El gobierno de Yamandú Orsi avanza en la posibilidad de adquirir patrulleros oceánicos (OPV) de la Marina Real británica, tras el ofrecimiento del Reino Unido de tres buques de la primera generación de la clase River que en Torre Ejecutiva siguen con “interés”.
El Ministerio de Defensa encomendará una misión oficial de dos capitanes de navío de la Armada Nacional –uno del Cuerpo General y otro del Cuerpo de Ingenieros de Máquinas y Electricidad– para que viajen en mayo al puerto de Southampton para conocer de primera mano las embarcaciones, según confirmaron desde la cartera a El Observador.
Si bien no se considera una inspección técnica en profundidad, las fuentes explicaron que es un primer acercamiento formal a valorar la recepción de los navíos. Se trata de OPV que operan desde 2003 en la Armada británica –el HMS Tyne, HMS Mersey y HMS Severn– y cuya baja está prevista para antes de 2028 por parte del Ministerio de Defensa del Reino Unido con el fin de renovar la flota y mantener el compromiso de los países de la OTAN de aumentar su inversión en defensa.
Uno de los aspectos a resolver es si el Estado está dispuesto a incorporar OPV sin plataforma para helicópteros, que había sido uno de los requisitos de la Armada para la licitación lanzada durante el gobierno pasado, bajo la premisa de que “amplía el rango de detección mediante el empleo del radar de búsqueda de superficie más allá” del radar del buque, en palabras del excomandante Jorge Wilson. Los patrulleros de la clase River sí tienen espacio para aprovisionamiento vertical, en el que los helicópteros podrían hacer maniobras de abastecimiento, algo ponderado por la actual administración.
El gobierno también debe resolver cuántas de esas patrullas oceánicas está dispuesto a adquirir. En conversaciones reservadas se maneja un precio superior a los US$ 20 millones, alrededor de un tercio de los US$ 60 millones que Orsi estimó que saldría construir de cero una OPV en astillero.
Patrullero de EEUU a otro país
El presidente había dicho en febrero que están “explorando opciones” para tener dos OPV, además de “otras herramientas” como un “ofrecimiento” de Estados Unidos pensando “más para la vigilancia costera” que para el patrullaje oceánico. “Tenemos el ofrecimiento de algún navío que nos puede ayudar no a llegar al punto que llegan las patrulleras, pero sí una solución intermedia. Es un ofrecimiento que hemos tenido de Estados Unidos”, había comunicado Orsi durante la conferencia en que anunció la rescisión definitiva del contrato con Cardama.
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USCGC Dauntless, patrullero de la Guardia Costera de Estados Unidos que había sido ofrecido en donación a Uruguay
Como informó El Observador, la Embajada de Estados Unidos había reflotado en los primeros días de 2026 su ofrecimiento al Ministerio de Defensa para transferir un patrullero de su Guardia Costera como parte del programa de Excedentes de Artículos de Defensa. El gobierno de Orsi, a través de la Cancillería, le confirmó en marzo a Estados Unidos su interés en acceder a esa embarcación de la clase Reliance, para la que Uruguay figuraba como posible destinatario desde 2022 en el marco de la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa de ese país.
Sin embargo, el buque propuesto para la donación, el USCGC Dauntless, acabó por ser transferido a Filipinas, según confirmó el Ministerio de Defensa a El Observador. Desde la cartera remarcaron que para ellos “no es motivo de preocupación”, al tiempo que la recepción del patrullero –dado de baja en junio de 2024– tenía reparos tanto en la Armada como en el Frente Amplio.
En 2022, el excomandante Wilson había incluso descartado la misma oferta por “tratarse de plataformas construidas en última instancia en el año 1968, con al menos 54 años desde su botadura, excediendo ampliamente la antigüedad que la Armada Nacional entiende como aceptable”. Defensa calculaba además que la puesta a punto del patrullero –que por sus características no es idóneo para patrullar en océano abierto más allá de las 100 millas náuticas– saldría entre US$ 8 millones y US$15 millones.
Orsi manifestó al respecto en la noche del miércoles que el ofrecimiento de Estados Unidos “está más lento, porque la oferta está, lo que hay que invertir mucho para poderla levantar". En el gobierno no descartan que en el futuro Uruguay pueda ser adjudicatario de otros buques que EEUU resuelva transferir una vez dados de baja.
Desde la embajada estadounidense habían comunicado a El Observador que aguardaban que el gobierno uruguayo completara los “pasos adicionales de manera oportuna” para ser considerado en la asignación del buque dado de baja.
La adquisición de material militar suele ser un tema sensible para la geopolítica y Uruguay no ha estado exento. En 2022, la embajada norteamericana llegó a plantear al gobierno uruguayo –a través de la comisión de Defensa del Senado– su malestar por la posible compra de dos OPV al astillero China Shipbuilding Trading Co (CSTC). Aquel llamado terminó quedando por el camino y abriendo la puerta a la posterior contratación de la polémica a Cardama.
Un nuevo astillero
En paralelo, el Poder Ejecutivo busca cómo reutilizar la construcción avanzada por Cardama, por la que Uruguay pagó en el entorno de US$ 30 millones en el marco de los hitos establecidos en el contrato.
“Lo construido hasta el momento es propiedad del Estado uruguayo”, expuso el fin de semana el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. “Por lo tanto, el Estado uruguayo tiene que disponer si lo que está construido hasta el momento lo tiene que recibir otro astillero y si se puede continuar con esa construcción, porque también hay dudas con respecto a la posibilidad de que se esté construyendo bien”.
Orsi ratificó este miércoles que buscan un “acuerdo de Estado a Estado” y que están conversando “por lo menos con tres”. Entre ellos se cuentan Naval Group –que tiene al Estado francés como accionista mayoritario– y Navantia –propiedad del Estado español–, aunque bajo la incógnita de si tienen disponibilidad para completar la construcción de una nueva OPV antes de que termine el período de gobierno.
