El Parlamento uruguayo aprobó un proyecto de ley en el que reconoce la existencia de los activos virtuales, da potestades al Banco Central del Uruguay (BCU)para que pueda avanzar en la regulación de las empresas que se dedican a prestar estos servicios y modifica también la normativa del mercado de valores.
El proyecto fue elaborado por el BCU con el propósito de establecer un marco legal para los activos virtuales, aprobado por el directorio del Central en mayo de 2022, posteriormente, fue enviado como anteproyecto de ley al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desde donde fue remitido al Parlamento.
Tras la aprobación parlamentaria, los activos virtuales fueron reconocidos formalmente, el proyecto los equiparó en términos regulatorios a los valores escriturales e incluyó a los proveedores de servicios sobre activos virtuales (PSAV) dentro del ámbito regulatorio del BCU, con lo cual esas empresas serán supervisadas por la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Central.
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Banco Central
Los detalles del proyecto de activos virtuales
Entre las principales novedades, la normativa aprobada establece los siguientes cambios:
- Mercado de valores: el proyecto modifica el artículo 14 de la ley de mercado de valores al incluir a los activos virtuales dentro de la definición de valores escriturales. En ese sentido, además de los valores escriturales de registro centralizado, se introduce el concepto de valores escriturales de registro descentralizados, entendidos como aquellos que son "emitidos, almacenados, transferidos y negociados electrónicamente a través de tecnologías de registro distribuido".
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Proveedores de servicios de activos virtuales: la normativa define que las empresas proveedoras de servicios vinculados con los activos virtuales quedarán supervisados y fiscalizados por la SSF del BCU. Será el regulador el encargado de reglamentar la actividad de las entidades que brinden servicios de compraventa de activos virtuales. Por tanto, los PSAV deberán pedir autorización al BCU para operar.
- Control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: el proyecto de ley también incluyó a los PSAV como sujetos que deberán ser fiscalizados y supervisados por el BCU en términos de controles de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Tras la aprobación del proyecto de ley, el BCU seguirá trabajando en la elaboración de la reglamentación relacionada con los activos virtuales. El regulador anticipó en el documento "Marco Conceptual" del año 2021, que el objetivo es diseñar una normativa que logre garantizar la protección de inversores y consumidores, así como también buscará asegurar el buen funcionamiento de los mercados y mitigar los potenciales riesgos que podría representar el uso de activos virtuales.
