Las compras de traslados médicos por parte de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a ITHG (hoy UTAM) fue uno de los temas de controversia entre el Frente Amplio y la coalición durante la gestión pasada.
La oposición señaló que la empresa fue beneficiada mediante contrataciones opacas en el marco de un mecanismo ideado para favorecerla, mientras el oficialismo defendió que el nuevo sistema permitió reducir tiempos de espera e incrementar la cantidad de traslados.
Con esas visiones antagónicas arriba de la mesa, a poco de asumir el nuevo directorio de ASSE encabezado por Álvaro Danza ordenó una auditoría sobre los “procesos que determinaron el aumento del gasto en traslados” en el período comprendido entre los años 2022 y 2024.
El trabajo, finalizado en setiembre de este año, detalla que ITHG fue contratada con precios por encima del mercado, que hubo falta de controles de las facturas que emitía la empresa para que le pagaran y que hubo desvíos de hasta 700% sobre la pauta de contratación prevista, de acuerdo al resultado de la auditoría al que tuvo acceso El Observador mediante una solicitud de acceso a la información pública.
Si bien la orden era sobre todos los procesos, el equipo auditor se concentró en el rol de ITHG dado que fue el proveedor que acumuló el 96,5% del gasto dentro del SAME 105 (el servicio de ambulancias). Esta unidad ejecutora representa, a su vez, un 46% del gasto total de traslados durante el período auditado.
En tres años, los pagos a ITHG ascendieron a $1.961.767.695 –unos US$ 50 millones–. En 2022 fueron $564.978.522; en 2023 ascendieron a $570.034.813, y en 2024 escalaron hasta $826.754.360.
El informe señala que hubo “diferentes criterios y errores de imputación” que “imposibilitaron” a la auditoría “determinar con exactitud el gasto de traslados contratados y su evolución”.
Compras observadas y sin control
Los auditores señalan que el 53% de los hallazgos representan un “riesgo muy alto”, mientras que un 31% representan un “riesgo alto” y 16% un “riesgo medio”.
Entre ellos, menciona que el SAME no tiene una “adecuada planificación para la contratación de traslados” y que del análisis de la pauta y la ejecución se desprende que “en el período auditado se superó ampliamente la pauta establecida para los años 2022, 2023 y 2024 en 508%, 697% y 672% respectivamente”.
“En el período auditado no se realizaron contrataciones de traslados enmarcadas en procedimientos competitivos vigentes ajustados a la normativa. Las contrataciones se realizaron por procedimientos de compra directa, sin solicitar tres precios y superando los montos de la misma”, subraya.
A su vez, menciona que en una muestra seleccionada se detectaron “precios por traslados pagados por SAME que superan a los abonados por otras unidades ejecutoras a otros proveedores en traslados de similares características”.
Respecto a este punto, el análisis de la facturación de los servicios contratados, para una muestra de una semana por año, y por concepto de traslados comunes y especializados realizados en zona 3 y con Kilómetros extras muestra que:
De 7 traslados comunes analizados, en 6 de ellos el precio pagado al proveedor contratado por SAME está por encima del precio facturado por otros proveedores a otras unidades ejecutoras en traslados comunes de similares características.
De 15 traslados especializados, en 11 de ellos el precio pagado al proveedor contratado por SAME está por encima del precio facturado por otros proveedores a otras unidades ejecutoras en traslados especializados de similares características.
Para realizar este cálculo, los auditores compararon las distancias entre los orígenes y destinos de lo facturado por la empresa ITHG con los facturados por otros proveedores, a otras unidades por esos mismos trayectos en traslados de similares características.
“El 100% de los gastos correspondientes a traslados fueron observados por parte del Tribunal de Cuentas durante el período auditado ascendiendo a $2.030.583.630”, agrega.
También encuentra que hubo omisiones en la realización de órdenes de compras para contrataciones de traslados, debilidad en el control de la facturación por traslados comunes y especializados, el cual “no verifica si el traslado fue efectivamente realizado”.
En este sentido, se observan pagos por traslados que en el sistema de registro interno constan como cancelados, sin justificación.
También "existen diferencias entre el número de móvil que realizó el traslado de acuerdo a lo que consta en el sistema de registro interno de la UE y el detalle informado por el proveedor, verificándose traslados que de acuerdo a lo relevado fueron realizados con móviles de traslado común, habiéndose facturado y pago como especializados”.
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“Se realizaron pagos por traslados que no se pudo validar que hayan sido realizados por el proveedor, y por traslados que figuran como cancelados sin dejar constancia del motivo de su cancelación”, dice la auditoría.
Otra debilidad es que hubo una sola orden de compras para la muestra de 284 facturas seleccionadas de ITHG, la cual fue realizada con fecha posterior a la factura. Para la totalidad del período auditado se emitieron 4 órdenes de compras. “Todas las constancias de afectación asociadas a las facturas de la muestra seleccionada son posteriores a la fecha de facturación, las mismas se realizaron en promedio 59 días después y hasta un máximo de 268 días”, dice.
También se observan que el 76% de los casos analizados de traslados medicalizados tienen historia clínica física de respaldo; a su vez en el 21% no se visualiza el registro del traslado.
“Se observan deficiencias en los registros de los sistemas de traslados utilizados por la UE en el periodo auditado, que no garantizan la integridad de la información obtenida. Los sistemas permiten ‘cerrar’ los llamados aún existiendo campos vacíos. Se verifican campos claves como número de móvil, proveedor, usuario del sistema, médico solicitante, dirección de destino y referencias de si el paciente fue asistido, los cuales se encuentran vacíos y/o con errores, lo que dificulta el control de los traslados contratados y la generación de reportes confiables para la elaboración de estadísticas”, agrega.
Apoyo a un privado sin pago
Los auditores también encontraron facturas correspondientes a pagos por servicios móviles a un proveedor privado por la cobertura de cinco eventos sociales, de los cuales solo se pudo acceder a la solicitud de cobertura en tres de ellos.
“La UE no proporcionó al equipo auditor el análisis de pertinencia ni aprobación por parte de la dirección de SAME de estas coberturas. Para los dos restantes eventos no se obtuvo constancia del trámite ni de la autorización por parte de la UE, ni de Directorio o Gerencia General de ASSE”, dice.
La gerencia financiera confirmó que no se facturaron por parte de SAME estos servicios a los organizadores solicitantes.
Los costos de cubrir estos cinco eventos ascendieron a $527.313 en el año 2022 y $671.330 en el año 2024.
El futuro
Aunque cuestiona las contrataciones, ASSE ha seguido contratando a ITHG (hoy UTAM) en este período bajo el argumento de que no puede resentir los servicios.
La intención de las nuevas autoridades es realizar una licitación en los próximos meses.
