Admitió que también pesó un motivo familiar (está al cuidado de su madre) y la fiscalía especializada ofrece un horario de trabajo más ordenado mientras que la fiscalía de Flagrancia surgen audiencias a las que hay que hacerse presente a cualquier hora del día.
Además dijo que Ferrero sabe muy bien que en sus casi 30 años de carrera siempre ha actuado "en la defensa a ultranza de la independencia técnica”. “No permito injerencias en lo que tiene que ver con mi trabajo y para bien o para mal, y con resultados positivos o negativos, lo que resuelvo siempre es producto de mi leal saber y entender”, afirmó.
Como ejemplo de esa independencia recordó el caso de Sebastián Marset. Cuando el defensor Santiago Moratorio realizó una serie de sondeos con Ferrero, con el fiscal de Lavado Enrique Rodríguez y con Pérez para que su cliente se entregara en Uruguay y se lo imputara por la amenaza a Ferrero y por el atentado a la Brigada Antidrogas por acuerdo abreviado, Pérez le comunicó que estaba abierto a esa posibilidad. "Le dije que en función de lo que surgiera al respecto y de lo que se aportara por parte del propio involucrado, no nos cerrábamos a esa alternativa”, recordó.
“Ante esa situación que trascendió a la prensa, el entonces presidente de la República, (Luis Lacalle Pou) primeramente dijo que no se transaba con narcos, opinión con la cual se alineó el entonces fiscal de Corte (Juan Gómez). Advertí que esa opinión era una injerencia en nuestra independencia técnica y a través de un programa periodístico (Santo y Seña) sostuve que yo no lo iba a tolerar de ninguna manera, viniera de quien viniera”, reafirmó.
“Pueden consultarle a cualquiera de los jerarcas que han estado desde el comienzo de mi carrera, en el año 1995, a ver si alguno tuvo algún tipo de interferencia o si hubo alguna conversación sobre los casos que llevaba, cuál fue mi postura. Eso lo sabe Ferrero”, aseguró.
Del escrito a Presidencia al pendrive perdido y el caso Cendoya
Pérez ha estado en el centro de varias polémicas y en algunos casos ha tenido enfrentamientos con colegas. Así ocurrió cuando el fiscal Fernando Romano encontró en la impresora de la fiscalía un escrito dirigido a Presidencia como respuesta a un recurso de nulidad y se informó a través del semanario Búsqueda que Pérez estaba informando al prosecretario Rodrigo Ferrés sobre el funcionamiento de la Fiscalía, “sobre los tribunales de concurso y sobre los vínculos de amistad que presuntamente derivan en beneficios y sobre funcionarios cercanos al ex fiscal de Corte Jorge Díaz”.
En ese momento Pérez explicó a El Observador que se trataba de un recurso que antes había presentado a la propia Fiscalía de Corte y como su entonces jefe Jorge Díaz lo rechazó, en mayo de 2021 lo elevó a Presidencia, como indica la ley el superior al ser la Fiscalía un servicio descentralizado. En ese recurso planteaba que el caso de usurpaciones de terrenos en Santa Catalina no le correspondía a él sino a su colega Carlos Negro, actual ministro del Interior. En ese momento dijo que Díaz no había mandado los antecedentes y las novedades policiales adjuntas a Presidencia por lo que él decidió sumarlos.
Pérez decía en el recurso que en virtud de la amistad que Negro tenía con Díaz, el entonces fiscal de Corte le sacó el caso a su amigo y se lo asignó a él. Pérez llegó a obtener las imputaciones de más de 50 personas y si bien no logró probarlo, estaba convencido que detrás de esas usurpaciones estaba un grupo narco de la zona del Cerro, para hacerse del control del acceso al Río de la Plata.
Ahora, al recordar ese caso, Pérez dijo que la versión que se pretendió divulgar de él como "informante" del entonces prosecretario de la Presidencia Rodrigo Ferrés, “evidentemente no se ajusta a lo que realmente ocurrió. El escrito que un colega de forma muy cuestionable tomó de la impresora e hizo trascender... Con el jerarca nunca tuve ningún tipo de contacto, sino que simplemente estaba cumpliendo con lo que marcaba la ley y estaba fundamentando el recurso referente a toda la situación que determinó que se me asignara a mí un caso que no me correspondía”.
Pérez cuestionó que se digan “verdades a medias”, dijo en relación a que se recordó en estos días que pidió la imputación de una persona que atacó al conductor radial Orlando Petinatti, pero no se recordó que también intervino en una denuncia que hizo la cónsul de Palestina “contra una integrante de la colectividad judía, a la que con arreglo de derecho y siempre acorde a nuestro leal saber y entender le pedimos la formalización y fue formalizada por una presunta amenaza y violencia privada”.
