Embed - Sentido común por Ignacio Munyo | La readecuación regulatoria necesaria para impulsar el desarrollo
El doctor Bartolo —personaje amargo de El barbero de Sevilla, la célebre ópera de Rossini— encarna al trancador desconfiado y obsesionado con el control. Su papel en la trama es impedir que un matrimonio feliz llegue a concretarse. Para lograrlo, se refugia en excusas que dilatan, siempre con el mismo objetivo: frenar aquello que no puede manejar.
Trasladado del escenario lírico a la vida cotidiana, Bartolo es el retrato del obstaculizador compulsivo, de esos que abundan en los rincones del Estado uruguayo, gracias a las normas vigentes. Ahí radica un problema para el país, porque eso retrasa y frena innecesariamente el desarrollo.
Desde marzo, el gobierno se propuso avanzar en cambios normativos para eliminar redundancias, reducir costos y mejorar la coordinación de la acción estatal. El presidente de la República ha insistido en la relevancia de la desburocratización como eje de esa agenda. Sin embargo, 2025 se fue sin mayores cambios y la apuesta queda ahora planteada para 2026.
Desde CERES acompañamos plenamente esta agenda. Entre marzo y julio desarrollamos un portal abierto al público y, además, contactamos a más de 360 organizaciones del ámbito empresarial, social y público. El proceso derivó en 303 aportes que señalan regulaciones excesivamente complejas, obsoletas o innecesarias, y formulan propuestas concretas de mejora. En julio, la base de datos resultante fue enviada al Ministerio de Economía y Finanzas.
Los principales focos de acumulación de normas criticadas aparecieron en el ámbito del propio Ministerio de Economía, en las Intendencias, en Salud Pública, en Ganadería, Agricultura y Pesca, en Ambiente y en el Banco Central. Ahí es donde Bartolo parece estar más presente.
Los aportes muestran que el marco normativo vigente frena inversiones, reduce la productividad, eleva el costo de vida y dificulta la gestión del propio Estado.
Dos tercios de los aportes recibidos refieren a normas “por las dudas”: regulaciones creadas para evitar riesgos o errores que, en la práctica, derivan en procesos innecesariamente complejos, con una acumulación de controles, verificaciones y aprobaciones. El resultado son aumentos de costos innecesarios para poder producir y creciente insatisfacción con el Estado.
Normas “por las dudas” son las Directrices Forestales Departamentales, que fijan criterios de uso del suelo para la actividad forestal. Muchas quedaron desactualizadas y hoy imponen restricciones más estrictas que la propia normativa nacional del Ministerio de Ambiente. Aun así, el Ministerio aplica el criterio más restrictivo. Como consecuencia se multiplican las dudas entre los inversores y se generan pérdidas asociadas a ciclos productivos que quedan detenidos.
El otro tercio de los aportes se refiere a normas “con nombre y apellido”: regulaciones impulsadas por intereses puntuales que, bajo el argumento del control o la garantía de calidad, buscan proteger posiciones dominantes o rentas preexistentes. El resultado son mayores precios para los consumidores y menor productividad para las empresas.
Una norma “con nombre y apellido” es la obligatoriedad de la intervención de los despachantes de aduana en el comercio exterior, una exigencia que podría eliminarse en determinadas operaciones para reducir costos.
La experiencia reciente de Argentina muestra que, cuando se corrigen ambos tipos de normas, los efectos aparecen rápido y se sienten en la vida cotidiana.
La modificación de regulaciones “por las dudas” en el sistema de importaciones, que limitaba el comercio exterior, trajo una fuerte baja de precios en prendas de vestir y productos de recreación (50% en términos reales). La readecuación de la norma “con nombre y apellido” que fijaba el precio de la yerba mate y restringía la competencia para beneficiar a actores específicos, trajo un sensible aumento la producción (30%) y una fuerte baja en el precio (50% en términos reales).
En solo dos años, el nuevo Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado del gobierno de Milei logró aprobar casi 500 normas de desregulación y readecuar más de 15.000 normas existentes.
Uruguay no está llamado a replicar el modelo argentino, pero sí a encarar con urgencia un plan de desregulación que exige no solo decisión política, sino también un equipo amplio y capacitado para afrontar este enorme desafío.
El tiempo pasa y la sobrecarga regulatoria persiste: opera como un impuesto invisible sobre la inversión, el empleo y los salarios y, al mismo tiempo, levanta una barrera innecesaria entre los servidores públicos y la ciudadanía a la que deben servir.
El barbero de Sevilla termina bien cuando Fígaro logra, con astucia, derribar los obstáculos que impedían la concreción del feliz matrimonio. En Uruguay, el desafío es parecido: sacar a Bartolo del medio y permitir que el país pueda avanzar.
