El Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), uno de los sindicatos mayoritarios dentro de la Policía, advirtió al ministro del Interior, Carlos Negro, que comenzaron a concretarse las primeras bajas de funcionarios que, luego de atravesar una certificación médica prolongada, quedan fuera de la Policía sin acceder a una jubilación. Según dijo a El Observador el presidente del sindicato, Ricardo González, la organización identificó entre 20 y 30 casos en el último mes.
El planteo fue uno de los asuntos centrales de la reunión que una delegación del SUPU mantuvo este martes con Negro, a quien entregó un documento con 11 propuestas vinculadas a la Rendición de Cuentas. La plataforma también incluye la creación de una “ley del herido”, pensada para proteger los ingresos, la atención médica y la reinserción laboral de los policías que resulten lesionados mientras cumplen funciones.
El mismo texto ya había sido entregado a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y a las bancadas del Partido Nacional, el Frente Amplio y la Coalición Republicana.
El problema jubilatorio, explicó González, aparece cuando la Junta Médica determina que un funcionario ya no está apto para la función policial, pero no lo considera totalmente incapacitado para cualquier tarea. Bajo el régimen anterior, esos casos podían derivar en un retiro por incapacidad. Con los cambios que comenzaron a aplicarse para quienes fueron certificados o declarados no aptos después del 1º de agosto de 2023, pasan a cobrar un subsidio transitorio por incapacidad parcial (STIP) durante 18 meses. Una vez agotado, pueden ser dados de baja sin configurar causal jubilatoria.
“Tenemos compañeros con más de 20 años de servicio que antes pasaban a retiro y hoy no se pueden jubilar. Tienen el subsidio de 18 meses y después les dan la baja”, afirmó González. El dirigente aclaró que no se trata únicamente de casos de salud mental, sino de distintas patologías que derivan en certificaciones prolongadas y en una declaración de ineptitud para la tarea policial.
En el documento entregado al ministro, al que accedió El Observador, el sindicato sostiene incluso que hay funcionarios incapacitados y desocupados con más de 30 años de servicio y 50 años de edad. La propuesta apunta a modificar el artículo 10 de la Ley 18.405 para que, si la incapacidad es solo para la función policial, se examine primero la posibilidad de reubicar al trabajador dentro del Ministerio del Interior. El SUPU plantea que esa alternativa sea especialmente considerada cuando el policía tenga más de 15 años de servicio o más de 40 años de edad, y que la baja sea el último recurso, luego de agotar las opciones de reinserción.
El planteo sindical también busca reforzar las Juntas Médicas Policiales. El SUPU afirma que en el interior hay esperas de hasta un año y medio, aun cuando el funcionario cuenta con el alta de su médico tratante. Por eso propone equipos regionales o itinerantes, plazos perentorios para resolver y un mecanismo de impugnación con efecto suspensivo. Las demoras, señala el documento, prolongan certificaciones, impiden volver al trabajo y hacen que el policía pierda partidas y servicios extraordinarios.
A la salida del encuentro, González informó a El Observador que el Ministerio del Interior comunicó que en los próximos días convocará una comisión para trabajar sobre la modificación del régimen. Estaría integrada por representantes ministeriales, organizaciones sindicales y organismos vinculados a la salud y al retiro policial. “Es un tema al que tenemos que meterle bastante y lograr modificarlo”, sostuvo.
Una ley para que ser herido no implique perder ingresos
El segundo foco de la reunión fue la creación de una “ley del herido”. El sindicato pretende establecer un régimen específico para los policías lesionados en acto de servicio que no alcancen las condiciones para un retiro por incapacidad directamente vinculada al servicio, pero que igualmente sufran consecuencias físicas, psicológicas y económicas.
González puso como ejemplo la pérdida de ingresos complementarios. Un policía que habitualmente realiza servicios 222 u otras tareas pagas deja de percibirlos desde el momento en que resulta herido y no puede trabajar. “Estamos pidiendo que durante la recuperación esté contemplado por parte del Ministerio y protegido para que no tenga una pérdida económica por haber cumplido su función”, explicó.
La iniciativa propone mantener el salario íntegro durante la recuperación, otorgar una compensación proporcional al grado de incapacidad y asegurar atención prioritaria en el Hospital Policial, con cobertura de salud física y mental, rehabilitación y seguimiento posterior al trauma. También prevé acompañamiento psicológico para la familia, programas de reinserción en tareas administrativas o de formación y un fondo específico para financiar las prestaciones.
El SUPU entiende que este capítulo requiere una ley independiente y no necesariamente puede incorporarse completo a la Rendición de Cuentas. González dijo que el ministro recibió la propuesta con “buena predisposición” y que el sindicato percibió voluntad de acompañar su discusión.
Cargos, alimentación, transporte y salarios
El documento entregado a Negro contiene otros nueve planteos. Entre ellos, el sindicato reclama una recuperación real del salario policial y penitenciario y la equiparación de la partida por insalubridad que cobran los policías destinados en comisión al Instituto Nacional de Rehabilitación con la de los operadores penitenciarios que cumplen las mismas tareas.
También propone crear 2.000 cargos policiales “reales” durante el período y presupuestar a los policías eventuales, respetando la antigüedad. Según el SUPU, el gobierno ha utilizado vacantes ya existentes para incorporar personal y todavía no concretó la creación de los nuevos cargos comprometidos.
Para quienes trabajan en Policía Rural o cumplen jornadas prolongadas —como regímenes de 48 horas de trabajo por 72 de descanso—, la organización pide una compensación alimentaria no menor a $ 3.000, inicialmente para 400 funcionarios del interior. El ministro, según González, señaló que el tema está en estudio y reconoció que responde a un compromiso de campaña.
Otro reclamo apunta al traslado de policías de Rivera, Artigas, Tacuarembó y otros departamentos que integran los relevos de la Guardia Republicana. El sindicato solicita hasta dos micros de uso permanente y sostiene que algunos funcionarios deben afrontar viajes de más de 15 horas antes de comenzar el servicio.
La plataforma se completa con la protección del grado alcanzado por quienes dejan la Policía y luego reingresan por razones familiares; la reserva de al menos 30% de la inversión tecnológica para capacitación e incentivos del personal; el mantenimiento de los requisitos de jerarquía y experiencia para ocupar una dirección cuya regulación cambia en el proyecto; y la posibilidad de destinar parte de lo obtenido por la venta de inmuebles del Ministerio a soluciones habitacionales para policías.
El SUPU también pidió que el Ministerio monitoree la Jefatura de Policía de Flores por presuntas situaciones de discrecionalidad con funcionarios certificados. González relató que algunos jerarcas habrían concurrido igualmente a trabajar para evitar pérdidas salariales o perjuicios en su carrera y que, en determinados casos, se les habría enviado un móvil a sus domicilios. De acuerdo con el dirigente, Interior informó que ordenó una investigación administrativa y aguarda sus resultados.
El presidente del sindicato calificó la reunión como “positiva” y destacó la apertura del ministro, aunque admitió que varias iniciativas difícilmente queden resueltas en una Rendición de Cuentas de alcance acotado. Algunas, dijo, todavía podrían incorporarse mediante aditivos; otras, como la “ley del herido”, deberán recorrer un camino legislativo propio.
Si bien entre sus planteos está el pedido de aumento salarial, en la reunión el sindicato planteó que, esa será una batalla central a partir de la Rendición de Cuentas de 2027.
