Ante el vencimiento de las medidas cautelares sobre el extitular de Grupo Bursátil Uruguayo SA (GBU), contador Álvaro Correa, la fiscalía había pedido una audiencia que se realizó este lunes para prorrogar las medidas mientras avanza la investigación penal sobre el destino del dinero que manejaba de María Luisa Gianoli, una mujer que había sido declara incapaz judicialmente y murió a los 80 años dejando un patrimonio de casi US$ 90 millones y cuyas finanzas habian sido manejadas, en parte, por GBU.
Según dijeron a El Observador fuentes del caso, la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera dispuso prórroga de las medidas vigentes hasta el 22 de diciembre, que son la retención del pasaporte para prohibirle salir del país, además de que no puede modificar el domicilio y seguirá a disposición judicial. También se mantiene un embargo genérico para Correa por US$ 30 millones.
Actualmente está trabajando un equipo multidisciplinario que conformó el fiscal de Delitos Económicos de 3er Turno Gilberto Rodríguez, integrado por varios organismos estateles, al que se sumó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), dado que se aportó datos sobre campos que eran propiedad de una sociedad que realizó inversiones forestales realizadas por GBU.
Denunciantes piden imputaciones de otros indagados
Una de las ramas de la familia Gianoli, los sobrinos Gatica Gianoli, que son denunciantes y víctimas en el caso, solicitaron a la fiscalía que se tomen medidas severas contra Correa y los demás indagados, debido al riesgo de fuga o de entorpecimiento, por su presunta participación en el desvío y desaparición de entre US$ 34 y US$ 40 millones.
De acuerdo con un escrito presentado a la causa judicial, al que accedió El Observador, señalaron que existe prueba "irrefutable" de delitos financieros y patrimoniales también sobre Gonzalo Correa (hijo de Álvaro Correa), Marco Manfrini (yerno de Álvaro Correa), el excurador de Gianoli, el abogado José Luis Zabaleta Porras y la exasesora judicial, la contadora María del Luján Cafasso. Además incluyeron a Julio Kac Sturza y Cristina Lestido Reyes de Kac.
Los denunciantes pidieron que todos los indagados sean enviados a prisión mientras continúa el proceso y argumentaron que cuentan con medios económicos (que eran de la propia víctima) para sustraerse de la justicia.
Solicitaron también que se bloqueen las cuentas y activos bancarios de cualquier índole que tengan.
A juicio de los familiares la gravedad de la maniobra permite calificar a la conducta delictiva como la de una "banda" actuando en conjunto para vaciar el patrimonio de la incapaz.
Apuntaron a que el contador Álvaro Correa, se le señala por ejecutar las instrucciones para realizar "inversiones de riesgo" sin garantías a 20 años de plazo, sabiendo que la víctima tenía 85 años.
Respecto a Gonzalo Correa, se le acusa de ejecutar movimientos de fondos por al menos US$ 21.15 millones hacia cuentas personales y de terceros.
Respecto a Marco Manfrini, se le señala como quien estructuró la instrumentación para la desaparición de los US$ 34 millones
En tanto, afirman que Zabaleta y Cafasso desempeñaron un papel fundamental como facilitadores y ejecutores legales de la maniobra para vaciar el patrimonio de la persona incapaz.
El escrito afirma que en su calidad de auxiliares de la justicia, se atribuyeron el dominio y la disposición de los bienes de la incapaz. Sin contar con autorización judicial, se auto-designaron como directores de las sociedades comerciales propiedad de la víctima, convocando a asambleas de socios donde ellos mismos comparecieron como accionistas para tomar el control de las empresas.
Los denunciantes afirmaron que Zabaleta y Caffaso admitieron ante la Fiscalía haber dado la instrucción formal y escrita a Correa para realizar los actos que dieron inicio a la desaparición de parte del patrimonio. Específicamente, el 6 de mayo de 2022, otorgaron con su firma la disposición de US$ 34 millones en instrumentos financieros a favor de Correa, a quién le otorgaron además un mandato expreso para operar con "absoluta libertad", contraviniendo las normas de protección de la curatela.
Apuntaron al absurdo de declarar que consideraban "beneficioso" realizar una inversión de riesgo en un producto desconocido y sin garantías para una mujer de 85 años, ya que esa inversión tenía un plazo de recuperación de 20 años, momento en el cual la víctima tendría 105 años.
El documento denuncia que ambos cobraban US$ 10.000 mensuales cada uno en forma "clandestina". Estos pagos se extraían directamente de las cuentas de la incapaz sin informar al juzgado.
Por otra parte mencionaron los familiares que intentaron obtener autorización judicial para vender las acciones de Molynet S.A., presentando informes elaborados por ellos mismos y por los otros indagados (Kac y Correa) para justificar la conveniencia de la venta. Este pedido fue finalmente denegado por el juez tras la oposición de la familia.
En resumen, el abogado sostiene que Zabaleta y Cafasso no solo omitieron su deber de custodia, sino que actuaron activamente para permitir que Correa dispusiera del patrimonio, beneficiándose económicamente en el proceso.
Asimismo, las fuentes señalaron que la defensa de Zabaleta y Cafasso pidió a la fiscalía que la indagatoria sobre ambos sea archivada, lo que fuera desestimado por el fiscal Rodríguez, que decidió que investigará todas las actuaciones y responsabilidades de la causa.
