El Frente Amplio rechazó la nueva ley de medios, aprobada este miércoles por la noche en la Cámara de Diputados con votos oficialistas, y dijo que la normativa "genera mayor concentración de la propiedad de los medios" y ataca "la libertad de expresión y de prensa".
"En defensa de Antel, empresa pública de todos los uruguayos y uruguayas, el Frente Amplio rechaza la aprobación de la nueva Ley de Medios en la Cámara de Diputados", expresó el partido opositor en el comienzo de un comunicado publicado en la tarde de este jueves.
Para el Frente, con la nueva normativa "se genera mayor concentración de la propiedad de los medios", se habilita la "extranjerización", se "golpea" a Antel y "se cristaliza la situación actual de privilegios" de los medios al extender "automáticamente por 15 años más la duración de las licencias vigentes".
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Según el partido las modificaciones tuvieron un "tratamiento sin discusión" con "carácter de grave y urgente", sin conocer la redacción a la hora de votar, lo que para la oposición "constituye un antecedente de prácticas parlamentarias graves y peligrosas para la democracia".
La fuerza de izquierda cree que la ley estuvo fundamentada en "un insistente y público reclamo de sectores empresariales ligados a los medios de comunicación" e implica "un retroceso en la democratización del sistema de medios", ya que "elimina todas las instancias institucionales de participación de la sociedad para garantizar la transparencia de las adjudicaciones de licencias" para volver a la "discrecionalidad" del Poder Ejecutivo.
"Al mismo tiempo se elimina la obligación de pagar un canon anual a los grandes medios y de esta manera se desfinancia el Fondo de Promoción de la Producción Audiovisual Nacional", continuó el Frente.
El partido opositor también marcó que la nueva ley "se contrapone con el artículo 229 de la Constitución", que "prohíbe expresamente que se creen cargos públicos en los 12 meses anteriores a las elecciones".
El FA cree que el artículo 72 genera una "censura previa"
El Frente denunció que las modificaciones aprobadas por el oficialismo "atacan la libertad de expresión y de prensa introduciendo un mecanismo de censura previa en el artículo 72", y destacó que decenas de organizaciones sociales se postularon en contra de este punto.
El artículo mencionado, propuesto por Cabildo Abierto, fue una de las polémicas en la discusión de la ley, y distintos legisladores oficialsitas y opositores esperaban que el presidente Luis Lacalle Pou vetara parcialmente el inciso.
El punto 72 marca que "los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos".
Además, indica que esa obligación "comprende a todos los programas y espacios que emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, partidario, jurídico, académico y electoral".
