La investigación penal sobre Grupo Bursátil Uruguayo (GBU) que rastrea el destino de US$ 40 millones del patrimonio de María Luisa Gianoli, una mujer sin hijos que había sido declarada incapaz judicialmente y cuyos familiares reclaman su herencia, se reactivó en los últimos días después de varios meses paralizada.
Gran parte del dinero que se esfumó, US$ 33 millones de los US$ 40, ingresó a cuentas de GBU en abril de 2018, luego de la venta de Banmédica (clinicas en Chile y Ecuador) a un grupo estadounidense. Desde ese momento Correa, con la ayuda de otras personas, realizó una compleja maniobra delictiva, de la que los herederos de Gianoli se percataron en el expediente judicial.
El principal indagado de la causa es el extitular de GBU, Álvaro Correa, junto al curador judicial de Gianoli, el abgado José Luis Zabaleta, y la contadora Belén Cafasso, asesora. Sin embargo, de la investigación surge que también hay otras personas de GBU implicadas, según informes del Banco Central, en las maniobras como el hijo de Correa y la accionista de GBU Cristina Lestido.
Según supo El Observador, la semana pasada declararon Zabaleta y Cafasso, quien siguieron en la línea de responsabilizar por todo a Correa como lo habían hecho en un escrito presentado por sus abogados Leonardo Guzmán y Martín Pérez Banchero, aunque admitieron omisión en su conducta.
En el caso de Zabaleta reconoció que suscribió la orden de transferencia y compra de valores por US$ 33 millones. Admitió que no desempeñó correctamente su cargo de curador judicial de Gianoli ya que no pidió venia judicial para realizar el negocio sino que confió en Correa y en que a los 15 o 18 años significaría un importante incremento patrimonial, pese a que su curatelada tenía más de 80 años.
El curador tampoco consultó ni obtuvo asesoramiento ajeno a Correa para esa inversión, ni solicitó ningún informe escrito técnico financiero, o forestal, ni solicitó una garantía de Correa por los US$ 33 millones.
Zabaleta dijo que no tiene documentación ninguna respecto de la inversión ni visitó el predio rural. Aseguró que simplemente firmó la documentación que Correa le proporcionaba en fecha distinta a la que figura en los documentos y órdenes respecto de los fondos y valores de las cuentas que su curatelada en forma directa o indirecta era titular en GBU.
Informó que por ese trabajo cobró US$ 10.000 mensuales y otros US$ 6.000 la contadora Cafasso, honorarios que fijó él mismo, sin haber obtenido autorización del juez de familia de la curatela y sin haberle informado. Tampoco le informó al juez de que las inversiones realizadas por GBU habían pasado de perfil conservador a moderado y luego a agresivo.
Luego de Zabaleta declaró Cafasso. Las fuentes informaron que en su testimonio contó que Correa no le presentó ni le requirió ningún documento jurídico ni contable previo, inicial o posterior respecto de la supuesta inversión y proyecto forestal, ordenando disponer de los US$ 33 millones de la incapaz. Al igual que Zabaleta tampoco ella tuvo conocimiento concreto ni visitó ningún bien rural donde el mismo se realizaría o se estaría desarrollando. Declaró que se dedicaba a confeccionar los aspectos económicos de las rendiciones de cuentas, para que luego fueran presentados en el expediente judicial.
Revelaciones del Banco Central de la maniobra económica
La investigación que realizó el Banco Central comprobó que los US$ 33 millones fueron transferidos a terceros y que aún no se ha podido identificar su paradero.
La transferencia de los fondos a terceros fue realizada el 6 de mayo de 2020 según orden escrita y firmada por Zabaleta y Cafasso, en representación Gorriti S.A., que era la sociedad de Gianoli.
La orden de transferencia autorizada por Correa tenía por objeto la compra y traspaso de valores en dos partidas, US$ 11,5 millones de certificado emitidos por PKT Tracker en Portfolio Forestal Uruguay y US$ 21.500.000 de traspaso de distintos valores para la integración de proyecto forestal a favor de Forestal 1 Internacional.
Otro dato que surgió de la investigación fue que las acciones de Portfolio Forestal S.A. (antes Trendas S.A.) están registradas a nombre de Forestal 1 International Limited con domicilio en calle Treinta y Tres 1271 de Montevideo y se excluye de la declaración la identificación del beneficiario final ante el BCU, invocándose una excepción que no existe y por tanto en contravención del sistema.
El BCU constató que los estados de cuenta de Gorriti S.A. no reflejaban la verdadera situación de las inversiones realizadas para este cliente ya que incluían instrumentos financieros que no habían sido comprados para Gorriti S.A. sino para otros clientes, incluían instrumentos que no habían sido adquiridos para ningún cliente de GBU así como instrumentos que a la fecha de emisión del estado de cuenta estaban vencidos, o sea que no existían.
Asimismo del análisis de la cuenta de Gorriti SA surge que desde febrero de 2019 en adelante, al vencer los bonos globales uruguayos, se “registraba” como ingreso a la cuenta unas supuestas notas del tesoro americano (emitidas por el Gobierno de Estados Unidos de América), pero que, en realidad, eran unos productos estructurados suizos de bajo valor efectivo (de mercado), con vencimientos en los años 2023 y 2024, que en realidad habían sido adquiridos para otro cliente.
Por otra parte, con el producido de la venta de los bonos globales, en junio de 2019 efectivamente se compraron notas del Tesoro de Estados Unidos de América (denominados “treasuries”), con plazos para su vencimiento muy cortos, pero esas notas nunca aparecieron en el estado de cuenta de Gorriti S.A.
Del análisis de esos “treasuries”, se pudo verificar que al vencimiento de esos instrumentos, por un total de U$S 21.150.000, fueron distribuidos en varias cuentas, a nombre del propio Correa y de la accionista de GBU María Luisa Reyes, quien falleció y en su lugar como accionista actualmente lo ocupa su hija Cristina Lestido, por unos casi U$S 3 millones, a Correa otros U$S 329 mil, y a más de 100 cuentas distintas.
Entre ellas se identifican cinco cuentas por montos de U$S 5 millones, U$S 1,1, U$S 1,5, U$S 813.000 y U$S 478.808. Se constató que gran parte de estos movimientos fueron realizados por Gonzalo Correa, hijo de Álvaro Correa.
