es importante distinguir estos modelos de acciones o fideicomisos de las obligaciones negociables (ya utilizadas en uno de los parques solares que UTE tiene en construcción). En ese caso, el esquema es distinto: el inversor no es socio ni depende del éxito del parque, sino que actúa como un acreedor que prestó dinero a la empresa eléctrica a cambio de un interés fijo pactado de antemano.
