Este jueves 20 se vence el plazo por el cual el fiscal Gilberto Rodríguez se encuentra subrogando la fiscalía de Delitos Económicos de 1er Turno que está vacante desde el 19 de mayo, cuando el fiscal Alejandro Machado pasó a la fiscalía de Cibercrimen que fue creada por la ley de Presupuesto.
El traslado de ese fiscal generó una fuerte polémica y cuestionamientos desde el gobierno y el Frente Amplio a la fiscal de Corte Mónica Ferrero, lo que continuó cuando El Observador informó que Ferrero le había ofrecido al fiscal de Flagrancia Diego Pérez ocupar ese cargo.
El fiscal Pérez había aceptado pero había pedido que el traslado no fuera inmediato para que le diera tiempo a concretar avances en algunas causas en las que ha venido trabajando mucho.
Consultado por El Observador sobre si asumirá en la fiscalía especializada, Pérez dijo este martes que había accedido en un escenario en el que hubiera podido avanzar con algunas causas, lo que "no se pudo cumplir", por lo que de momento continuará en su cargo en la fiscalía de Flagrancia de 5° Turno.
Por su parte, desde Fiscalía de Corte se informó que en las próximas horas la fiscal Ferrero resolverá sobre la situación de esa fiscalía de Delitos Económicos. Actualmente tiene tres fiscalías vacantes.
En el caso de Pérez, tiene a su cargo el caso Cendoya, exdirector frenteamplista de la Ursec, a quien acusó en mayo de 2023 por tres delitos de abuso de funciones. En ese caso el juez de garantias Emilio Baccelli está por dictar el auto de apertura al juicio, con el que le presentará al juez que llevará adelante el juicio los antecedentes del caso y los argumentos del fiscal y la defensa.
También lleva adelante un caso sobre corrupción policial en el que investiga irregularidades cometidas en un allanamiento e incautación de un teléfono celular relacionado con la muerte del secretario general del sindicato policial Fabricio Ríos. Entre los indagados en ese caso figuran el comisario mayor Mauricio Barcellos, quien había sido propuesto en el cargo de director del Centro de Comando Unificado al comienzo del gobierno pero no pudo asumir por este asunto.
A comienzo de año la fiscal de Corte le había adelantado a Pérez que existía la posibilidad de que lo trasladara a una fiscalía especializada, sin aclararle de cuál se trataba. Según dijo Pérez en mayo a El Observador, en aquel momento le respondió que "no tenía mayor interés, que tenía un buen equipo" y estaban "trabajando muy bien”.
Sin embargo, cuando llegó el nuevo ofrecimiento, tras el traslado de Machado, a Pérez le pareció que era un reconocimiento a su trabajo y además atravesaba un momento familiar complicado (estaba al cuidado de su madre) por lo que consideró que la fiscalía especializada podía ser una buena opción ya que ofrece un horario de trabajo más ordenado mientras que la fiscalía de Flagrancia surgen audiencias a las que hay que hacerse presente a cualquier hora del día, sobre todo en la semana que está de turno.
Pérez había sido enviado a comienzos de año por la Fiscalía a El Salvador a capacitarse en la lucha contra la corrupción y en junio, entre el 16 al 25, viajó a Roma (Italia), donde participó del curso de formación en "combate a la delincuencia económica y financiera".
Luego de que se generó la polémica en torno a su posible traslado, Pérez dijo a El Observador que en sus casi 30 años de carrera siempre ha actuado "en la defensa a ultranza de la independencia técnica”. “No permito injerencias en lo que tiene que ver con mi trabajo y para bien o para mal, y con resultados positivos o negativos, lo que resuelvo siempre es producto de mi leal saber y entender”, afirmó.
“Pueden consultarle a cualquiera de los jerarcas que han estado desde el comienzo de mi carrera, en el año 1995, a ver si alguno tuvo algún tipo de interferencia o si hubo alguna conversación sobre los casos que llevaba, cuál fue mi postura. Eso lo sabe Ferrero”, aseguró.
Avances en casos de la fiscalía de Delitos Económicos
El fiscal de Delitos Económicos de 3er Turno, Gilberto Rodríguez, ha estado a cargo de la fiscalía de 1° Turno desde mayo y ha decidido avanzar en algunas causas que están en esa sede trabajando junto a los fiscales adscritos Franco López y Natalia Colotuzzo a quienes se sumó el colega Mathías Tabárez.
Como informó El Observador en el caso Cardama, una de las causas más politizadas, pidió información al Parlamento, se reunió con denunciantes y con la defensa de los denunciados y citó este lunes a los integrantes del estudio jurídico Delpiazzo, que asesoraron al Ministerio de Defensa de la pasada administración en la contratación al astillero gallego y la presentación de las garantías, para encuadrar el caso.
En el caso de la indagatoria por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto de Colonización, Rodríguez pidió al Parlamento los informes con las conclusiones de la comisión investigadora que venía sesionando y le respondieron que seguramente serán enviados a la fiscalía los primeros días de setiembre.
