En el escenario de malas noticias que vienen recibiendo las más de 1.400 familias damnificadas de República Ganadera, se conoció finalmente la liquidación que presentó la síndico Zamira Ayul a la jueza concursal que confirma un panorama negro de recupero de lo invertido.
Mientras el fallo del tribunal de apelaciones civil obligó a la jueza a revertir la liquidación (venta de bienes que quedan) y a realizar la junta de acreedores que había suspendido para que la empresa presente un plan de recuperación de activos con el ganado qué queda, la liquidación de la síndico da cuenta de que quedan 1.000 vacas en el activo cuando según los contratos hubo 65.000 y según la síndico había 19.000 cuando, en marzo de 2025, se realizó un inventario físico que Ayul pidió a escritorio Rural Urchitano. Ese dato reportaba 19.271 cabezas; valuadas en US$ 10.020.920.
Luego, cuando Ayul tomó el control de la empresa como síndico del concurso, vendió 16.065 animales y otros 2.100 en un remate que se hizo en abril.
En el informe señaló que por las 16.065 cabezas se cobraron US$ 10.748.817 y aclaró que el precio promedio de venta fue de US$ 669, un 30% superior a la valoración inicial.
También se vendieron 11.605 cabezas de ovinos por US$ 615.033, cuyo precio promedio estuvo un 20% por debajo de la estimación inicial y 39 caballos por US$ 16.839.
El informe de rendición de cuentas de la sindicatura de República Ganadera S.R.L., con fecha al 31 de marzo de 2026, da cuenta de que la empresa tiene fondos en Scotiabank por US$ 6.669.022, compuesto por US$ 5.369.022 en caja de ahorros y US$ 1.300.000 en un depósito a plazo fijo. Además tiene $459.700 entre la cuenta bancaria y fondos fijos.
También informó que tiene activos por US$ 9.574.901. Ese dinero surge de la tasación de la casa en Carrasco donde funcionaba la empresa, una casa en Artigas, maquinaria, vehículos así como deudas por ventas a cobrar en remates por US$ 1.499.058.
Por otra parte, la síndico informó que de gastos operativos del funcionamiento de la empresa, en sanidad animal se gaston US$ 686.615, bastante más de los US$ 290.335 presupuestados. "Esto se debió al mal estado sanitario de la hacienda al momento de la toma de posesión por la sindicatura", informó.
En tanto en pastoreo y arrendamientos se gastaron US$ 1.052.674 frente a un presupuesto de US$ 2.109.291 por lo que en ese rubro destacó que "se logró un ahorro significativo", y lo adjudicó a la regularización y renegociación de contratos por valores de hectárea menores.
Asimismo se pagaron US$ 532.307 en sueldos a los empleados de la empresa que siguieron trabajando si bien se redujo el número de empleados. Ayul informó que las desvinculaciones se transaron judicialmente por el 60% de la liquidación final.
La movida de los inversores
Frente a esta situación un grupo de Inversores está convocado al resto de inversores damnificados a juntar el 50% + 1 de las firmas para pedir la liquidación de esas 1.106 vacas y que se pueda cobrar lo que ya está en el banco, mientras se avanza en la vía penal para continuar siguiendo la ruta del dinero.
Los damnificados conformaron un grupo de Whatsapp al que se puede sumar el que esté interesado.
La jueza que recibió en estos días la sentencia del tribunal de apelaciones civil que revocó la liquidación deberá fijar una nueva fecha de la junta de acreedores y la empresa deberá presentar una propuesta a los inversores.
El Tribunal de Apelaciones Civil de 7° Turno afirmó que no correspondía a la jueza María Constanza Farfalla "disponer la liquidación de la concursada, cuando la propuesta de convenio ni siquiera pudo ser tratada por la junta de acreedores". El fallo consideró que la decisión de la jueza fue "prematura" y "no conforme al orden normativo".
Con sus argumentos, el tribunal le dio la razón a República Ganadera que argumentó en su apelación que no existía mérito para solicitar la liquidación, sino informar únicamente si estaban o no las mayorías que requiere la ley a la propuesta de reorganización de la empresa. La empresa argumentó que se violaron sus derechos a ser oída previamente.
