En la zona de Montevideo rural desde hace años se aplican los valores de catastro con un criterio especial. La intendencia no tomaba el valor catastral en su totalidad sino que aplicaba el 50% con lo cual la cifra era más baja que en el resto del departamento.
Esa situación se mantuvo por años en el entendido de que muchos de esos contribuyentes son pequeños productores o exproductores que ya no trabajan la tierra y siguieron viviendo allí con una magra jubilación o pensión, pero cambió repentinamente por una resolución de mayo de este año.
Según reconstruyó El Observador con varias fuentes al tanto del tema, el criterio era manejado por la Unidad de Montevideo Rural que estaba a cargo de la ingeniera agrónoma Isabel Andreoni pero hace unos meses la funcionaria se jubiló, y las autoridades que quedaron a cargo decidieron aplicar la norma a rajatabla y ajustar el valor sin previo aviso en una resolución que fijó el ajuste a partir de enero de este año.
Ante los reclamos de los contribuyentes de Montevideo rural hay conversaciones por lo bajo entre ediles oficialistas y la intendencia y se espera que se encuentre una respuesta al tema antes de la próxima sesión de la Junta Departamental, prevista para el jueves, ya que desde el FA creen que los ediles opositores del Partido Nacional plantearán el asunto.
Efectivamente, el edil Javier Barrios Bove confirmó a El Observador que cuestionará "el afán recaudador de la intendencia" en la junta. Agregó que hay un tema político en el trasfondo del asunto porque mientras el tema estuvo bajo la gestión de Andreoni respondía al MPP se hizo un tratamiento pero cuando se jubiló esa repartición quedó bajo el mando de representantes del Partido Socialista que aconsejaron cambiar el criterio aplicado.
Incrementos exorbitantes: 1.000% de aumento
El Observador accedió a varios recibos en los que se constató el aumento. En uno de ellos, la suba llega a ser de 1.000% y en otro de 500%.
En el que percibió el mayor aumento, pagó en la primera cuota que venció en abril por el valor imponible de su padrón de 282.687, pagó $5.034 pero en la factura que recibió ahora con vencimiento el 31 de julio, el valor imponible trepó a 3.280.278 por lo que deberá pagar $44.839.
En otro de los casos el contribuyente concurrió a la IM para conocer el motivo del ajuste que le llegó sin previo aviso. Luego de pasear por varias oficinas lo derivaron a la Dirección de Catastro para que ahí le explicaran los motivos del ajuste.
En el recibo de la IM figura que en abril, cuando pagó la primera cuota, el valor imponible de su padrón era de 548.746, por lo que pagó $2.437 de contribución, pero a partir de julio el valor imponible pasó a ser de 3.589.466 por lo que deberá pagar $15.538 antes que termine el mes. Eso implica un aumento de 537%.
Además, el vecino –que prefirió el anonimato– explicó que, según le informaron en una de las oficinas de la IM, cuando pague la tercera cuota (en noviembre) le sumarán el reajuste de la primera, que vino sin el aumento fijado en mayo, por lo que deberá abonar otros $13.101 y ese último pago ascendería en total a $28.639. En total pagará por el año 2024 $46.614.
Otro caso es el de una persona que el año pasado estuvo exonerada pero este año debió pagar por no presentar la declaración jurada. En la primera cuota, pagó $ 2.437 pero el nuevo valor imponible duplicó el monto y pasó a ser de $6.400. Esta segunda cuota vence el 31 de julio. En la tercera cuota, a pagar en noviembre, deberá pagar el incremento más el reajuste de enero, por lo que abonará $10.368. Por todo el año 2024 pagará $19.200
Los fundamentos del aumento de la contribución rural
El departamento de Recursos Financieros dictó el 24 de mayo la resolución 144/20/2000 que estableció la necesidad de "corregir la emisión del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Rural de acuerdo con los valores fijados por Catastro".
La resolución que se enmarca en el decreto departamental que le asigna la competencia para la categorización del suelo, determinó que "desde 2016 se emite el tributo tomando como base de cálculo el valor real establecido por la Dirección Nacional de Catastro" pero existen diferencias entre ese valor y "aquellos que ya estaban categorizados como suelo rural con anterioridad". Se subrayó que estos últimos "se encuentran tributando sobre un valor imponible que no es el valor real del inmueble establecido por la Dirección Nacional de Catastro".
Al fundamentar la decisión, la resolución que lleva la firma de Ximena Muniz, directora general de Recursos Financieros, sostuvo que se resolvió "la adecuación de la emisión de renunciar al cobro de las retroactividades que surjan por concepto de Impuesto de Contribución Inmobiliaria Rural (ICIR) por períodos anteriores al 1 de enero de 2024 siempre que tengan su causa en la adecuación que efectuará la Intendencia de Montevideo con vigencia 1 de enero de 2024 de la emisión de dicho impuesto".
El edil Barrios Bove cuestionó que se alegue que se renuncia a cobrar lo retroactividad como si eso fuera un beneficio, cuando se está aumentando el valor del impuesto.
Según relataron otras fuentes, la noticia causó sorpresa en quienes participan en la Mesa de Desarrollo Rural ya que las propias autoridades de la IM que participan de ese ámbito en diálogo con los productores no estaban al tanto sino que se enteraron la semana pasada cuando empezaron a surgir reclamos de los contribuyentes. Ante consultas de El Observador las respuestas de distintos jerarcas de la IM fue que hacía tiempo no se ajustaba y correspondía hacerlo.
Juan Carlos Plachot, alcalde del Municipio A, una de las zonas afectadas, dijo que estaba al tanto de los aumentos por comentarios de vecinos pero que era un tema que correspondía a la comuna.
También llegaron los reclamos a la Sociedad de Fomento y Defensa Agraria que se mostró sorprendida ya que en los ámbitos de conversaciones que mantiene con la intendencia no se había comunicado el ajuste previamente. El presidente de la sociedad Martín Bellenda dijo a El Observador que recibieron muchísimas consultas de contribuyentes del oeste y las trasladaron a la mesa. El incremento “dejó desfasada a muchísima gente”, dijo Bellenda quién señaló que esperan que la IM analice la consulta. Si no hay cambios, definirán qué acciones tomar.
Consultado sobre el tema el edil Marcos Presa (MPP), integrante del Concejo Agropecuario Departamental y de la Mesa de Desarrollo Rural de Montevideo, dijo estar al tanto de la situación tras recibir las inquietudes de los vecinos y que se está en conversaciones con la intendencia.
De acuerdo con datos del censo de 2011 (aun no se conocen los números del último censo) había en Montevideo rural unos 630 productores. De ellos gran parte exonera la contribución rural haciendo un trámite ante la intendencia y presentando una declaración jurada ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) si se cumple con determinados requisitos estipulados por la Comisión Nacional de Estudio Agronómico de la Tierra (Coneat) que define las normas técnicas para fijar la capacidad productiva de cada inmueble rural a través de un índice de Productividad. También pueden exonerar quienes demuestran que producen para consumo propio pero no quienes viven en la propiedad sin explotarla o quienes tienen explotaciones grandes.
