Después del sorpresivo aumento de contribución inmobiliaria en la zona rural de Montevideo, del que los contribuyentes se enteraron al recibir la factura de la segunda cuota de este 2024, algunos vecinos que producen para autoconsumo se acogieron al subsidio que ofreció la Intendencia de Montevideo. Sin embargo, persisten numerosos casos de personas que no quedaron comprendidas en ninguno de los planes y comenzaron a recibir asesoramiento legal para pedir la nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
La explicación del aumento del que El Observador informó en julio fue que por años no se tomó el valor catastral en su totalidad sino que aplicó el 50% con lo cual la cifra era más baja que en el resto del departamento y ahora se reajustó. Sin embargo, ese dato no coincide con la realidad, puesto que en una misma cuadra hay contribuyentes que siguen pagando cuotas de $5.000 mientras al vecino se le incrementó a cuotas de $50.000, explicó a El Observador el presidente de la Sociedad de Fomento y Defensa Agraria (SFDA) de Rincón del Cerro, Martín Bellenda.
Bellenda afirmó que en estos meses, desde que se conocieron los incrementos, como gremial han tomado varias acciones en pro de conocer la fundamentación de la resolución de la intendencia y de pedir que se deje sin efecto el reajuste. Señaló que en algunos se podría explicar el reaforo porque se han hecho mejoras en los predios, como la construcción de un galpón pero también hay casos en los que se construyó un galpón y ese padrón no registró aumento.
Entre las acciones que la Sociedad de Fomento realizó en estos meses también mantuvo una reunión con el titular de la Dirección Nacional de Catastro. En un comunicado que la gremial envió a los asociados les informó que el director Agustín Alcalde les informó que el organismo no participó en la toma de resolución de la IM y que el jerarca se ofreció a realizar un estudio legal que aún está en proceso.
La gremial también notificó a sus asociados que pueden ponerse en contacto con el asesor legal para que les informe de las acciones que en forma personal pueden tomar, mientras continúan las gestiones realizadas en varios frentes.
Los argumentos jurídicos para recurrir el aumento ante el TCA
Consultado sobre la posibilidad de recurrir el aumento por parte de los contribyentes, el especialista en Derecho Administrativo, Miguel Pezzutti explicó a El Observador que para plantear la nulidad ante el TCA primero tendrán que recurrir administrativamente ante la intendencia el incremento con la factura, que se toma como un "acto administrativo tácito o implícito".
Sobre los plazos que tienen los contribuyentes señaló que actualmente son diez días corridos y cuando entre a regir el nuevo código recientemente aprobado, serán diez días hábiles que empiezan a computarse desde que se les notifica el incremento. En este caso no hubo ninguna notificación porque la IM no comunicó de la resolución ni envió ninguna notificación a los contribuyentes, por lo que se puede interpretar que no se les notificó el acto administrativo. Eso habilita que se pueda recurrir en cualquier momento.
Pezzutti afirmó que a su juicio cuando no hay notificación personal el plazo no empieza a correr. "Es un tema que busca garantizar el acceso a la defensa", explicó.
Si bien aclaró que dependerá de lo que interprete el TCA y suele definirse en cada caso, el jurista entiende que la factura no sustituye la notificación personal. Para explicar las intepretaciones que pueden darse contó que existe jurisprudencia del TCA sobre una resolución del BPS que nunca se notificó ni se publicó en el Diario Oficial y luego de 20 años un contribuyente la recurrió pero como había pagado el tributo en esos años, el TCA entendió que conocía la resolución porque la venía aplicando y no hizo lugar al recurso.
Otras acciones realizadas por la gremial de productores
La Sociedad de Fomento Rural también presentó un expediente ante la Junta Departamental de Montevideo (JDM) en el que solicitó la derogación de la resolución, respaldado con 15 hojas de firmas de apoyo.
Un edil del Frente Amplio dijo a El Observador que solicitaron un informe a Jurídica de la JDM para que se les informe si los ediles tienen competencia para dar ese paso de pedirle a la IM que se deje sin efecto un aumento. El caso sigue a estudio del departamento legal de la junta. "Ante el pedido de los vecinos, apoyado por numerosas firmas, tenemos que actuar y dar una respuesta", afirmó el edil.
Los productores también presentaron un escrito ante la directora del Departamento Financiero, Ximena Muñiz, con la documentación en la cual se detectó el error en el cobro de la contribución que perduró durante 30 años. Si bien están a la espera de esa respuesta no hay esperanzas de que exista una marcha atrás.
La respuesta de la Intendencia de Montevideo
Ante la consulta de El Observador a la IM, a través del área de comunicación se informó que por ahora no se han recibido recursos de privados y que la comuna ya hizo las modificaciones que entendía pertinentes "y se establecieron beneficios que son públicos".
En ese momento la IM informó que eran 3.800 los padrones que recibieron un incremento de los 8.330 padrones rurales de Montevideo, mientras que 1.280 están exonerados del pago, 1.200 padrones no sufrieron modificaciones y 2.050 tuvieron una rebaja en el valor del impuesto.
También se comunicó que no se cobraría las retroactividades anteriores a enero de 2024, "siempre que tengan su causa en la adecuación de la emisión de dicho tributo a la Ley Nacional", que el pago de los nuevos valores se implementará de forma gradual en cuotas y que el pago de la segunda cuota se extendería hasta el mes de noviembre por lo que la factura de julio, pasará a vencer en noviembre.
De ahí que ahora, ante le vencimiento cercano de las facturas, surjan las consultas legales sobre como proceder.