Pérez también es recordado por un error que cometió en el caso de Casinos de la Intendencia de Montevideo. La entonces jueza penal Fanny Canessa archivó la denuncia por fraude, concusión (“coima”) y abuso de funciones contra el ex intendente de Montevideo Mariano Arana, la ex secretaria general de la comuna María Julia Muñoz y el ex director de Recursos Financieros Alberto Rosselli, luego de que el fiscal entregó fuera de plazo la apelación. Luego fundó que había perdido un pendrive con información y tuvo que recuperar esa información por lo que lo entregó fuera de plazo.
Al mencionársele ese caso, señaló: “Lo malo está arriba de la mesa. Yo podría, como lo hice en su momento, contestar a las acusaciones y argumentar distintas razones, pero lo cierto es que no tengo nada que esconder, no tengo que recurrir a medias verdades. Lo bueno y lo malo está ahí y evidentemente la doctora Ferrero lo conoce como lo conocía el propio fiscal de corte Díaz que luego me volvió a trasladar a Penal”.
Con esa afirmación hacía referencia a que, como consecuencia de ese error había sido trasladado a la fiscalía de Adolescentes entre 2013 y 2016, pero Díaz lo volvió a designar en Penal. “Yo pedí quedarme en Adolescentes, él entendió que, salvo que pudiera invocar alguna cuestión de salud, él me quería en una fiscalía penal”, recordó.
“Nunca le pedí a un jerarca un traslado, ni pedí que me designara en una fiscalía. Nunca”, reiteró.
También agregó que luego de eso, Díaz lo designó en un "equipo de élite" que creó en 2016, antes de que entrara en vigencia el proceso penal actual, a fines de 2017. Ese equipo, que investigaba homicidos y delitos complejos de la zona 4 que abarca Cerro Norte, Casabó, Santa Catalina entre otros barrios, con fiscales especialmente capacitados o con experiencia, lo integró junto a Negro, Gustavo Zubía, y Brenda Puppo.
Entre los casos políticos y polémicos que tuvo en el período de gobierno pasado figura el de la Ursec por el que pidió la codena por abuso de funciones del entonces director del FA, Nicolás Cendoya. “Se me atribuye que fui promotor de la investigación y claramente no es así. Es más, desde un primer momento dije que no era competente, luego la DPA nos asignó el caso. A poco de avanzar, creo que en julio del 2020, planteamos la posibilidad de reasignar esa causa a una Fiscalía Especializada de Delitos Económicos, como entendemos aún hoy que corresponde, porque entendíamos que había un delito de abuso de funciones pero el propio fiscal Díaz resolvió que nosotros siguiéramos adelante con esa investigación”, afirmó.
Pérez destacó que con la implementación del nuevo código intentó trabajar en investigaciones de contexto. “Hemos intentado hacerlo y en algunos casos hemos tenido buenos resultados”. En ese sentido mencionó investigaciones como las de organizaciones dedicadas al hurto y comercialización o receptación de vehículos, o la que ha destacado el ministro del Interior recientemente, que derivó en la condena de uno de los jefes de la banda de Los Colorados en Cerro Norte, o intervenciones en Villa Española con la organización de los Suarez Barrios. En todas ellas destacó el trabajó con Inteligencia y con Hechos Complejos o con en el área de Ciberdelitos de la Policía.
Sus inicios y otros casos complejos
Mucho más atrás en el tiempo, siendo oriundo de Lavalleja, le tocó ir a la Fiscalía departamental de Minas, como segundo destino, después de Tacuarembó, el primero tras salir del CEJU en 1995. En esa época tanto jueces como fiscales se formaban en la escuela de jueces.
A fines de 1998, el entonces fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez le ofreció hacerse cargo del despacho de la fiscalía de Lavalleja, porque la otra fiscal que estaba había decidido volverse a Montevideo. “A pesar de que no siempre es lo más conveniente ser fiscal de donde se es oriundo y que Lavalleja es un destino bastante complejo, acepté”.
Ahí le tocó ponerse al frente de dos casos emblemáticos: el caso Alfredito y el del exjefe de Policía del departamento José Pose San Martín, imputado por corrupción.
Pérez recordó el caso Alfredito como emblemático que implicaba homicidio y corrupción. Se trtataba de un joven incapaz que fue asesinado por la pareja de la su madre en complicidad con ella. “Cuando llegué había dos personas procesadas y terminamos, después de largos años de investigación, porque era un caso del año 91, nosotros llegamos en el 98, con seis condenados, incluida la madre de la víctima y el padrastro, así como también un abogado por encubrimiento y un expolicía”.
En el de Pose San Martín la investigación descubrió que los materiales que conseguía le donaban para construir una nueva zona en la cárcel departamental, los derivaba a una obra de una casa que se estaba construyendo en el Prado. Además, los obreros de la cárcel eran los que trabajaban a su servicio.
