Los damnificados de República Ganadera esperaban que en el mes de mayo o junio, a más tardar, se definiera la imputación de los directores de la empresa que se quedó con sus ahorros, Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio.
La fiscalía de Delitos Económicos de 1° Turno, a cargo del fiscal Alejandro Machado, había logrado avanzar sobre las responsabilidades de los indagados. Estaba prevista una reunión para el próximo jueves con abogados de los damnificados -o víctimas en la causa penal- en la que aguardaban definiciones.
La fiscalía se encontraba analizando las conclusiones de un estudio realizado por la Secretaría Antilavado, para definir si a los delitos de estafa y apropiación indebida se sumaba el de lavado de activos.
Pero la noticia del traslado de Machado a la Fiscalía de Cibercrimen, que se creó por la ley de Presupuesto y que hizo pública este jueves La Diaria, generó una desazón generalizada en los damnificados que se manifestaron en los grupos de Whatsapp que comparten.
Según supo El Observador Machado fue el primer fiscal que se postuló para ocupar el nuevo cargo, ya que venía pidiendo desde hace meses ser trasladado de Económicos y se irá junto a su adjunto, el fiscal Leonardo Rosas. Ese hecho también significa un golpe para los damnificados puesto que Machado y Rosas encabezaban la investigación y eran los que informaban a los abogados del estado de la causa.
Además, fuentes de la fiscalía dijeron que ya a partir del martes 19 Machado y Rosas comenzarán a desempeñarse en la nueva fiscalía por lo que República Ganadera quedará en manos del fiscal que subrogue a Machado mientras asuma el fiscal Diego Pérez. Como también informó El Observador, Pérez acordó con la fiscal de Corte Mónica Ferrero no asumir enseguida sino quedarse unos días más en la fiscalía de Flagrancia de 5° Turno, para avanzar en algunas causas que lleva como la de la Ursec, donde está imputado el exdirector del FA Nicolás Cendoya.
Mientras tanto, Machado será subrogado por el fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez aunque los otros dos integrantes del equipo actual de Delitos Económicos de 1° Turno seguirán en esa fiscalía. Ellos son Franco López y Natalia Colotuzzo.
Las vacas son de República Ganadera
La jueza concursal María Constanza Farfalla falló recientemente que los titulares de los contratos no son propietarios del ganado aunque figuren como tales en los documentos del Ministerio de Ganadería sino que las vacas son de República Ganadera (RG) por lo que rechazó sacarlas del concurso para que se pudiera entregar ese dinero a los damnificados de manera adelantada.
Un grupo grande de abogados reclamó en representación de los damnificados “ser propietarios de determinado ganado que se encontraba en posesión de RG, pretendiendo se reconozca su titularidad y por ende se excluya dicho activo biológico de la masa activa del concurso”. Para probar su titularidad presentaron los contratos y las guías de propiedad y tránsito, concesión de uso de marca, información del SNIG y declaraciones juradas ante Dicose, donde figuran sus nombres.
Sin embargo, la jueza dijo que coincide con la síndica Zamira Ayul en que los contratos de “capitalización ganadera” y “administración de ganado”, “encubren operaciones financieras que únicamente determinan la existencia de un crédito a su favor”. Agregó que configuran “en realidad mutuos onerosos o contratos de préstamo”.
La jueza afirmó que “llama la atención que en todos los contratos agregados por los actores incidentales se pacte una renta fija, sin importar el estado y condición del ganado supuestamente adquirido o en capitalización” y que “resulta significativo el desinterés de los inversores de todo aspecto referente a la suerte del activo biológico, atento a que, conforme al programa negocial, la renta a percibirse en cualquier escenario y circunstancia era la estipulada desde un inicio”.
“Tras las apariencias entonces, se esconden en realidad contratos de préstamo encubiertos por contratos de capitalización de ganado y contratos de garantía encubiertos por una compraventa, contrariando el fin económico característico de los negocios aparentes.
Por todo ello concluyó “inequívocamente” que los damnificados que reclamaron “no son propietarios del ganado al que se hace referencia en los contratos respectivos y que fuera incluido en el inventario de la masa activa”.
Esa decisión abarca a los que firmaron contratos de “capitalización ganadera” y contratos de “administración de ganado”, por tratarse de contratos onerosos encubiertos bajo la forma de un contrato de compraventa que encubre una garantía, y de un contrato de “capitalización” que encubre el pago de intereses del dinero prestado.
La jueza dijo que esa información se confirma la "significativa diferencia entre el ganado declarado" por RG al solicitar el concurso voluntario (declararon 65.278 cabezas de ganado) y el conteo presentado por Ayul el 24 de marzo de 2025, que arrojó la existencia de 19.271 cabezas; es decir, el 29.52% del total declarado por la empresa.
“Sin embargo, una vez que la empresa solicitó su propio concurso, los acreedores comenzaron a constatar que en el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), ninguno de ellos tenía la cantidad de cabezas de ganado que contractualmente les correspondía", dijo la jueza y recordó que Jasidakis reconoció que la cantidad de cabezas de ganado que figuraban en el SNIG, no era un número veraz y que coincidiera con la realidad constatable en los campos.
Más malas noticias
Estas “malas noticias” se suman al fallo que se conoció este jueves dictado por el Tribunal de Apelaciones Civil de 7° Turno que revocó la decisión de la jueza concursal que había decretado la liquidación de la empresa. Además, la obligó a realizar la junta de acreedores que había sido obviada y a poner en consideración de los exclientes la propuesta de acuerdo.
La sentencia afirmó que no correspondía a la jueza Farfalla "disponer la liquidación de la concursada, cuando la propuesta de convenio ni siquiera pudo ser tratada por la junta de acreedores". El fallo consideró que la decisión de la jueza fue "prematura" y “no conforme al orden normativo".
Frente a esa decisión los acreedores del concurso intentan obtener una mayoría para que la junta de acreedores, cuando se celebre, defina nuevamente la liquidación de la empresa que permita cuanto antes vender los bienes que quedan. Aseguran que cuanto más tiempo pasa pierden más activos.
Además todavía no se hizo pública la información que entregó Ayul al juzgado sobre la rendición de cuentas del concurso, de acuerdo con la cual sabrán que activo queda, qué se vendió y cuánto se recuperó. Ayul entregó esa información el 30 de abril, luego de obtener una prórroga del juzgado, pero la magistrada no la hizo pública aún, para que los abogados puedan ver el contenido de esa información.
