Caso de la mujer declarada incapaz y los US$ 40 millones desaparecidos: justicia tomó medidas sobre el extitular de GBU
Este viernes se celebró una audiencia en Crimen Organizado en la que se le impuso al contador Álvaro Correa la prohibición de salir del país y se trabó embargo genérico
Luego de que en diciembre se reactivara el caso que tiene como principal indagado al titular de Grupo Bursátil Uruguayo SA (GBU), contador Álvaro Correa, este viernes se realizó una audiencia en la que la Justicia decretó medidas cautalares con el objetivo de preservar la investigación penal sobre el destino del dinero que manejaba de María Luisa Gianoli, una mujer que había sido declara incapaz judicialmente y murió a los 80 años dejando un patrimonio de casi US$ 90 millones y cuyas finanzas habian sido manejadas, en parte, en GBU.
A pedido del fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez, la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera dispuso medidas limitativas de la libertad, que están previstas en el Código del Proceso Penal con el fin de evitar que los indagados se sustraigan a la investigación, por lo que se le retiró el pasaporte y se le prohibió salir del país, además de que debió fijar domicilio y estar a disposición de la Justicia.
Además, la jueza hizo lugar al reclamo de trabar embargo genérico para Correa por US$ 30 millones. Y si bien se había pedido que se le impusieran medidas de no innovar sobre bienes inmuebles y automotores, Correa se comprometió a hacerlo puesto que aún no están identificados bienes concretos.
Correa estuvo en la audiencia, que se declaró reservada, acompañado por su abogado Julio Lens.
En la audiencia, el fiscal alegó como fundamento para solicitar las medidas la información que fue proporcionada por el Banco Central en el que dio cuenta de la realización de las maniobras realizadas por Correa con el patrimonio de Gianoli.
El reclamo de medidas y el caso
Esas medidas cautelares habían sido solicitadas por el abogado Juan Fagúndez, uno de los representantes legales de una de las estirpes Gianoli, en nombre de sobrinos de María Luisa Gianoli, cuya herencia reclaman y presuntamente fue dilapidada en dudosas inversiones realizadas por Correa.
Los sobrinos de Gianoli descubrieron en 2024 las manionbras y denunciaron los hechos. También lo hizo el juez civil donde se tramitaba la herencia de Gianoli y el Banco Central que intervino GBU por irregularidades.
Los abogados habían señalado que era imprescindible tomar medidas de seguridad personales y patrimoniales, respecto de los indagados en el caso que son además de Correa, su hijo Gonzalo Correa, el excurador de la mujer José Luis Zabaleta, la contadora Lujan Cafasso, entre otros señalados.
Luego de que se descubriera la maniobra, el juez civil Daniel Erseguer sostuvo en una resolución que la inversión realizada por Correa y de la que Zabaleta era responsable como curador de Gianoli, contravenía la exigencia de la previa autorización del juzgado. Esa inversión del producido de la venta de los Bonos Uruguay 2024 fue por un valor original de US$ 31.829.328 y por ella "Gorriti SA (la sociedad de la que Gianoli era titular) había pasado a ser acreedora de una inversión incierta en un fondo forestal sujeto a todo tipo de contingencias y cuyos titulares y administradores se desconocía".
Álvaro Correa - Grupo Bursátil Uruguayo (GBU
El contador Álvaro Correa (GBU) junto a su abogado Julio Lens
Dante Fernández/ FocoUy
Correa declaró en su momento que la decisión de invertir había sido de Zabaleta como apoderado de las cuentas y presidente de Gorriti y de la contadora Cafasso como secretaria, por lo que adquirieron certificados de participación de un fideicomiso listado en la Bolsa de Viena. El agente de pago fue un banco suizo.
Zabaleta a su vez declaró que la decisión la tomó Correa como asesor de inversiones aunque admitió que él no solicitó autorización al juzgado, pero justificó que actuó no como curador sino como parte del directorio de Gorriti legítimamente habilitado para ello. Tanto él como Cafasso afirmaron que luego de las pérdidas que habían tenido en el año 2022, consultaron a Correa y decidieron adquirir acciones en Forestal International en un negocio a 20 años.
El juez civil dio cuenta a la fiscalía de los hechos en el entendido de que era "inadmisible y reprochable" que el curador incumpliera las obligaciones y la responsabilidad que le impone el cargo. Además informó que no hay información del destino de los US$ 33 millones pese a que se había intimado "por lo que se debió recurrir al BCU como entidad especializada en la supervisión de corredores y agentes de Bolsa".
El dinero había ingresado a cuentas de GBU en abril de 2018, luego de la venta de Banmédica (clinicas en Chile y Ecuador) a un grupo estadounidense.
La familia descubrió también de la existencia de otros US$ 7 millones de Gianoli que estaban en cuentas de GBU cuyo destino desconocen.
