La iniciativa presentada en el Diálogo Social propone revisar competencias y reasignar prestaciones para mejorar la eficiencia del gasto público
Pago de jubilaciones del BPS
Una propuesta realizada por la Representación Social Empresarial en el Banco de Previsión Social (BPS), plantea la necesidad de revisar y reordenar el rol institucional del organismo, con el objetivo de fortalecer su misión principal y mejorar la eficiencia del gasto público.
La iniciativa parte del análisis de la situación financiera del BPS y propone que aquellas prestaciones de carácter social, sanitario o educativo que hoy administra el organismo sean evaluadas para su eventual reasignación a los ministerios competentes, permitiendo así que cada política pública sea gestionada en el ámbito institucional que le corresponde y bajo el control presupuestal y político adecuado.
El trabajo señala que en 2024 el déficit operativo del organismo fue de US$ 149,7 millones, y que esa cifra “obliga a reflexionar sobre la pertinencia y eficiencia de los gastos del organismo, así como sobre la estructura institucional que sostiene el sistema de seguridad social en Uruguay”, según la propuesta presentada días atrás en la Plataforma de Participación Ciudadana del Diálogo Social.
Otra parte del documento recuerda que la Ley N.º 20.130 introdujo un cambio sustancial en la administración de los recursos, al establecer en su artículo 210 la creación de distintos fondos específicos: previsional, niveles mínimos de protección, otras prestaciones y fondos especiales.
Dentro de ellos, el Fondo de Otras Prestaciones concentra una diversidad de programas, con ingresos que provienen mayoritariamente del IVA (66,9 %), seguidos por las pensiones reparatorias (22,3 %) y la asistencia a la vejez (8,3 %).
En cuanto a los egresos de dicho fondo, se destacan las ayudas extraordinarias, que en 2024 alcanzaron los US$ 86,5 millones y representaron el 33,3 % del total. Le siguen las prestaciones de salud y sociales, con US$ 76,4 millones (29,4 %), y las pensiones especiales reparatorias, que sumaron US$ 60,8 millones. Otros rubros, como el subsidio de asistencia a la vejez, las pensiones graciables o las ayudas por violencia doméstica, completan el panorama.
Según el representante de los empresarios en el Directorio del BPS, José Pereyra, el Banco fue creado en 1967 con el mandato de administrar pensiones y jubilaciones, función que constituía su razón de ser.
En ese sentido, sostiene que con el paso del tiempo su campo de acción se ha expandido hacia áreas que exceden ampliamente ese cometido inicial. “Hoy el organismo atiende prestaciones que abarcan desde apoyos sociales hasta servicios vinculados con la salud y la educación, lo que lo convierte en un actor que trasciende su rol previsional”, afirma.
“Este desbordamiento de funciones implica que el BPS destine recursos provenientes de Rentas Generales a programas que podrían ser gestionados por ministerios especializados”.
Según Pereyra, al asumir “funciones ajenas” se generan dos consecuencias: por un lado, tensiones presupuestales, ya que el Estado debe transferir fondos adicionales al BPS, restando recursos a ministerios que ya tenían esas competencias previstas en su propio presupuesto; y, por otro, duplicación de esfuerzos, porque dos organismos terminan realizando tareas similares, con más burocracia y mayores costos para obtener los mismos resultados.
“Ciertamente, las prestaciones en cuestión responden a necesidades sociales legítimas. Ahora bien, aquí surge una invitación a pensar entre todos: ¿qué pasaría si cada programa encontrara su lugar natural dentro del ministerio que le corresponde? Imaginemos un escenario en el que las políticas de salud fueran defendidas por el Ministerio de Salud Pública, las de apoyo social por el Ministerio de Desarrollo Social y las educativas por el Ministerio de Educación. De esa manera, cada cartera tendría que justificar sus proyectos en el marco del debate presupuestal, con transparencia y bajo el escrutinio político que asegura la rendición de cuentas”, señala Pereyra.
“¿Podría ser parte de la solución reasignar las prestaciones a los ministerios competentes, de modo que se discutan en la órbita presupuestal con el control político que corresponde?”, se pregunta.
Pereyra expresó que, de esta forma, el BPS concentraría sus esfuerzos y recursos en su misión original —pensiones y jubilaciones—, mientras que cada ministerio “defiende y justifica sus programas en el ámbito legislativo”.
Según la propuesta, avanzar hacia un ordenamiento del sistema implica adoptar una lógica de inteligencia institucional que permita asignar con claridad las responsabilidades, fortalecer el rol específico de cada organismo y evitar duplicaciones y tensiones financieras, asegurando que las políticas sociales respondan a necesidades legítimas y se administren con eficiencia, transparencia y bajo el escrutinio que exige la ciudadanía.